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   Mientras el Gobierno y las autoridades locales negocian con los representantes de los mineros, en la zona se presentan violentos desmanes y parálisis vial.
Mientras el Gobierno y las autoridades locales negocian con los representantes de los mineros, en la zona se presentan violentos desmanes y parálisis vial.

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SEMANA revela audios, chats y pruebas que demuestran que el Clan del Golfo sí está detrás del paro minero en Antioquia

SEMANA revela audios, chats y pruebas que comprometen a este poderoso grupo criminal detrás del violento paro que se vive en Antioquia.

11 de marzo de 2023

Si no hay minería hay paro, si no hay paro hay plomo. Esta parece ser la premisa en medio de las violentas protestas que se vienen dando en la región del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia. Pero lo que más preocupa es la certeza de que detrás de los hechos más violentos está la poderosa organización criminal del Clan del Golfo, dueña de gran parte de los negocios de minería ilegal en la zona, pero pocos se atreven a decirlo en voz alta.

SEMANA revela audios, chats, seguimientos e información que dejan al descubierto que en el paro minero, en el que algunos de ellos están realmente afectados, se ha infiltrado el poderoso Clan del Golfo, financiando desmanes y dando órdenes para sumarse a las protestas, de lo contrario, habría retaliaciones contra los habitantes de la zona, con la advertencia de que los tienen vigilados.

“Usted colabora y nosotros le colaboramos, pero si no quiere, gran hijueputa, allá mismo adentro en el parqueadero se lo quemamos”, en ese tono llegan las “invitaciones” a bloquear las vías. En este caso, la amenaza es contra un grupo de camioneros, y aunque ellos responden que “usted debe entender que los carros no son de nosotros, son de los dueños”, la advertencia es contundente.

  En chats que circulan en la zona, son claras las advertencias: o se unen al paro o se atienen a las consecuencias. Sorprende la solicitud de derogación del decreto que ordena la destrucción de maquinaria amarilla para explotar oro.
En chats que circulan en la zona, son claras las advertencias: o se unen al paro o se atienen a las consecuencias. Sorprende la solicitud de derogación del decreto que ordena la destrucción de maquinaria amarilla para explotar oro.

“Pónganse de acuerdo, muchachos, porque nosotros llegamos pacíficamente, pero los otros no van a llegar pacíficamente. Llamen a sus patrones porque vea, yo soy el dueño de un carro de esos, y si usted me llama y me dice que si no saco el carro a bloquear me lo queman, ustedes qué creen que les van a decir sus patrones. Sáquenlo”, se escucha en un audio.Para las autoridades es claro que el Clan del Golfo está directamente relacionado.

Y hay una coincidencia, luego del asesinato de Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los cabecillas de esta organización, los investigadores que estaban en la zona monitoreando e indagando lo que ocurría en el interior de este grupo supieron de la protesta que se venía y la danza de millones que estaban dispuestos a invertir para financiar los actos que en ocasiones han sido violentos.

En las interceptaciones había un mensaje claro, no era el momento de estar peleando, haciendo referencia a los enfrentamientos internos, “no nos vamos a dejar joder”. Por eso dieron la orden y enviaron emisarios para que se pusieran al frente del polvorín. En el área metropolitana dispusieron de una especie de oficina desde donde monitoreaban lo que ocurría minuto a minuto.

Los hechos violentos que detonaron no comprometen a los pequeños mineros artesanales, que también reclaman sus derechos. Pero quedó en evidencia que el cordón detonante de este paro se activó cuando el Ejército explotó y dejó fuera de servicio nueve gigantescas dragas dedicadas a la minería ilegal a gran escala.

Para las autoridades es un asunto de lógica, un minero artesanal o una agremiación no tienen cómo comprar esa maquinaria, que puede costar cerca de 3.000 millones de pesos. Los dueños son otros, y no se mueve el oro sin el permiso del Clan del Golfo.

En las interceptaciones había un mensaje claro, no era el momento de estar peleando, haciendo referencia a los enfrentamientos internos, “no nos vamos a dejar joder”.

Ante esta medida, los miembros del grupo ilegal no se iban a quedar de brazos cruzados. Hicieron una vaca entre sus jefes para recolectar de manera inmediata dinero en efectivo, con el fin de mandar a los emisarios y repartirla en la región

Plata o plomo

En motos, y con bolsas repletas de dinero, empezaron a financiar las protestas, pero si la plata no era suficiente, con amenazas la orden era clara: salir a protestar o, si no, hay plomo. Otra manera de presión para lograr la parálisis en la región era ordenar el cierre de los negocios. Primero lo hicieron con motorizados armados, pero también enviaron chats en los que daban la orden a los comerciantes de parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mismo Clan del Golfo.

“Buenos días, señores comandantes de zona y urbana, hoy no debe haber nada abierto, nada es nada, todo el comercio debe cerrar para apoyar el paro. Orden de los superiores. Nota del señor 115”, dice una de las órdenes de la cúpula.

Otro de los mensajes de advertencia en poder de SEMANA, y que resulta atemorizante para la población, señala que “el día primero se toma posición del paro, y el día dos, cierre de vías (…) pa’ que todos los encargados se encarguen de suspender las labores de los mineros (…) el paro es pa’ todos, pa’ que les quede claro” (sic).

En los chats hay reportes de los avances del paro.

En los cientos de chats también hay reportes: “Señor, buenas tardes, reportando, las unidades al ciento, por el momento (…) no se ha presentado ningún tipo de anomalía (…) le reporto los caseríos y pueblo al ciento”. Otro más advierte a los enviados a la zona, quienes serían los infiltrados, “buenas noches, comandantes urbanos y de zonas, por orden de los señores, el reporte será cada dos horas para saber qué está pasando y si la situación es ‘crítica’ (…) la orden es hablar con el comercio para que apoye el paro porque todos viven de la minería”.

Gobierno dice no

El fondo de lo que ocurre en esta convulsa zona del país lo dejó claro el presidente Petro al ver que luego de tres días de negociaciones no se avanzaba. “El punto central de la negociación del paro no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO”. Pero no hizo referencia a los dueños de esta maquinaria.

Es claro para el mandatario, para la gobernación y para las autoridades locales, que las dragas no son de pequeños mineros, son de personas con músculo financiero y hasta armado, porque una explotación ilegal a esta escala solo se puede hacer con la venia del Clan del Golfo.

Aunque es claro que el fantasma de esta empresa criminal y narcotraficante ronda el paro, nadie lo dice. Los protestantes solo hablan de los jefes, el Gobierno se refiere a mineros en general, y solo el gobernador Aníbal Gaviria ha sido capaz de decirlo sin tapujos, en una lucha en la que, en medio de los cantos de sirena de la paz total, parece solitario.“Hay una contaminación de la protesta social por grupos al margen de la ley. He visto que detrás del paro que se quiere mostrar con la fachada de minero está el Clan del Golfo.

La cosa es muy clara: este paro se está produciendo como rechazo a una acción del Estado que se produjo por la quema y destrucción de dragas de tipo brasilero”, dijo Gaviria. “A los comerciantes los están amenazando con mensajes a través de WhatsApp, obligándolos a cerrar sus negocios. A aquel que no lo haga le pueden quemar el local o empiezan a cobrar extorsiones de dos millones de pesos”, añadió.

Pese a las evidencias, un sector de la protesta defiende su legitimidad. Así lo hace Saúl Bedoya, uno de los voceros en el paro, quien afirmó a SEMANA que “es tarea de las autoridades dar con el paradero de los responsables de los bloqueos e intimidaciones que tienen confinadas a más de 250.000 personas en 12 pueblos del departamento; también judicializarlas”, marginándose de sectores violentos.

  El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se ha quedado solo en las denuncias contra el Clan del Golfo.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se ha quedado solo en las denuncias contra el Clan del Golfo. | Foto: semana

El decreto de la discordia

Hay otro factor que deja claro que la protesta no es jalonada por los pequeños mineros. Uno de los reclamos principales es la derogatoria del decreto 2235 de 2022, con el que se le pone freno total a la minería ilegal. Resulta ilógico para quienes están en la negociación que esta sea una de las peticiones, pues la minería artesanal no se prohibió con el decreto. Justamente, se cerró la puerta a la explotación ilegal a gran escala, con dragas y retroexcavadoras, de la cual es dueño el Clan del Golfo.

En la zona están negociando los más altos funcionarios del Gobierno, como los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez; los representantes de las Fuerzas Militares y de Policía, y las autoridades locales, pero extrañamente el tema del Clan del Golfo pasa de agache, como también lo hace esta organización, que en el pasado estaba en primera línea cuando decretaban planes pistola o paros armados.

La explicación está en otra mesa de negociación, lejos de la ubicada en Antioquia. Se trata de la mesa de negociación que adelantan en voz baja el Gobierno y los representantes de esta organización criminal, que busca montarse en el bus de la paz total. Todos saben lo que pasa, pero nadie, a excepción del gobernador Gaviria, se atreve a decirlo.