Vistazo electoral a las regiones afectadas por el conflicto

Las elecciones legislativas y presidenciales de este 2018 pasarán a la historia por ser las primeras, luego de más de 50 años de conflicto, sin las Farc en armas. El nuevo movimiento político surgido de esta guerrilla, ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, presentó a sus 36 aspirantes al Congreso. El nuevo movimiento tiene aseguradas 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, gracias a los acuerdos de paz alcanzados en La Habana con el gobierno Santos.

Y sí, el país está cambiando, pero no tanto. En su edición n.° 1860-61, SEMANA registró la voz de auxilio lanzada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que los jueces diriman pronto “la controversia de interpretación del reglamento del Congreso” que tiene en vilo las 16 circunscripciones especiales que, hay que decir, no son para las Farc, sino para la gente de los territorios que no ha podido participar de la vida política del país porque el conflicto los mantenía fuera de la contienda electoral.

A hoy, se desconoce si pasó o no el proyecto de ley que les permite a las comunidades de los territorios más apartados del país, incluidas las víctimas, participar en la Cámara de Representantes por medio de estos 16 puestos de elección popular, contemplados en el punto 2 del acuerdo de paz sobre participación política. Nada está asegurado. En la misma entrevista el ministro Rivera dice que el gobierno acatará lo que digan los jueces, quienes entran de vacancia judicial este 11 de enero.

Recuerdos no gratos

¿Pero cómo se ha hecho política en estas 16 regiones y 167 municipios? La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un barrido por la ruralidad dispersa colombiana y evidenció lo que el país político tiene en la cabeza: que en pleno apogeo de los grupos paramilitares y de las guerrillas se presentaban bloqueos, paros armados y saboteo a las elecciones. “La orden era no votar”, dice Camilo Vargas Betancourt, coordinador de esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil, quien agrega que luego, “durante los periodos de Álvaro Uribe (2002-2010), se recuperaron las cabeceras municipales para las votaciones de esos años. Por esa razón, algunas zonas ya tienen tradición electoral”.

La ruralidad dispersa participa más en los comicios por la Alcaldía local y menos en otros espacios políticos regionales como las Asambleas y los Concejos o incluso en espacios nacionales como el Congreso. “No hay la cultura de ejercer control político y la gente da por sobreentendido que en los pueblos ganan personajes con poder”, explica.

Falta infraestructura electoral

La baja participación en las elecciones legislativas y en otras de orden regional también obedece a las grandes barreras que hay para ejercer el derecho al voto en la ruralidad. Con datos de 2015, la MOE pudo calcular que en 214 municipios existe un pobre censo electoral. El 44 por ciento pertenece a las 16 circunscripciones. La explicación parece estar en que en los pueblos hay una baja inscripción de cédulas, pues los puntos de la Registraduría quedan muy distantes de las veredas.

“Encontramos 360 municipios con pocos puestos de votación. Y en los casos más extremos, los puntos quedan a más de 2.000 kilómetros cuadrados”, señala Vargas. Este es el panorama de por lo menos 117 poblaciones de las circunscripciones especiales (en total las 16 circunscripciones abarcan 167 municipios).

Y ni hablar de la escasa financiación que tienen los candidatos locales alternativos. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), comenta lo que ya se sabe: que es difícil (si no imposible) elegir un alcalde, y más un congresista, compitiendo en las mismas condiciones, pero con pocos recursos. “El inconveniente son las mafias políticas que existen en las regiones. Vivimos todavía en el Frente Nacional: entre las castas se reparten el poder político”.

Con todo y eso, las voces en las regiones tienen la esperanza de que ahora sí serán tenidas en cuenta. Eso dicen los testimonios que Semana Rural recogió.

La violencia sigue siendo el riesgo

Las votaciones de 2018 también estarán marcadas por una situación histórica a la que Colombia no ha logrado hacerle frente, por más que ha puesto funcionarios del más alto rango: los asesinatos a líderes sociales, la mayoría de estos potenciales aspirantes a cargos de elección popular.

La última de las estadísticas, dadas por la nueva directora de la unidad para el desmantelamiento de las bacrim, da cuenta de 231 casos reportados entre 2016 y 2017. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que se habla de vidas humanas.

“La mayoría de ellos tenían vocación política y probablemente se habrían lanzado a las circunscripciones especiales o en los comicios locales de 2019”, apunta León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.

De acuerdo con la MOE, en las zonas de circunscripciones especiales se concentra la mitad de los asesinatos y amenazas a líderes sociales tanto en 2016 como en 2017. “Además, la tercera parte de las víctimas del conflicto viven y tienen sus movimientos en estas regiones”, señala el investigador Camilo Vargas.

Consciente de la necesidad de responder de forma efectiva a estos crímenes, la fiscal Martha Mancera, nombrada a principios de diciembre pasado, dice que la unidad a su cargo ha logrado focalizar los esfuerzos para esclarecer los homicidios “como un factor de urgencia”; está desplazando la institución a terreno a través de equipos itinerantes y está construyendo los contextos probatorios por región. Eso permitiría, ojalá, establecer los responsables y los patrones de sistematicidad, si la hay.

Indígenas y afros

¿Qué piensa la comunidad indígena?

“En Riosucio (Caldas), hace unos años nos asesinaron a varios aspirantes a la Alcaldía. Lo mismo en el Cauca. Y las comunidades han sido amedrentadas. En este momento nos preocupa la reaparición de grupos paramilitares en plena contienda electoral. Esperamos que el Estado nos dé más garantías de protección y seguridad a las comunidades y dirigentes”.Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic ¿Qué piensa la comunidad afro?“La participación política se hace más complicada para nosotros por la corrupción. Los partidos tradicionales que han manejado el país en todas estas décadas no les dan cabida a los grupos que hemos venido construyendo el tejido social desde lo comunitario. No hay espacio en los escenarios donde se toman las grandes decisiones”.Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes)

las voces regionales

Manuel Sánchez

Si se da la unión de las circunscripciones y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), podría surgir una voz mucho más fuerte con respecto a la defensa de los intereses de las comunidades. Como presidente de la Asociación Campesina del Cañón de las Hermosas, organización que agrupa a las 28 Juntas de Acción Comunal del corregimiento Las Hermosas y a 17 organizaciones de productores agrícolas, Sánchez cree que esta será la oportunidad para que el país dirija la mirada a lo rural. “La importancia de estas curules es que quien nos represente sea alguien que conozca el territorio para que pueda usar los insumos dejados en los PDET”.

Cristian Adolfo Rivas En el Caquetá las comunidades están reconociendo la institucionalidad. Eso genera expectativas alrededor de la posibilidad de la participación política y de que las comunidades tengan representantes propios de cara a las elecciones. También, en todo lo relacionado con la implementación de los acuerdos, especialmente lo que tiene que ver con la reforma rural integral.Rodrigo Castillo Como miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, asegura que “en los municipios de Buenaventura y López de Micay la política se ha hecho de una manera desastrosa, cooptando la mente y la conciencia de los electores. A la gente le prometen cosas, haciéndole cambiar su voto por tejas, un bulto de cemento o por 50.000 pesos”.