Decisión sin precedentes: la JEP acreditó al río Cauca como víctima del conflicto armado por haber sido una fosa común de los grupos armados

El conflicto armado en el país se ha vivido en las selvas, los bosques, los páramos y los ríos. Quizás no hay un ecosistema del segundo país más biodiverso del mundo que haya podido escapar de la estela de violencia que ha azotado al país en el último siglo. Todos esos crímenes de los que la naturaleza ha sido testigo han comenzado a contarse por primera vez en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“La JEP acreditó por primera vez a un río como víctima de graves afectaciones sufridas en el conflicto armado en Colombia. La decisión se tomó en respuesta a la petición que presentaron los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, que han señalado las graves afectaciones que ha sufrido el río Cauca a causa de su utilización como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas, por parte de grupos al margen de la ley”, señaló un comunicado de prensa de esa entidad para narrar la trascendental decisión que tomó ese alto tribunal.

Los hechos que recoge esa providencia datan de los años 2000 a 2004, en los cuales, a juicio del trabajo realizado por esa jurisdicción, “se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente”.

La JEP ha escuchado por años a los protagonistas y víctimas del conflicto en esta región, una de las más golpeadas por el continuo enfrentamiento de los grupos armados ilegales. Lo ha hecho en el marco del caso 005, que caso prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en el Valle del Cauca y el Cauca. El caso estudia especialmente los hechos sucedidos en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.

En sus relatos, víctimas como victimarios han contado como durante los tiempos más crudos del conflicto, miles de cadáveres fueron lanzados al río. “Esto afectó sus aguas, las especies que lo habitan y vulneró, profundamente, la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza”, señala el documento.

Así lo han reconocido los principales líderes del extinto Bloque Calima de las AUC que, además, “han referido la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública que operaban la región para desaparecer a sus víctimas. Esta información ha sido confirmada en diversas fuentes como versiones libres realizadas en Justicia y Paz, informes y narraciones de las víctimas”.

En este Macrocaso se han acreditado 145 sujetos colectivos que reúnen a 45 resguardos y cabildos, 84 consejos comunitarios y otras 23 organizaciones de víctimas. Estas organizaciones reúnen a más de 200.000 víctimas. También se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo de Çxhab Wala Kiwe y al territorio del pueblo negro del norte del Cauca.

Hasta el momento se han dado mas de 100 versiones voluntarias.

¿Por qué los delitos contra el medio ambiente pueden ser infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario?

El comunicado explica una de las discusiones más interesantes jurídicamente en la actualidad: si los delitos contra la naturaleza constituyen graves infracciones contra el DIH que pueden constituir crímenes de guerra.

La JEP pone de presente en su decisión que la Norma 43 consuetudinaria del Comité Internacional de la Cruz Roja establece que existen tres principios generales sobre la conducción de las hostilidades que se aplican al medio ambiente que se vulneran en el caso de crímenes contra la naturaleza:

“1) Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar.

2) Está prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una necesidad militar imperiosa.

3) Está prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.

El río Cauca es uno de los afluentes más extraordinarios que tiene el país. Dada la diversidad de ecosistemas que atraviesa a lo largo de su recorrido, se han identificado allí no menos de 100 especies de mamíferos y por lo menos 300 de aves. Nace en el Macizo Colombiano, es el mayor tributario del río Magdalena, representa la mayor fuente de abastecimiento de agua del Valle del Cauca y es el eje del desarrollo del occidente del país.

La Jurisdicción Especial de Paz, cuenta como las prácticas relacionadas con el conflicto “han alterado sus aguas y las especies que habitan en él, así como también su profunda relación con las comunidades étnicas de la región”.

No es la primera vez que la JEP toma medidas en cuanto a la protección de la naturaleza, “tanto el Caso 02, que priorizó la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), como en el 05, fueron las dos primeras investigaciones de la JEP que acreditaron territorios en el proceso judicial. Y, este último caso, fue el primero en el que se reconoció como crímenes de guerra las afectaciones graves a la naturaleza cometidas en desarrollo del conflicto armado”.

“Mi cruz ha sido vivir años acosado por mi conciencia”: estremecedor relato de perdón de coronel (r) al devolver medallas obtenidas por los falsos positivos

En un acto sin precedentes, en junio de 2023, dos altos oficiales que fueron parte del Gaula del Valle reconocieron su responsabilidad durante los falsos positivos y devolvieron las condecoraciones recibidas en su momento por sus acciones. Los testimonios son desgarradores.

“Traigo un escrito que es netamente salido del corazón, salido del alma”. Así comenzó su relato el coronel retirado Jorge Enrique Florián, exmiembro del Gaula del Valle, al tratar de narrar lo inenarrable. El alto mando del Gaula recibió en el pasado condecoraciones por sus resultados en operaciones, que realmente habían sido logrados utilizando uno de los crímenes más escabrosos que se han presentado en el conflicto armado en Colombia: los falsos positivos”.

“Mucho se ha hablado del tiempo, se ha dicho de él, que todo lo cura, que es hermano del olvido y que su paso borra las huellas que han sido marcadas por los hombres. Pero no es cierto, no, por lo menos en este viaje que han transitado las víctimas desde aquel fatídico momento en el cual quienes debíamos proteger la vida, optamos por la muerte. A partir de ahí, el tiempo profundizó, las heridas que se abrieron y ha dejado más preguntas que respuestas”, agregó.

Muy pocas veces las víctimas de ese escabroso delito habían escuchado de viva voz el relato de los perpetradores. Y en esta ocasión también su arrepentimiento y su clamor por un perdón, como el mismo coronel (r) reconoció, tardío. Al salón de la Universidad Santiago de Cali habían llegado decenas de familiares de las víctimas. Padres, hermanos, esposos e hijos, con sus carteles o fotografías estampadas en las camisetas que llevaban en el pecho. Su deseo, además de escuchar una parte de la verdad, era reivindicar a sus familiares.

Vea el acto de reconocimiento temprano de responsabilidad en falsos positivos.

La diligencia judicial se realizó en el marco de un evento organizado por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Allí, dos altos oficiales (r) del Gaula Valle, el coronel Díaz y el mayor retirado Mauricio Ordóñez Galindo devolvieron sus medallas obtenidas por falsos positivos.

El acto se realizó en el marco del Caso 05 de la JEP, que estudia los crímenes cometidos tanto por la fuerza pública como por las extintas Farc-EP, en el marco del conflicto armado. Como se sabe, la Jurisdicción Especial para la Paz organizó su trabajo en macrocasos, alguno de ellos territoriales.

Este es uno de los más grandes: tiene cerca de 300.000 víctimas acreditadas, la mayoría de grupos étnicos que han vivido la crueldad de la guerra en sus territorios sagrados. En especial, el caso priorizó los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.

El coronel retirado habló del dolor que causó. “Jamás el tiempo retiró el puñal de dolor en el corazón de muchas madres, ni la soledad ardiente en muchos huérfanos. Eso lo sé, y mi cruz ha sido vivir todos estos años acosado por mi propia conciencia. Es por eso que hoy, con toda la fortaleza y la humildad, asisto a esta diligencia como parte de mi compromiso de restauración, de reconocimiento simbólico y temprano de mi responsabilidad”, aseguró ante la JEP.

Las medallas que había ganado por su servicio, en medio de esas oprobiosas circunstancias, fueron devueltas. “Es por ello que hoy me encuentro acá en total disposición y voluntad de hacer entrega de la condecoración que recibí como consecuencia de las operaciones militares en las que participé cuando era integrante del grupo Gaula del Valle del Ejército Nacional, en un período comprendido entre los meses de enero y agosto del 2006 en los municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde mi rol como integrante del grupo Gaula del Valle fue la de participar en diferentes operaciones militares que dejaron como consecuencia a varias víctimas del conflicto”.

El coronel retirado nombró una a una a las víctimas que dejó el grupo que dirigía durante las épocas de los falsos positivos. “Entre estas víctimas directas de este conflicto están Henry Beltrán Rico, Jesús María Cabal Balanta, Carlos Julio Caballero, Rubén Darío Quilindo Torres, Fabio Nelson Carabalí, Carlos Andrés Tuquerres, Jhon James Rosso Montoya, Mauricio Alejandro Mininderos González, Andrés Angora Martínez, Harold Alberto Ramos Moreno, Marco Antonio Nieto Molina y todas las demás víctimas que no se encuentran presentes, pero que son víctimas de este conflicto”. Muchos de los familiares estaban allí.

“Quiero manifestarles que estas personas que yo acabo de nombrar no fueron integrantes de ninguna organización delictiva ni fueron integrantes de ninguna organización armada que nos dijera a nosotros que tenemos que cegarles sus vidas. Es por ello que yo estoy acá diciéndoles ante ustedes que ellos eran hombres de la sociedad, personas trabajadoras, humildes que en ese eventual hecho perdieron sus vidas”.

“Reconozco que el dolor que he causado ha sido hondo y ha dejado un vacío en sus vidas y sé que una medalla podrá parecer poco, pero en el lenguaje de los hombres, ha buscado en los símbolos reunir una historia y hacerla perenne. Esta medalla en particular ha cobrado un valor especial y diferente aquel por el cual fue creada. Ella se impone a los miembros de las Fuerzas Armadas que han demostrado un servicio excepcional y un compromiso inquebrantable con su país, es por ello que la dignidad de esta condecoración en esta oportunidad no me pertenece”.

“Esta le pertenece a ustedes, a las víctimas presentes y a la memoria de sus seres queridos, un símbolo de tal naturaleza reclama al portador que ha de merecerla; también entiendo que este acto no es suficiente para reparar el daño que he causado. No obstante, estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir de manera positiva con la sociedad y hacer que las personas afectadas por mis acciones se sientan siempre respetadas, valoradas y reparadas”, dijo el coronel.

“El que hoy les habla es un hombre diferente, cocido en el fuego de su propia conciencia, que ha venido hasta aquí a cumplir con un compromiso con ustedes, pero también consigo mismo, como quien acude al llamado íntimo de su personalidad humana, esperando que su ofrenda pueda transmitir mis más sinceros deseos de aportar en la construcción de una patria que avance hacia el respeto, el amor y la paz, donde los hombres convivan siempre bajo un mismo cielo sabiendo que la barbarie jamás podrá volver a ocurrir”, manifestó.

Al final de su testimonio, el coronel retirado siguió hablando con las víctimas sobre el tema. “Pensaba en todo lo que ustedes nos decían de manera directa, sin justificar el porqué o sin justificar la forma de cómo lo hicimos, pero el simple hecho de estar acá y darles la cara a ustedes es reconciliarme con mi propia persona. Y es decirles a ustedes que voy a estar acompañando el proceso de la mano de la Magistratura, en este inicio, de cuál es el primer paso que se está dando para reconstruir, para volver a hacer los mismos hombres y mujeres del pasado”, finalizó el coronel Jorge Enrique Florián Díaz.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez explicó lo que significan este tipo de encuentros. “Lo que busca la justicia restaurativa es devolverles la dignidad a las víctimas que han sido afectadas por las conductas que investigamos. Importa que sus voces definan lo que es justo para ustedes... Hoy esas medallas dejan de ser un objeto multiplicador del engaño. Tal vez este acto pueda devolverles el valor para que sean ustedes las que determinen qué pasará con ellas. Esperamos que este sea el inicio de un camino de reconciliación y sanación”, dijo el togado al instalar la diligencia.

Las historias de las víctimas fueron estremecedoras. “Ha sido muy duro para mí y para mis hijos vivir sin mi esposo (...), quien un día antes de irse a encontrar con la muerte me había pedido matrimonio, me dejó con un anillo de compromiso, y me lo entregaron en bolsas”, dijo Yunari Hernández, compañera de Carlos Julio Caballero.

“Lo más difícil es saber que la patria a la que mi hermano le sirvió como soldado fue la que le quitó la vida y manchó su nombre ante el país por el cual luchó. Ella viajó mucho buscándolo a él y buscando verdad, madre usted es una berraca”, narró Mileidy, hermana de Fabio Carabalí.

“Me ha quedado un dolor inmenso en el corazón por la muerte de mi hijo, mis dos nietas nunca tuvieron un padre que las recogiera en el colegio. Les pido que limpien el nombre, ellos no eran guerrilleros, eran muchachos humildes”, agregó María Eugenia Martínez, mamá de Andrés Angola. Otra abuela, María Flor Latorre, madre de Rubén Quilindo, también contó lo que ha sido criar a sus nietos sin un padre. “Les digo la verdad a mis nietos cuando me preguntan cómo mataron al papá: ‘fue el Ejército y lo mataron por la espalda y lo cargaron de armamentos’, mi hijo era un hijo ejemplar y cariñoso”.

En el acto estuvieron presentes las comunidades indígenas, afectadas de manera profunda por el conflicto en los últimos años. La vocera del Cric, Adriana Yaneth Julicué Boyocué, recordó la importancia de que se reconozca el daño que le hizo la guerra a sus territorios sagrados y a la naturaleza. “Somos víctimas del dominio de la guerra (...). Afectó a nuestro territorio, dañó nuestros tejidos de vida, impactó a nuestra madre tierra. Tanto fue el horror de la guerra que los ríos se tiñeron de sangre”.

“Con este acto queda limpio el nombre de sus familiares, para siempre y para Colombia, el nombre de sus hijos, hermanos, esposos, hermano queda limpio y será la magistratura con las víctimas las encargadas de señalar dónde deben reposar estas medallas de la infamia”, concluyó el magistrado Sánchez. “Estas son medallas de la infamia, son medallas manchadas de sangre. Hoy yo también les digo a las víctimas ¡Gracias! Gracias por nunca haberse rendido a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentaron junto a sus familias. Gracias a ustedes existe la JEP”, agregó el magistrado Óscar Parra, que lidera el caso de los falsos positivos.