Uribe aclara que no se sabe si jóvenes murieron en combate

Después de que el presidente Uribe descartara cualquier acción ilegal por parte del Ejército relacionada con la muerte de 11 jóvenes que desaparecieron de Soacha y Bogotá, la Casa de Nariño rectificó las declaraciones y aclaró este miércoles, punto por punto, sobre qué se tiene certeza según las investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
 
Hasta hora esto es lo que los investigadores han podido establecer y lo que no:
 
1.  Los jóvenes fueron reclutados con fines delictuales.

2. Los jóvenes no salieron con el propósito de trabajar o recoger café.

3. La Fiscalía no ha identificado aún a la organización criminal que los reclutó.

4. Los jóvenes murieron dados de baja por el Ejército, tal y como el Ejército lo ha dicho.

5. La Fiscalía aún no ha establecido la afirmación del Ejército de que fueron dados de baja en combate.

6. El levantamiento de los cadáveres lo realizó la Fiscalía, según los protocolos vigentes.

En el comunicado, el Presidente reiteró que es solo la Fiscalía General de la Nación la que debe adelantar esta investigación y que contará con todo el respaldo del gobierno.

Ayer martes, el Presidente Álvaro Uribe Vélez se refirió  a los primeros resultados de la investigación de la Fiscalía, que, según él, indicaban que los jóvenes desaparecidos en Soacha y Bogotá  fueron abatidos en combate y no ajusticiados por el Ejército.

Con esto Uribe refutó la tesis de que los jóvenes hubieran sido asesinados y posteriormente presentados como muertos en combate.

“El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, dijo Uribe Vélez durante la instalación de la Asamblea de Anif en Bogotá.

Sin embargo, en el informe de Medicina Legal, sólo dos de los cuerpos, el de Diego Alberto Tamayo Garcera y el de Daniel Andrés Pesca Olaya, aparecen registrado en la sede del Medicina Legal de Ocaña y Cimitarra, respectivamente, un mes después de que se reportara su desaparición en Bogotá. Los registros de los otros nueve jóvenes muestran diferencias de entre 1 y 4 días entre la fecha de desaparición y la fecha de ingreso a Medicina Legal.

“El Fiscal General precisó que el Ejército permitió el levantamiento de los cuerpos a los miembros del CTI. Por su parte, el Director de Medicina Legal dijo que los cuerpos presentan varias heridas por proyectil, pero que no fueron ajusticiados por el Ejército”, dijo Uribe 

Para sus afirmaciones Uribe se basó en el dictamen de Medicina Legal según el cual los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha y Bogotá que fueron reportados como muertos por el Ejército en Ocaña, murieron en “circunstancias de combate” por disparos hechos a larga distancia.

Sin embargo, es aún apresurado descartar otras hipótesis. Hasta el momento, lo único que Medicina Legal ha confirmado parcialmente basado en pruebas técnicas es que a los jóvenes, entre 17 y 35 años, no murieron asesinados a quemarropa ( es decir por disparos a corta distancia), sino que fueron alcanzados por proyectiles disparados por armas a distancia.
 
Según un forense del CTI de la Fiscalía, el experto balístico es el que determina las trayectorias de los proyectiles, los sitios impactados, y la distancia entre el disparo y el impacto. “Que les hayan disparado desde lejos no significa que hayan muerto en un combate. No se puede descartar aún que, por ejemplo, los hayan puesto a correr y les hayan disparado desde lejos”, aseguró el forense.

Igualmente lo que hasta el momento ha dicho el fiscal general, Mario Iguarán, es que, por un lado, los muchachos fueron reclutados con fines ilícitos y, por el otro, que murieron por balas disparadas por armas del Ejército. "No sabemos (si fueron muertos en combate). Estamos investigando. Por el momento la Fiscalía no puede afirmar, no puede anticipar que fueron muertos en combate. Medicina Legal tampoco lo puede afirmar. Esto sólo lo concluyen los fiscales, y en últimas, los jueces", agregó Iguarán.  

Semana además tuvo acceso a las necropsias y encontró que casi todos los cadáveres recibieron seis o siete impactos de bala, que en la mayoría de los casos se reportó el hallazgo de armas cortas y en dos de ellos se trataba de fusiles.

El ente acusador también ha hablado de por lo menos 100 jóvenes más desaparecidos en todo el país bajo circunstancias muy similares, en particular en las zonas donde están operando las bandas emergentes del narcotráfico, como el Eje Cafetero, Antioquia y los Llanos.
 
"Esto no se puede tratar como casos aislados porque lo que estamos viendo posiblemente es la actuación de una macabra red criminal", dijo a Semana Javier Fernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El caso de los 11 jóvenes desaparecidos en Soacha y Bogotá y reportados muertos en combate en Norte de Santander por el Ejército se dió a conocer hace dos semanas. El hecho de que los jóvenes aparecieran muertos pocos días después de desaparecer  desató una investigación por la posibilidad de que se trate de otro caso de "falsos positivos", es decir asesinatos extrajudiciales realizados por la fuerza pública para mostrara resultados.  

Hay varias tesis que apuntan a que casos muy similares a este se han presentado en Barranquilla y en Toluviejo, departamento de Sucre. Todo sería obra de una red criminal de tráfico de personas a la que estarían vinculados algunos uniformados del Ejército.

En la misma intervención Uribe agregó que su Gobierno ha estado dispuesto a que en casos como ese sea la justicia ordinaria la que conozca de la investigación y no la penal militar.

“Así lo hicimos cuando hubo esa masacre en Jamundí, que le costó la vida a tantos policías de Colombia, pocos días antes de la elección presidencial de 2006”, dijo.