Fiscalía halla nuevo grupo ilegal en Norte de Santander y lo responsabiliza de múltiples crímenes

La Fiscalía General de la Nación identificó a un nuevo grupo ilegal que aterroriza a los habitantes de Norte de Santander con muertes violentas y otras acciones que vulneran los derechos humanos.

El hallazgo se dio mientras las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaban un estudio para esclarecer varios hechos delincuenciales en la zona metropolitana de Cúcuta.

Inicialmente, la lupa se puso sobre los homicidios de diez personas, que ocurrieron entre agosto de 2022 y junio de 2023. Una de las víctimas fue Jesús Alberto Alvarado Mora, asesinado en medio de un hurto en el barrio Seis de Reyes.

Aunque la lista de violaciones sería más larga: “Se suma al ataque con arma de fuego contra tres menores de edad, que sucedió el pasado 15 de marzo, cuando las víctimas fueron agredidas mientras se encontraban reunidas en vía pública”.

Detrás de estos crímenes estaría el grupo denominado Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela y, de momento, fueron capturados cinco de sus presuntos integrantes.

De acuerdo con en el expediente conocido por SEMANA, el material probatorio recopilado permite sostener la tesis de la posible participación de los detenidos en la tentativa de ocho homicidios.

Ellos fueron identificados como Brainer Alexánder Rangel Alarcón, alias Pitico; William Javier Suárez Beltrán, alias William; Luis Alberto Ropero, alias Tula; Víctor Antonio Cortez Guillén, alias Víctor, y José Fernando López Castillo.

Todos están siendo investigados por los supuestos delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, tortura, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado. Sin embargo, ninguno aceptó la responsabilidad.

Mientras avanzan las audiencias, por petición de la Fiscalía y la aprobación del juez del caso, las cinco personas deberán estar privadas de la libertad en un centro carcelario del departamento.

Fiscalía formuló cargos a militares implicados en incorporaciones fraudulentas dentro del Ejército

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 22 militares y 2 civiles que habrían participado en una red de corrupción que defraudó al Estado en más de 320 millones de pesos.

Entre los involucrados se encuentran un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare, además de una psicóloga y un odontólogo, quienes según el ente acusador, se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares.

Las investigaciones indicarían que los procesados falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.

Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, cargaron con información fraudulenta distintas bases de datos de la institución para justificar los requerimientos que se hacían. También habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.

La Fiscalía cuenta con información que advierte que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Esto último habría motivado capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.

“A un ciudadano incauto le pidieron sus documentos de identificación, le tomaron fotografías y de esta manera lo hicieron pasar como un soldado; cuando ya lo hacen pasar como desertor, el juez penal en su instrucción militar ordena la captura; una vez capturado y una vez advertido en el acervo probatorio de este proceso por deserción, se dieron cuenta que este ciudadano nunca había siquiera pisado el Ejército Nacional”, describió el fiscal encargado del caso.