ICBF abre investigaciones a operadores de las canastas nutricionales

Un informe de la Contraloría General de la República prendió las alarmas sobre los presuntos casos de corrupción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al encontrar 69 irregularidades en la entrega de alimentos para menores de edad por parte de contratistas de esta entidad. Por esa razón se abrieron las indagaciones preliminares en 14 departamentos para establecer responsabilidades.

“He ordenado abrir indagación preliminar a los operadores de los 38 municipios alertados por la Contraloría General. Ningún operador puede atreverse a robar los recursos destinados a proteger y garantizar el bienestar de la niñez. De encontrarse pruebas, interpondré las denuncias penales, administrativas y disciplinarias a las que haya lugar para resarcir los daños tanto al patrimonio como a la niñez colombiana”, sostuvo Lina Arbeláez, directora del ICBF.

Arbeláez insistió, además, en que desde marzo envió una carta a la Contraloría General de la República para solicitar el acompañamiento de control preventivo, con el objetivo de garantizar transparencia en los servicios para la primera infancia. “De esa comunicación se produjeron 23 reuniones para priorizar la supervisión en regiones como Magdalena, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba y Norte de Santander”, explicó.

Arbeláez anunció que designó un equipo especializado para visitar cada uno de los 38 municipios que se encuentran bajo la lupa, para verificar todas las denuncias del organismo de control.

Sorpresivamente, cuando se refirió al caso de la presunta entrega de canastas a una beneficiaria con más de 170 hijos en Chimichagua, Cesar, dijo que el ICBF encontró que hubo errores de digitación en el mes de abril, los cuales fueron corregidos. “Bajo ninguna circunstancia ni se entregaron canastas nutricionales por el monto total de los beneficiarios que aparecen y nunca se pagaron dichas canastas; por lo tanto, no hubo detrimento patrimonial”, advirtió la directora del instituto.

Asimismo, habló sobre los operadores mencionados en el comunicado de prensa de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, quienes supuestamente no han entregado ni una sola canasta, como habría sucedido en Medellín y en La Guajira, y explicó que “estos reportes, muchas veces, se tardan en cargar”. Aclaró que el ICBF nunca le paga a un operador si este no muestra el soporte de las entregas y las sube al sistema determinado para eso, motivo por el cual “no hubo un detrimento patrimonial”.

Por otro lado, dijo que cuando un acudiente fallece, el niño o la niña, si es menor de cinco años, “no pierde la ayuda que el Gobierno le da y mucho menos en el marco de esta pandemia. Seguimos atendiéndolo y se está actualizando el acudiente que hoy es responsable del menor de edad”. Debido a eso, el ICBF le solicitó a la Registraduría el cruce de la base de datos, de los más de 1.700.000 niños y niñas beneficiarios para corroborar su estado actual y una vez se tenga la información final, entre ambas entidades identificarán los casos de los niños fallecidos, si los hay.

El informe de la Contraloría

Según la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos; menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios, y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio.

Luego de que se realizaron los contratos, la Diari inició el plan de vigilancia a dichos recursos, encontrando así que varios contratistas del ICBF entregaron “28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos”.

Según la Diari, de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de una mujer que, según los datos hallados, reportó ser la madre de 172 hijos en el municipio de Chimichagua, Cesar, y de uno más en Fundación, Magdalena, por lo que recibía raciones por los 173 supuestos niños.

Por otro lado, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.

El mismo caso lograron identificarlo en Buenaventura, donde un adulto recibió 134 raciones de alimentos asegurando ser el tío político de los niños.