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Mandatario de Caucasia, Antioquia, pide permiso para hablar con grupos armados

La propuesta también fue lanzada en el Gobierno de Iván Duque, pero fue refutado al instante por el alto comisionado de paz.


Desde el despacho del mandatario local de Caucasia, Antioquia, salió una carta dirigida a la oficina del alto comisionado de paz donde pide pista para armar una mesa de diálogo con los grupos armados que delinquen en las subregiones del Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, también con los que hacen estragos en el sur de Córdoba.

En la propuesta aparecen los nombres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo —también nombrados como AGC―, disidencias de las Farc y Los Caparros, organizaciones que se dividen las cosechas ilícitas, terrenos de la minería y comercialización de drogas en las cabeceras urbanas de los municipios de estas regiones.

El documento que llegó a Bogotá está firmado por Yefferson David Sarmiento, un joven mandatario que tomó el puesto en 2021 luego de unas elecciones atípicas que se aprobaron por la muerte del elegido en 2019. Los argumentos que sostienen la necesidad un diálogo con los ilegales los vivió en carne propia: las balas hicieron estruendo en su vida.

A su juicio, las comunidades son las únicas víctimas en la guerra que asumieron los delincuentes. En la historia de su pueblo figuran cientos de homicidios y desplazados por el temor de quedar en medio de los negocios oscuros. También otra parte de su gente fue reclutada en el pasado para hacerle contrapeso a la fuerza del Estado.

El recuerdo del acuerdo de paz que alcanzó el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc es un espejo que ven en Caucasia. En esa zona pronostican la vida en el Bajo Cauca sin el terror de encontrarse a los grupos armados al pie de una carretera, al margen de las pretensiones que no cargan nada bueno.

“Tengo esperanza en este nuevo Gobierno”, así comenzó la conversación donde detalló la petición que espera que sea acogida en la Casa de Nariño en el marco del sometimiento y acogimiento que promueve Gustavo Petro. Ambos coinciden que la desarticulación de los grupos armados es fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos.

Ese llamado fue compartido con el excomisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, quien le salió al paso argumentado que el sometimiento debía ser individual sin contemplaciones por los delitos cometidos. En su momento, el exfuncionario de Iván Duque tuvo que salir ante los medios de comunicación a restarle sentido a la petición del alcalde de Caucasia.

“La Policía de Paz con legalidad la define el alto comisionado para la paz y el presidente de la República y no se puede fraccionar, más aún en un año electoral. No es bueno generalizar o estigmatizar. Para cambiar la historia se está haciendo presencia en una región que ha estado olvidad”, respondió Juan Camilo Restrepo.

La llegada de Petro a la presidencia le permitió desempolvar la iniciativa donde pretende sentarse a hablar con los ilegales en su municipio, negociando su tránsito hacia la legalidad. Sin embargo, aclaró que no ha tenido acercamientos con los delincuentes, más allá de los comunicados nacionales que han compartido donde relatan la disposición.

“Yo sería un gestor de paz, tengo las herramientas para abrir debates. Todo eso, sin saltarnos la Constitución Política. Yo no me puedo extralimitar en mis funciones. Yo no puedo hablar con bandidos ni mucho menos mandar razones. Simplemente estoy llevando un proceso que quiere la comunidad, esa que está en medio del conflicto”, aseguró.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, mostró interés por el programa de sometimiento que promueve el nuevo Gobierno, él también ha insistido en el tema. No obstante, ante las iniciativas del alcalde de Caucasia, afirmó que es resorte de la presidencia hacer las respectivas gestiones con los grupos armados.