EPM debe pagar más de $783 mil millones por incumplimientos en obras de Hidroituango, tras decisión de la Cámara de Comercio de Medellín

Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín decidió declarar responsable a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por los retrasos y sobrecostos del proyecto hidroeléctrico Ituango, que provocaron el desvío del río Cauca, al ordenarle pagar más de 781.828 millones de pesos a favor de la Sociedad de Hidroituango en el pleito que sostienen las dos entidades desde 2020.

El fallo se dio a conocer este jueves, 7 de diciembre, que contempla también el pago de otros 2.547 millones por conceptos de costas, debido a los incumplimientos en la entrega obras a raíz de decisiones equivocadas que se tomaron y derivaron en el siniestro que sufrió la central en 2018.

Entre los argumentos de los demandantes está que la central pudo entrar en funcionamiento en los plazos establecidos en el contrato firmado en 2011 si no se hubiera tomado la decisión de construir un túnel para la desviación del río Cauca, maniobra que se ha considerado costosa y riesgosa, tras la crisis desatada hace cinco años.

En 2018 se presentó una de las mayores crisis, en las compuertas de la represa, cuando se taponó el tercer túnel de desviación, o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), del río Cauca, que obligó a desviar el agua a través de la casa de máquinas y desplazar a los habitantes que vivían cerda de la hidroeléctrica, lo que terminó por retrasar el megaproyecto hidroeléctrico.

El Tribunal destacó que esas obras “no estaban contempladas ni autorizadas en la licencia ambiental inicialmente concedida”, pero que las de la galería auxiliar de desviación (GAD) iniciaron aún “sin haber tramitado y obtenido la modificación de la licencia”.

También fue claro en indicar que desde EPM avalaron la construcción del túnel sin solicitar modificación alguna al documento.

La decisión del Tribunal llega en un momento en el que las arcas de la empresa pública están bastante afectadas y significa un baldado de agua fría para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien provocó la renuncia de la junta directiva en 2020, que además de afectar el gobierno corporativo lo que desató fue esta demanda contra EPM.

Además, EPM señaló que cuando se firmó el contrato, los organismos encargados sabían de los retrasos atribuibles a Hidroituango, lo que impidió que el río Cauca fuera desviado antes de enero de 2013, como estaba inicialmente previsto, generando una crisis sin precedentes que mantuvo en vilo al país en 2018.

EPM ya había ganado una demanda el pasado 14 de abril, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia falló por la nulidad y el restablecimiento del derecho que interpuso contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por una millonaria multa que le impuso.

La determinación de primera instancia tiene relación con la sanción por irregularidades en la construcción de las obras del sistema auxiliar de desviación del proyecto de generación de energía de Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca, en el norte del departamento.

En medio de esta situación a la que se enfrenta EPM con lo decidido por el Tribunal, que en un plazo de 30 días se podría invocar una intervención del Consejo de Estado para tumbar su validez, también existe una demanda contra la empresa por parte del gobernador, Aníbal Gaviria, por los incumplimientos en la puesta en marcha de las turbinas 5, 6,7 y 8, cuya construcción aún continúa en marcha.