Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, calificó como infame la acusación en su contra por Hidroituango. “Jamás participé”

En un breve comunicado, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero rechazó la acusación hecha en su contra el pasado jueves por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia por las presuntas irregularidades en el contrato base para la construcción de Hidroituango.Para el exmandatario departamental, en la acusación hecha por la fiscal segunda delegada ante la Corte se omitió el hecho que él no participó, siendo Gobernador, en todo este proceso licitatorio, “desconociendo flagrantemente normas de contratación estatal y basada en la inexactitud de que yo hacía parte de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango”.“La Fiscalía ha decidido acusarme por la aprobación y celebración del contrato BOOMT entre dicha Sociedad y EPM Ituango, hecho del cual jamás participé como Gobernador de Antioquia”, precisó Ramos quien señaló que es inocente “ante una nueva infamia”.Ramos, quien se encuentra actualmente privado de su libertad cumpliendo una condena de siete años de prisión por sus vínculos y alianzas políticas con grupos paramilitares, deberá responder en juicio por delito de interés indebido en la celebración de contratos. En el escrito de acusación se indica que siendo Gobernador habría enfilado para beneficiar como diera lugar a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con el multimillonario contrato que tenía como objetivo, nada más y nada menos, que poner en marcha el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del que se tenga memoria en Colombia.La Fiscalía lo señala de haber incurrido en el direccionamiento del gigantesco contrato para la construcción de la hidroeléctrica. “Esta actuación del doctor Luis Alfredo Ramos, que ejerció una posición activa en la junta directiva tanto en su participación como Gobernador tanto como la sociedad IDEA, que hace parte descentralizada del departamento, mantuvo una posición contraria a los intereses del departamento y que significó privilegiar a EPM en un proceso de selección”, precisó la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Con su actuar vulneró los principios de contratación.Una movida que sirvió para saltarse el proceso licitatorio para la megaobra, para terminar entregándosela a dedo a EPM que ni siquiera fue la encargada de la construcción. Fue una maniobra que buscaba que se conformara el consorcio Hidroituango, compuesto por tres poderosas empresas con raíces en Antioquia: Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H. Las mismas que presuntamente cometieron graves errores constructivos y multimillonarios sobrecostos.“Ese acto constituye un desvío de poder. El doctor Luis Alfredo Ramos modificó su posición inicial que como representante de la entidad territorial correspondía privilegiar a su departamento y su sociedad descentralizada y avala una contratación directa con la contratación directa con la empresa controlada por EPM Hidroituango S.A.”, precisó la fiscal segunda delegada.Para esto, y aprovechando todas las facultades que tenía como Gobernador para el proceso licitatorio, habría cambiado las reglas del juego varias veces con el fin exclusivo que el contrato pasara, sin contratiempos, a EPM para la construcción, operación y mantenimiento del colosal proyecto, catalogado sin ningún asomo de duda como el más importante de generación eléctrica del país y uno de los tres más grandes de Sudamérica.Pese a que se había hecho una convocatoria internacional para que todos los interesados presentaran sus propuestas y ofertas, “de manera paralela” se llevaba a cabo una “negociación directa” entre los socios mayoritarios de EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), quitando de un solo tajo todos los principios de la contratación pública.La Corte Suprema avaló a la Gobernación de Antioquia y al Instituto Para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) como víctimas dentro del proceso. El alto tribunal le dio un plazo de tres días hábiles a la Fiscalía General y a la defensa del exgobernador para que presenten las pruebas que crean necesarias para el desarrollo del juicio penal.