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Mesa de diálogo en el Urabá antioqueño donde se levantó el paro de siete días.
Mesa de diálogo en el Urabá antioqueño donde se levantó el paro de siete días. | Foto: Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

Levantan paro en el Urabá antioqueño tras siete días de bloqueos

El Invías asumirá la intervención de las vías nacionales mientras que la Gobernación de Antioquia pondrá la mano en las carreteras terciarias.

21 de agosto de 2022

A las tiendas y hogares de los municipios del Urabá antioqueño volvieron a ingresar alimentos luego de que un grupo de campesinos levantara el bloqueo que sostenía desde hace siete días sobre la principal vía de la subregión, entre las poblaciones de Necoclí y Arboletes. El servicio de gas natural también se restableció.

La manifestación empezó la semana pasada para hacer sentir el malestar de la comunidad frente al mal estado en el que se encuentran los ejes viales del norte del Urabá, argumento calificado por la Gobernación de Antioquia como justo. Sin embargo, ante el silencio de las autoridades por los reclamos, arrancaron las vías de hecho.

En imágenes registradas en redes sociales quedaron evidenciados los estragos que protagonizaron los protestantes. Sobre el corredor ubicaron material que obstaculizó la movilidad de los automotores. Por ejemplo, diez municipios reportaron escasez de gas porque los vehículos que lo transportan de manera comprimida no pudieron cruzar.

Mientras tanto, hubo demoras en el traslado de pacientes y las pérdidas son incalculables para el sector de transportadores de pasajeros y camioneros. Muchos recorridos se tuvieron que hacer por caminos improvisados con el fin de cumplir con sus obligaciones. El argumento era claro: se levanta el paro cuando llegue un vocero del Gobierno nacional.

Ante la crisis que ya empezaba a tomar fuerza, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Guillermo Toro, se desplazó hasta San Juan de Urabá, donde encontró un acuerdo con los voceros de la manifestación que afectó a más de 53 mil hogares, de acuerdo con el reporte que entregó las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En la mesa de negociación también se sentó el secretario de Seguridad Humana del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez. A la par, ubicaron dos sillas para dos mandatarios locales que han sido criticados duramente por no acatar, supuestamente, las peticiones del pueblo: la alcaldesa de Arboletes, Diana Garrido, y el de Necoclí, Jorge Tobón.

“Hay una muy buena noticia para Urabá, se levanta el bloqueo de la vía. Destacamos el tono respetuoso, propositivo, de los voceros de la mesa que hacen reclamaciones justas¨, manifestó el líder de la Gobernación de Antioquia, quien detalló que el cese de las vías de hecho que se impulsaron por 168 horas está condicionado a una serie de acuerdos.

Los puntos pactados dan cuenta de que en las próximas semanas se mejorarán las condiciones físicas de los corredores viales del norte del Urabá antioqueño, motivo por el cual se levantó la comunidad. Esas tareas estarán a cargo del Instituto Nacional de Vías, mientras que las carreteras terciarías serán responsabilidad del gobierno departamental.

“Agradecemos la disposición al diálogo y aquí se demuestra nuevamente que el diálogo es la mejor alternativa para resolver los conflictos cuando hay objetivos comunes”, concluyó el secretario de Seguridad Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez. De igual manera, él está encabezando la comisión que atiende la alteración del orden público en Buriticá.

Si en el Urabá antioqueño llueve, en el occidente no escampa. Desde el 12 de agosto, un grupo de mineros informales está desarrollando un paro por cuenta de la supuesta desaparición de dos integrantes del gremio en una mina de ese municipio. Con base en las denuncias, ambos quedaron atrapados por supuestas prácticas irregulares de una compañía extranjera, situación desmentida por el privado.

Una parte de los manifestantes desdibujó los objetivos de la propuesta, dado que estaría incurriendo en prácticas delincuenciales: atenta contra la infraestructura de la empresa minera, emite amenazas contra los que no respalden su lucha y obliga al comercio al cerrar las puertas.

Todo eso estaría siendo patrocinado por el Clan del Golfo, según las investigaciones adelantadas por la Fuerza Pública.