antioquia

Otros 89 indígenas víctimas del desplazamiento forzado llegaron a Medellín desde Chocó

El pasado 25 de mayo, 15 familias indígenas de la misma comunidad se albergaron en la ciudad.


Mientras en la capital de Antioquia sus habitantes salían a ejercer su derecho al voto, 20 familias de la comunidad indígena embera katío llegaban a la ciudad, tras huir de la guerra que se vive en municipio de El Carmen de Atrato, Chocó.

Las víctimas del desplazamiento forzado arribaron a las instalaciones de la Personería de Medellín. Al parecer, se vieron obligadas a salir de su territorio por las continuas amenazas e intimidaciones de los grupos armados.

Según William Yeffer Vivas Lloreda, personero de la ciudad, en un inicio fueron reportadas 150 personas, pero “finalmente, logramos recibir declaraciones relativas a 20 familias, 69 personas, entre ellos la mayoría niños y mujeres”, explicó.

Las familias fueron trasladas hacia un albergue que fue dispuesto por la alcaldía de Medellín, donde se encuentran otros 15 núcleos familiares que ya habían llegado a la ciudad el pasado 25 de mayo.

“Tuvimos conocimiento de un desplazamiento forzado que se presentó desde la comunidad de Carmen de Atrato, Chocó, hacia el municipio de Medellín. Se les activó ruta de atención y se encuentran en un albergue que dispuso para tal sentido la alcaldía municipal”, comentó el funcionario.

Por su parte, la agencia del Ministerio Público había advertido que a esta zona del país podían llegar un total de 300 indígenas de esa misma comunidad, debido a los enfrentamientos que se registraron entre el pasado 10 y 11 de mayo.

Los grupos al margen de la ley que hacen presencia en este sector son los miembros del ELN y el Clan del Golfo, quienes se disputan las economías de la minería y el narcotráfico.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Mesa Indígena de Chocó denunció que, en los primeros días de mayo, 207 habitantes de los resguardos del departamento huyeron por la presión de las organizaciones delincuenciales.

Uno de los detonantes fue el asesinato de tres indígenas emberá dobidá y un afrodescendiente del municipio de Alto Baudó, donde la Defensoría del Pueblo hace seguimiento por la violación continua del derecho internacional humanitario.

Nóvita: el pueblo del Chocó permanece confinado por el ELN

En total, 30 comunidades rurales permanecen encerradas en sus viviendas, desde el pasado 25 de abril, por cuenta de las amenazas del ELN, en el municipio de Nóvita, sur del Chocó

En palabras de la Defensoría del Pueblo, más de 4.000 personas “están secuestradas” mientras la organización delincuencial toma el control de la zona para afianzar sus rentas ilegales.

El mensaje de cesar las actividades ilícitas fue transmitido a través de redes sociales y llegó hasta las comunidades indígenas que están sumergidas en la selva del pueblo desde abril.

La orden no estaba justificada, pero los habitantes entendieron que se tomó para cerrarle el paso a los miembros del Clan del Golfo que pretenden arrebatarle la ruta al ELN.

Todo aquel que ha incumplido con las imposiciones de los delincuentes ha sufrido. En la lista de los líderes sociales del territorio hay homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores de edad.

Tulio Hurtado, representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, denunció que las autoridades tienen al pueblo sumergido en el olvido, mientras los grupos armados gobiernan sin limitaciones.

En contraste, el Ejército Nacional respondió que acompaña permanentemente a los habitantes y que adelanta labores para neutralizar a los grupos que delinquen en la población.

Río cerrado

La principal dificultad es la movilidad, el río Tamaná es el principal corredor fluvial del municipio ―une a más de 25 veredas con la zona urbana―. Pero por imposición del ELN, ninguna lancha puede navegar sobre el agua.

Luis Enrique Murillo Robledo, defensor del Pueblo Regional Chocó, detalló que en los hogares no hay alimentos y los enfermos no se han podido trasladar hacia los hospitales cercanos porque no tienen garantizada la seguridad.