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Comunidad indígena desplazada desde Chocó a Medellín por presión de ilegales.
Comunidad indígena desplazada desde Chocó a Medellín por presión de ilegales. - Foto: Cortesía: Personería de Medellín.

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Al menos 65 indígenas llegaron desplazados a Medellín por amenazas en Chocó

Las autoridades afirmaron que trabajan para garantizar la seguridad, ad portas de las elecciones presidenciales.

La Personería de Medellín encendió las alarmas por el desplazamiento masivo de 15 familias de la comunidad de emberá katío, quienes llegaron a la ciudad en las últimas horas provenientes del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó.

Al parecer, las continuas intimidaciones de los grupos armados los obligaron a salir de sus territorios. En la lista de emisores violentos están los miembros del ELN y el Clan del Golfo, quienes se disputan las economías de la minería y el narcotráfico.

El reporte preliminar del Ministerio Público da cuenta que entre las víctimas hay 37 menores de edad y seis mujeres en embarazo; sin embargo, la entidad advirtió que la cifra aumentará en las próximas horas.

William Yeffer Vivas, personero de Medellín, explicó que el equipo técnico está recibiendo las declaraciones de los indígenas para activar las rutas de atención urgentes con el fin de proteger sus derechos.

“Atendemos un desplazamiento masivo de la comunidad emberá Katío del 18, un total de 15 familias integradas por 65 personas”, indicó el líder del Ministerio Público de la ciudad.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Mesa Indígena de Chocó denunció que, en los primeros días de mayo, 207 habitantes de los resguardos del departamento huyeron de la zona por la presión de las organizaciones delincuenciales.

Uno de los detonantes fue el asesinato de tres indígenas emberá dobidá y un afrodescendiente del municipio de Alto Baudó, donde la Defensoría del Pueblo hace seguimiento por la violación continua del derecho internacional humanitario.

Exigimos al Gobierno colombiano implementar estrategias contundentes y reales para la protección de la vida en los resguardos y comunidades indígenas del Chocó. Exigimos a los grupos armados respetar el derecho a la vida en nuestras comunidades”, solicitó la Mesa Indígena de Chocó.

Sin embargo, el comandante de la Policía del departamento, coronel Clauder Antonio Cardona Castaño, argumentó que los miembros de la institución trabajan a diario con la comunidad para fortalecer la vigilancia y convivencia.

“24/7 patrullamos las calles de El Carmen de Atrato porque nuestra responsabilidad es la seguridad y tranquilidad de todos los carmeleños”, concluyó el comandante.

Nóvita: el pueblo del Chocó secuestrado por el ELN

En total, son 30 comunidades rurales las que están encerradas en sus viviendas por cuenta de las amenazas del ELN en el municipio de Nóvita, sur del Chocó.

En palabras de la Defensoría del Pueblo, más de 4.000 personas “están secuestradas” mientras la organización delincuencial toma el control de la zona para afianzar sus rentas ilegales.

El mensaje de cesar las actividades ilícitas fue transmitido en redes sociales y llegó hasta las comunidades indígenas que están sumergidas en la selva del pueblo desde abril.

La orden no estaba justificada, pero los habitantes entendieron que se tomó para cerrarle el paso a los miembros del Clan del Golfo que pretenden arrebatarle la ruta al ELN.

Todo aquel que ha incumplido con las imposiciones de los delincuentes ha sufrido. En la lista de los líderes sociales del territorio hay homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores de edad.

Tulio Hurtado, representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, denunció que las autoridades tienen al pueblo sumergido en el olvido, mientras los grupos armados gobiernan sin limitaciones.

En contraste, el Ejército Nacional respondió que acompaña permanentemente a los habitantes y que adelanta labores para neutralizar a los grupos que delinquen en la población.

Si bien los problemas se duplican cada hora, la principal dificultad es la movilidad. El río Tamaná es el principal corredor fluvial del municipio -une a más de 25 veredas con la zona urbana-. Pero por imposición del ELN, ninguna lancha puede navegar sobre el agua. Es decir, a las comunidades más alejadas no llega desde hace 24 días ningún tipo de productos y servicios.