El procurador Edgardo Maya, quien dirigió la solicitud de suspensión, espera una respuesta de la mesa directiva del cabildo en las próximas horas. La petición por parte de la Procuraduría es de inmediato cumplimiento y puede prorrogarse por otros noventa días.
Según el procurador la solicitud de suspensión está sustentada en que, aparentemente, los concejales incurrieron en una conducta tipificada en las normas penales, abusando de sus cargos para obtener beneficios personales.
Los concejales sindicados de exigir 400 millones de pesos a cambio de negar un artículo del Código de Policía que afectaba a los vendedores ambulantes, alistan con sus abogados estrategias jurídicas para que ante la gravedad de las denuncias, y una posible condena, la pena sea menor.