Ministerio de Justicia

Con menos de dos semanas en su cargo, Gloria María Borrero, la nueva Ministra de Justicia anuncia una propuesta de alto impacto contra el consumo. Trabajan en una iniciativa que irá al Congreso para que adictos puedan ser enviados, previo consentimiento informado, a recibir atención en salud.

Los integrantes del gabinete del nuevo presidente se caracterizan por ser jóvenes y técnicos y la mitad son mujeres. Tendrán el reto de sacar adelante las reformas que propone el nuevo gobierno y cumplir, al mismo tiempo, su promesa de ‘cero mermelada’.

El gobierno ya otorgó 102 licencias para cultivar marihuana para uso medicinal a firmas nacionales e internacionales, entre las que están algunas de las más grandes del mundo. Colombia tiene todo para convertirse en el líder de este nuevo negocio de ‘yuppies’ verdes.

Estudio nacional revela que las menores consumen más alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica y sustancias ilícitas inhalables que los hombres. Un total de 520.000 bachilleres dijeron haber consumido drogas alguna vez en su vida.

El máximo tribunal señaló que sí hay segunda instancia para aforados, pero todavía no. La corte conservará todas las facultades hasta tanto los nuevos magistrados se pongan la toga.

En Colombia se estima que 15.000 personas se drogan por vía intravenosa. Hace cinco años la Corporación Acción Técnica Social desarrolla un proyecto para reducir los riesgos de esta población, pero este año no tienen presupuesto.

En 10 años se frustraron por lo menos 4 reformas constitucionales que daban vida a esta figura de juzgamiento. Esta vez la iniciativa contó con el respaldo del Gobierno, las cortes y la Fiscalía. La medida aplica para todos los aforados y entra en vigencia en 2018.

Todo estaba listo este lunes, para que el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, diera posesión a la nueva superintendente, Yolanda Bazán Achury. El tema quedó aplazado por ahora.

Yesid Reyes habla de la polémica que ha generado la ley que impulsó como ministro de Justicia para delimitar la detención preventiva y que podría generar excarcelaciones masivas. En juego está el respeto a las garantías y hasta decenas de billones.

En pocos meses entrarán a funcionar nuevas cárceles para disminuir el drama del hacinamiento. Una medida que ayuda, pero no soluciona el problema de fondo.