El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tiene listo un borrador de proyecto con el que pretende reestructurar profundamente el proceso penal ordinario en Colombia. La propuesta, que actualmente tiene 34 páginas, podría ser presentada en el próximo Consejo Superior de Política Criminal.
El documento, que cuenta con espacio para la firma del ministro de Justicia, Iván Cancino, propone rediseñar la ruta procesal para descongestionar el sistema judicial, redefinir el rol de los jueces y fortalecer las garantías procesales.
Uno de los principales cambios que propone la reforma del Gobierno nacional está relacionado con la eliminación de la imputación de cargos, con el objetivo de que deje de ser un paso obligatorio para acusar a una persona implicada en un proceso penal.
En lugar de la imputación de cargos, el Ministerio de Justicia propone crear la terminación anticipada, una herramienta facultativa que podría utilizarse cuando exista una intención de aceptar cargos, llegar a preacuerdos y buscar la reparación de la víctima.
Esa propuesta podría reorganizar las competencias judiciales de los jueces de control de garantías, quienes actualmente dirigen la imputación de cargos, pues pasarían a asumir la audiencia de acusación, que normalmente corresponde a la etapa de juzgamiento.
Otra de las modificaciones que propone esta reforma al Código Penal es darle competencia al juez de control de garantías para que pueda ejercer un control material sobre la imputación o la acusación planteada por la Fiscalía General de la Nación.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026
De esta forma, el juez podrá analizar la formulación del delito, la legalidad de las pruebas del proceso y el respeto a los derechos fundamentales dentro de un proceso judicial. Ese escenario también permitiría facilitar la terminación anticipada en el momento de la acusación.
El borrador del proyecto de ley también plantea cambios en los efectos jurídicos que antes ocurrían con la audiencia de imputación, pues, si esa etapa ya no es obligatoria, también podrían presentarse modificaciones en otros momentos del proceso. Así, se redefinirían los términos máximos de la indagación y las causales de libertad por vencimiento de términos.
Esta propuesta, que podría llegar al Consejo Superior de Política Criminal, se conoce después de que el Gobierno De La Espriella aceptó la renuncia de los ocho integrantes de la Comisión Asesora que la presentaron a finales del pasado mes de septiembre.