Superintendencia de Servicios Públicos

SuperServicios inició indagaciones preliminares por presuntas irregularidades en la facturación de los servicios durante cuarentena.

Millones de colombianos dejaron de cubrir los pagos de arriendos, educación y servicios de televisión, internet, comunicaciones, acueducto y energía. La caída del recaudo amenaza las empresas.

Carlos Maya, alcalde de Pereira aseguró que los servicios públicos de la ciudad serán pagados con recursos de la alcaldía durante un periodo de dos meses.

Por solicitud de las empresas interesadas, la Superintendencia de Servicios hasta el 20 de marzo la adjudicación de este proceso, que impactará a más de 10 millones de personas.

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, estuvo este viernes en Barranquilla, en donde anunció que esperan adjudicar el 28 de febrero la prestación del servicio de energía para la región.

Nuestra invitada explica cómo se dio esta transformación en la que la protección al usuario es protagonista.

La Superservicios detectó que 14 empresas de acueducto y alcantarillado en el país aplicaron “de forma inadecuada” el método para calcular la tarifa que debían cobrarle a los usuarios de su servicio, por lo que tendrán que devolver el cobro adicional.

Así lo determinó la Corte Constitucional al declarar inexequible el proyecto de ley que buscaba exonerarlos de estos pagos. El expresidente Santos había objetado la iniciativa por inconveniente y el Congreso insistió en su aprobación, pero de manera tardía. O sea que la iniciativa se cayó porque dejaron vencer los plazos.

Públicamente solo se ha confirmado la continuidad del superintendente financiero, Jorge Castaño mientras que para la Superindustria y la Supersociedades ya se abrió convocatoria para el cargo, pese a que un nuevo decreto faculta al presidente a ratificarlos. ¿Qué viene para estas poderosas entidades?

La millonaria concesión de ese servicio en la capital del Valle, tiene a varios sectores de la ciudad enfrascados en una pelea porque la alcaldía pretende omitir la licitación pública para contratar al nuevo operador. ¿Por qué?