Superintendencia de Servicios Públicos

Nuestra invitada explica cómo se dio esta transformación en la que la protección al usuario es protagonista.

La Superservicios detectó que 14 empresas de acueducto y alcantarillado en el país aplicaron “de forma inadecuada” el método para calcular la tarifa que debían cobrarle a los usuarios de su servicio, por lo que tendrán que devolver el cobro adicional.

Así lo determinó la Corte Constitucional al declarar inexequible el proyecto de ley que buscaba exonerarlos de estos pagos. El expresidente Santos había objetado la iniciativa por inconveniente y el Congreso insistió en su aprobación, pero de manera tardía. O sea que la iniciativa se cayó porque dejaron vencer los plazos.

Públicamente solo se ha confirmado la continuidad del superintendente financiero, Jorge Castaño mientras que para la Superindustria y la Supersociedades ya se abrió convocatoria para el cargo, pese a que un nuevo decreto faculta al presidente a ratificarlos. ¿Qué viene para estas poderosas entidades?

La millonaria concesión de ese servicio en la capital del Valle, tiene a varios sectores de la ciudad enfrascados en una pelea porque la alcaldía pretende omitir la licitación pública para contratar al nuevo operador. ¿Por qué?

Los órganos de control le llamaron la atención al Distrito por plantearles un plan de funcionamiento que no se ha dado en la práctica. La Superintendencia advirtió que hay un acumulado de basuras superior al del pico de la emergencia sanitaria.

La Superservicios ordenó a una empresa suspender el cobro de la polémica tasa, que se hace a través de la factura de servicios públicos. ¿Por qué?

La calificación de las empresas de energía colombianas; la tendencia en crecimiento de las mujeres en cargos de gerencia; y la llegada de Itahú a Colombia son algunos de los datos más importantes en el mundo de los negocios en la actualidad.

Liquidar la empresa era el camino menos malo y la mejor manera de resolver el mal servicio de energía que reciben los costeños desde hace más de una década. Se avecina un millonario pleito internacional con la empresa española Gas Natural.

El Gobierno inicia la búsqueda de un nuevo operador que preste el servicio a 2,5 millones de clientes. Mientras tanto, la entidad seguirá administrando Electricaribe.