A indagatoria 15 militares por presunta responsabilidad en masacre en San José de Apartadó

Quince militares han sido vinculados oficialmente a la investigación por la masacre cometida en La Resbalosa y San José de Apartadó el 22 de febrero de 2005, cuando hombres armados asesinaron a 8 hombres y mujeres, y 3 niños. Un testimonio clave para sustentar la decisión judicial fue el de Jorge Luis Salgado, un ex paramilitar que acusó a varios miembros del Ejército de haber perpetrado esta masacre en asocio con las AUC.

La Fiscalía ha ordenado que los uniformados rindan indagatoria y emitió orden de captura inmediata contra ellos. Entre los miembros del Ejército se encuentran los subtenientes Jorge Humberto Milanés Vega, Édgar García Estupiñán y Alejandro Jaramillo Giraldo y los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González. Los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona también tienen orden de captura.

La declaración de Salgado también le permitió a un fiscal especializado dictar medida de aseguramiento a Joel José Vargas Flórez y José Clímaco Falco, alias 'Cobra', dos ex jefes paramilitares que también habrían participado en esta masacre.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se había declarado neutral desde el 2000, rechazando la presencia de todos los actores armados del conflicto en su territorio. Dentro de los actores armados que buscaban excluir estaban las Fuerzas Armadas del Estado.

Esta decisión siempre ha despertado polémica, pues el gobierno y otros sectores sociales y académicos han argumentado que la comunidad no podía negarle el ingreso al Ejército que tenía la obligación constitucional de protegerla. En este sentido, las Fuerzas Armadas no son “un actor” más, sino el único actor armado legítimo.

La comunidad, sin embargo, ha insistido en su neutralidad pues argumentaba que no se sentía protegida por la fuerza pública frente a los otros actores ilegales armados. Llegó inclusive a construir un cerco de alambre de púas para protegerse de cualquier actor armado, ante las constantes amenazas y hostigamientos. Desde el 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA había dictado medidas cautelares para su protección.

Tres años después de ocurrida la masacre, la Fiscalía ha encontrado suficiente mérito para llamar a indagatoria a los militares. Si se llegara a comprobar su culpabilidad, se podría entender mejor el por qué de la radical posición de la Comunidad de Apartadó. Si miembros de la fuerzas armadas legítimas del estado comenten actos ilegales, deslegitiman la acción del Estado y se convierten en un “actor armado” más.
El hecho de que la Fiscalía haya tomado la decisión de ordenar la captura de estos miembros de las Fuerzas Armadas y paramilitares abre la puerta para que se haga justicia a los crímenes cometidos por diversos actores armados en contra de esta comunidad que ha llevado este caso, entre otros, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.