Lanzan polémico informe sobre la tortura

Según  según un informe presentado este martes por Eric Sottas, director de la Organización Mundial contra la Tortura (Omct), entre julio de 2004 y junio de 2007, 346 personas fueron víctimas de tortura en Colombia.
 
Sorprende que el reporte sostenga que la mayoría de las torturas hayan sido perpetradas por la Fuerza Pública, después de paramilitares y guerrillas. Luego de que el país entero ha conocido en detalle en el último año, los vejámenes y la humillaciones a las que han sometido guerrillas y paramilitares a sus víctimas, es por decir lo menos, polémico sostener que quien más tortura en Colombia es la Fuerza Pública. 

La tortura, dijo Sottas, se volvió recurrente desde el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas. “Después de esos actos, la población empezó a reclamar más seguridad y criticó que las autoridades no se hubiera anticipado al atentado. Tal reacción lo que hizo fue autorizar a policías y ejércitos de todo el mundo a usar métodos que van contra la ley para obtener información a toda costa”, explica Sottas.

El informe también sostuvo que en Colombia, esa situación coincidió con la ruptura de un proceso de paz con las Farc y la llegada a los pocos meses del proyecto llamado ‘Seguridad Democrática’.

“Desde 2002 empezó a darse un drástico cambio de la política de seguridad en el país. Y desde ese año también los integrantes de la Fuerza Pública empezaron a sentirse presionados para reportar resultados”, dijo Franclin Castañeda, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. La situación se puso más crítica aún cuando se pusieron de moda las capturas masivas. Entre agosto de 2002 y junio de 2004, se presentaron 6.590 casos

Ante tal panorama, se creó en 2003 la Coalición Colombiana Contra la Tortura, con el fin de monitorear dichos excesos, denunciarlos y presentar informes anuales. Este martes 15 de julio presentó su informe sobre los casos denunciados en 2007.

El año pasado “se reportaron 93 casos de tortura, de ellas 27 víctimas fueron dejadas con vida y 43 fueron asesinadas después de ser sometidas a tortura”. Además, de ese total, 18 eran mujeres y 11 menores de edad. 

Asegura  el informe, en los casos en que se conoce el posible autor, el Estado tuvo responsabilidad en 64, aunque no todos fueron directamente perpetrados por sus agentes. Es decir, los integrantes de la fuerza pública torturaron a 50 personas y los paramilitares, a 14 “por tolerancia o apoyo” de militares y policías. Sólo siete víctimas de las guerrillas denunciaron torturas.

Los afectados fueron personas recluidas en cárceles o en lugares transitorios como estaciones de policía, campesinos, mujeres y niñas sometidas a violaciones sexuales, menores de edad, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas y personas negras.

Gloria Amparo Camilo, de la corporación Avre, que acompaña a las víctimas de la violencia política, fue enfática en que no todas las torturas implican un maltrato físico. Sino que está muy generalizada la tortura sicológica, que “es invisible y tiene que ver con la humillación, con el miedo. Por ejemplo, una amenaza se convierte en una forma de tortura sicológica. O el drama de una familia porque tiene un pariente cautivo y no sabe de él”, dice.

Pero lo más grave de todo, es que entre la gente hay mucha tolerancia a la tortura, tanto sicológica como física, siempre y cuando lleve a más seguridad. Y pocos casos se denuncian.

Al respecto, Sottas enfatiza en que este mecanismo sí puede permitir “sacar a corto plazo un poquito más de resultados efectivos en materia de seguridad, pero tomando el riesgo a largo plazo y desanimar a la sociedad porque si se utilizan de manera sistemática los malos tratos o la tortura, se van creciendo los grupos de resistencia y ellos tampoco van a soportar. Si los tratan así, ellos van a tratar igual”. O sea que se generaría un carrusel de violencia por aquella tolerancia del grueso de las personas del país.