Pelea cementera: Cemex tira la primera piedra

La investigación que adelanta el gobierno contra las principales cementeras del país tuvo hoy un nuevo episodio, que abrirá otra polémica en esta historia.

Cemex, una de las principales productoras de cemento del país, pidió al superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio Escobar, que se declare impedido para fallar en el proceso.

Según la compañía, Rubio Escobar emitió conceptos sobre el caso en distintos medios de comunicación “dejando en entredicho ante la luz pública, su imparcialidad en un proceso administrativo cuya finalidad es realizar una investigación previa y donde nada ha sido probado”, según el documento conocido por Semana.com.

La recusación se refiere a entrevistas publicadas en varios periódicos y declaraciones de Rubio divulgadas por emisoras de radio.

Para Cemex, en esas declaraciones se revelan detalles de una investigación que apenas empieza. Además, queda completamente claro que “se han hecho por el funcionario calificativos de cartel (...) para referirse a la industria cementera, que es la expresión que se utiliza para aquellas empresas que una vez agotada la investigación respectiva han sido encontradas responsables de violar las normas de competencia, cosa que nunca ha ocurrido con Cemex Colombia S.A”.

En la carta, la compañía le dice a Rubio que si no considera retirarse del caso, deberá remitir el tema directamente al Procurador Regional, porque el Ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, jefe directo de Rubio, también ha hecho declaraciones “descalificando igualmente a la industria del cemento”.

Como prueba de este hecho, Cemex presenta en su recusación testimonios periodísticos en los que el ministro Botero se refiere al tema señalando como evidente los acuerdos de precios y las afectación de la libre competencia.

Responde el Superintendente

El superintendente Jairo Rubio respondió que “en ningún momento me he pronunciado sobre la investigación. Lo único que yo he hecho es explicar el alcance de la resolución de la Superintendencia”.

Cree que es completamente imparcial y maneja sólo criterios técnicos frente a los temas y prueba de eso es que de todas las compañías cementeras investigadas, sólo Cemex pidió la recusación. “Esto es indicativo de que entre las otras compañías hay tranquilidad. Es más, el propio abogado de Cemex me dijo que no estaba de acuerdo, porque no hay razón jurídica”, comentó Rubio. Anunció que el tema será remitido al ministro Botero, quien deberá decidir si acepta la recusación o si la remite a la Procuraduría.

La pelea por el precio del cemento empezó hace ya casi un año, cuando el bulto del producto llegó a costar 7.000 pesos, uno de los precios más bajos de los últimos años, luego de estar por encima de los 20.000 pesos. En su momento, Cementos Andino, una de las cementeras afectadas por la caída en la cotización, pidió a la Superintendencia una investigación para determinar si se estaba dando un acuerdo de precios entre las grandes cementeras con el fin de sacarla del mercado.

El pleito concluyó cuando Cementos Argos, otro de los grandes actores del mercado, adquirió a Andino en un negocio tasado en 192 millones de dólares. La Superintendencia aún no ha dado su aval a este negocio. Luego de sellado el acuerdo de venta de Andino, en el segundo semestre del año pasado los precios empezaron a tener un incremento y cerraron 2005, cerca de los 14.000 pesos el bulto.

El mes pasado, el gobierno anunció una investigación para establecer si hubo o no acuerdo en la fijación de precios.

Una de las compañías, Cementos Argos, se comprometió con el gobierno, durante una reunión con el asesor presidencial Juan Lozano, para reducir nuevamente el precio del cemento a 12.000 pesos.

En ese momento, Cemex reaccionó diciendo que no había participado en esa reunión y mostrando su sorpresa por las declaraciones del gobierno para anunciar el proceso. Ahora se anuncia una recusación contra los funcionarios encargados de investigarlos. Aún queda mucha tela por cortar en esta historia.