Tímida expectativa en Barranquilla por el futuro jurídico de su alcalde

Los barranquilleros parecen estar tan decepcionados de la suerte de la ciudad que no muestran interés en la suerte de su alcalde en torno a la decisión que tomará el juez Jafet Puello, quien este martes en audiencia pública anunciará una decisión sobre la petición elevada por el actor popular Gaspar Hernández de hacer efectiva la medida de aseguramiento contra Guillermo Hoenigsberg.
 
Han transcurrido tres audiencias desde que empezó el juicio por el caso de la escandalosa remodelación del edificio donde funciona la administración distrital en el Paseo Bolívar y el juez sólo ha podido pronunciarse sobre la práctica de pruebas solicitadas por los abogados de la partes.

El pasado 6 de septiembre el juez anunció que ese día tomaría una decisión, pero después de varias horas de negar y aprobar nuevas pruebas, dio por terminada la audiencia y convocó para éste martes. En esa audiencia quedó claro que la amistad que los unía, hoy los divide.

Después de 11 años, ya el sumario ha sido calificado y existen dos resoluciones de acusación contra el alcalde. Eso quiere decir, que se ha demostrado una responsabilidad. Pero, además, esa responsabilidad ha sido calificada de dolosa, lo que quiere decir que hubo intención de hacer daño contra Barranquilla, la víctima, que no ha querido defenderse o se ha defendido muy mal.

Entre otras razones, porque quien representaba al distrito de Barranquilla en el proceso era uno de los autores del daño (el actual alcalde, ver nota ‘Yo me acuso’), pero ya fue sustituido por la Contraloría Distrital. Sin embargo, no se espera mucho de la contraloría como parte civil, pero para evitar que así sea, el actor popular anunció que presentará una petición solicitándole al ente de control que pida la suspensión del alcalde de acuerdo con la Constitución Política por haber causado un perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

Los abogados han sacado a relucir todos los recursos para darle largas al proceso, pero el juez dejó entrever que no dará espacio para más dilación y negó practicar nuevas pruebas que ya están en el expediente y accedió a sólo a las que puedan proporcionar nuevas luces.

¿Qué quieren los abogados, por qué si el delito del cual se les acusa es el mismo, las estrategias de los abogados son diferentes? Por ejemplo, Isnardo Gómez, el abogado del padre Bernardo Hoyos, pidió al juez que cambie la calificación de la conducta contra su defendido, de dolosa a culposa. Es decir, esta defensa acepta que hubo una responsabilidad no intencional y reconoce que no fue diligente y por esa conducta se causó un daño.

Mientras que la defensa del alcalde se ha concentrado en tres puntos: uno, sacar del juicio al actor popular Gaspar Hernández, por ser el responsable de que se haya llegado a la etapa del juicio; dos, que se rechace la petición y facultad del actor popular de solicitar la detención de los responsables y una tercera fundada en que la conducta que se le imputa al alcalde debe juzgarse con base en la ley 80 de 1993, que establecía para el peculado una condena de cuatro años y esa condena permite la libertad.

Pero una ley posterior, el estatuto anticorrupción, aumentó las penas para este delito elevándola de seis a quince años. El juicio no es tan simple como parece, se trata de dos procesos, uno por el pago de $3.500 millones otorgados para la remodelación en 1994 y otro que se origina por una conciliación en 1998 en la que se pagó otra suma similar sin existir, al parecer, nada que lo justificara. Para confirmar lo kafkiano del juicio contra Hoyos, Hoenigsberg y otros, es necesario precisar que hay dos procesos fundados en hechos distintos, con algunos de los mismos actores, en tiempos distintos y sometidos a leyes expedidas en momentos diferentes.

Una interpretación sobre las diferencias de estrategia de defensa de Hoenigsberg y el padre Hoyos, puede ser una fundada en la política: el Consejo de Estado al decretar la pérdida de la investidura del padre a comienzos de la legislatura de 2002, lo declaró inhábil para ejercer cargos por varios años y al padre más que su suerte personal, en éste momento parece importarle más la suerte del Movimiento Ciudadano y si va preso, en pocos meses o a lo sumo dos años, estará de vuelta en la zona negra.

Pero si el juez decide que el alcalde Hoenigsberg sea detenido, la alcaldía podría retornar a manos de un miembro del Movimiento Ciudadano. Con la alcaldía en manos de un militante del MC, las posibilidades de elegir a un correligionario de Hoyos en la alcaldía serían mejores que si no tuviera el poder, como hoy.

Y así como Hoyos y Hoenigsberg tienen estrategias distintas para defenderse de la misma conducta (peculado por apropiación), los otros funcionarios también han presentado recursos que permiten pensar que están en una especie de sálvese quién pueda, sin llegar a creer que la suerte de unos pueda arrastrar a los demás. Sobre todo si se tiene en cuenta que el único preso es, Fernando Thorné, el contratista y todas las pruebas que pidieron los defensores encaminadas a probar que no hubo peculado fueron negadas.

En cambio una prueba solicitada por el abogado del ex secretario de Hacienda, Joaquín Fernández Malabet, que quiere probar una falsedad, si fue aprobada por el juez. Consiste en una prueba de documentología para probar que un documento presentado por la defensa de Hoenigsberg a su favor, sería realmente una prueba falsa pues habría sido alterada. Y así, todos los funcionarios que hicieron parte del mismo gabinete y simpatizaron con la misma causa están intentando probar que la responsabilidad era única y exclusivamente del Hoenisgberg y del cura Hoyos, los líderes del movimientos y responsables políticamente de las actuaciones de la administración y que los demás sólo obedecían órdenes.

El abogado de Thorné, el contratista y único preso, dijo a SEMANA que él había propuesto una defensa de cuerpo, pero fue rechazada y desatendida por todos los implicados y por eso hoy están en un sálvese quien pueda.

En medio del creciente caos urbano y la alta tasa de criminalidad, la lucha por el poder que libran estos antiguos aliados puede llevar a la desteñida Puerta de Oro a otra crisis de gobernabilidad si el juez decide que el alcalde debe estar preso. A pesar de la gravedad del asunto, la gente en la calle parece resignada. Por eso, existe la sensación de que a pocos les interesa el futuro de su alcalde.