20 años de Transparencia

Los cuatro invitados al conversatorio previo ya habían dicho otro tanto. Recojo los puntos clave, a mi juicio. Gustavo Bell, académico, negociador de paz y exvicepresidente hizo la tarea de revisar y comparar el histórico del índice que publica TPC, que incluye, entre otros temas, la percepción ciudadana sobre el aumento de la corrupción y la disposición individual a denunciar hechos de corrupción.

A nadie sorprende que la percepción sobre la corrupción haya aumentado: mientras en 2005 el 28% de los encuestados decía que había más corrupción, en 2016 el 61% lo afirmó. Pero lo que no deja de impresionar, como lo señaló Bell, es que, a medida que pasan los años, los colombianos estén menos dispuestos a denunciar la corrupción, que no se limita al sector público y permea todas las actividades del país –sector privado, empresarial, banca, política, deporte y salud. ¿Como somos más corruptos denunciamos menos? ¿Denunciamos menos porque no creemos en la justicia por lenta y corrupta? ¿O es que hasta ahora estamos reconociendo esta otra violencia que se llama corrupción y ahora las cifras en las encuestas lo reflejan?

Entonces, ya la cosa no es solo de tal o cual gobierno corrupto y las instituciones podridas. El asunto no es de falta de leyes de transparencia y de acceso a la información (en lo que mucho ha contribuido TPC); tampoco se resuelve con que los ministros muestren la declaración de renta y patrimonio, como lo piden muy amablemente todos los Presidentes y como muy amablemente cada cual hace lo que quiere. La pregunta y reflexión pasa a la cancha de los ciudadanos, tema que abordó Carlos Raúl Yepes, expresidente del Grupo Bancolombia y líder empresarial. Para él, la creciente corrupción y la falta de denuncia se debe a la cultura traqueta que nos invadió e invitó a “buscar río arriba las causas”, que para él están en que hemos generalizado la cultura del atajo, del vivo vive del bobo, del hágale que después veremos. Poner el ojo en la paja del Estado y no en la viga de trampa propia puede explicar lo que está pasando.

El tercer eje de esta conversación corrió por cuenta de la periodista María Jimena Duzán, quien a diferencia de sus contertulios le ve el lado positivo a las deplorables cifras de corrupción nacional: por primera vez en décadas la lucha contra la corrupción y el escandaloso tema de la corrupción están en la agenda del país, hace parte de la conversación cotidiana. Ya no está confinado al trabajo paciente y arriesgado de algunos periodistas. Por eso Duzán hace el llamado a fortalecer el periodismo independiente (que, a propósito, ha surgido y sobrevivido precisamente en estos tiempos de mayor corrupción, desde mediados de la década pasada), a apoyarlo en todas sus manifestaciones. Claro, que sea más visible la corrupción seguramente derive en acciones reales y menos discurso.

Pero eso se demora, más ahora que el país está en modo electoral. Por ahora, la lucha contra la corrupción está en el discurso, no en hechos. Los propios políticos la han incorporado hábilmente a su agenda electoral y ahora agitan la bandera de la transparencia, eso sí con pocas acciones o resultados que evidencien su verdadero compromiso. Todo sirve para conquistar electores, montarse en la ola de indignación y recoger apoyos de la gente. Es otra forma de corrupción.

En enero arranca la campaña para la elección de alcaldes y gobernadores, figuras centrales en el freno o profundización de la corrupción local y regional. Estas tres reflexiones deberían ayudar al debate y a la elección de buenos gobiernos, a que los ciudadanos nos hagamos responsables.

Para sumar al tema, traigo un artículo que sacó esta semana el New York Times, que se refiere a una investigación del Columbia Journalism Review: en Estados Unidos, el menor cubrimiento por parte de la prensa local de la agenda de los gobiernos locales ha derivado en una clara reducción en la rendición de cuentas e información confiable para la ciudadanía, lo que luego se traduce en menor votación y mayor desapego de los asuntos y necesidades comunitarias.

Y al tener menor vigilancia independiente, menos participación ciudadana (todo reducido a titulares online, sin cubrir realmente las fuentes, sin meter la nariz), aumenta su calificación de riesgo, lo que ha hecho más costoso el acceso a créditos para impulsar proyectos, precisamente porque es menos confiable una administración que no es vigilada. La corrupción nos cuesta a todos, como también lo dijo Delis Ferreira.