¿Aberración jurídica o libreto preestablecido?

Santos les dio golpe de Estado a los colombianos desconociendo el resultado del plebiscito de 2016, en que la voluntad popular rechazó el Acuerdo de La Habana, ya que este pacto les daba impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc. Mediante una manipulación política se llegó a la firma del Acuerdo del Teatro Colón, con el cual se suponía que habría una desmovilización total de este grupo delictivo, con entrega de armas y reincorporación a la vida civil.

Lo que se logró fue facilitar el desdoblamiento de la organización subversiva en dos componentes: el político, con un partido legalizado, y el brazo armado, denominado disidencias, que sigue creciendo y delinquiendo en todo el territorio nacional. El acuerdo Santos-Farc creó, además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya función sería conocer los delitos cometidos dentro del período de la agresión de estos delincuentes contra el Estado hasta el primero de diciembre 2016, posiblemente ejecutados por miembros de las Farc, miembros de la fuerza pública u otros.

Este acuerdo estableció herramientas para que se juzgara a libre albedrio de magistrados a quienes ellos decidieran, generándose lo que hoy se está viviendo: impunidad para los miembros de los grupos delincuenciales y, de otra parte, responsabilidad amañada y falseada por parte de miembros de la fuerza pública, donde algunos han podido ser inducidos a involucrar equivocadamente a sus superiores, buscando una reducción en la condena. Posiblemente se está tratando de involucrar a los comandantes al más alto nivel para demostrar que los potenciales crímenes respondían a una política de Estado para lavarles la cara a los delincuentes y condenar al Estado.

La izquierda tiene un libreto perfectamente claro para aferrarse al poder, guion dentro del cual se debe acabar con la fuerza pública, con la imagen de los líderes de la oposición, con la economía, con la justicia, la educación, la moral y hacer que el pueblo dependa totalmente del Gobierno. Pero lo más aberrante es el acompañamiento paralelo de instituciones como la JEP, que sin ponerse colorados tratan de cambiar y acomodar la historia para vencer al oponente; es así como tienen la vil intención de hacer pasar a un delincuente paramilitar como miembro del heroico Ejército Nacional, para afianzar la teoría de un Estado delincuente.

Esta aberración de la JEP es una afrenta a la justicia colombiana y a las instituciones castrenses del país, debiendo ser objeto de proceso penal sus autores intelectuales y materiales. Estas decisiones absurdas claramente buscan afectar la moral de las Fuerzas Armadas, impactar en el imaginario internacional para que rechacen a las fuerzas legítimas del Estado, para vengarse de los comandantes que impidieron muchas de sus actividades criminales como secuestro, masacres, narcotráfico, violación de niños y niñas, asalto a poblaciones y muchos otros, pero sin lugar a duda quieren llegar a demostrar que los bandidos son los buenos que buscan una justicia social y el Estado es el malo que se los impide.

El Gobierno actual está buscando por todos los medios permanecer en el poder, a pesar de que se ve a la legua el derrumbamiento del modelo autoritario del progresismo gracias a las decisiones ilógicas y perjudiciales que está tomando, afectándose la economía, la calidad de vida de los colombianos y llevando al país a un aislamiento geopolítico, donde la izquierda internacional constituye el único ambiente en que se moverán los intereses políticos del progresismo.

El régimen está comprando los votos para las elecciones de 2026, empleando el presupuesto nacional para comprometer a la juventud, a la clase trabajadora y a los haraganes que no quieren producir, ofreciéndoles que no paguen ni los servicios públicos ni el transporte, generando subsidios por doquier, a fin de que se conviertan en sus títeres, como ocurre en todo gobierno comunista.

El costo de vida está por las nubes y no se toman medidas para frenar las alzas en la comida, en los servicios públicos, los combustibles, los peajes, los pasajes y la inseguridad afecta a todos los ciudadanos, a los productores, a los transportadores y, por último, a los consumidores. Esto demuestra que el socialismo no es como lo pintan los encantadores de culebras.

No nos podemos confiar en que el próximo gobierno sacará al comunismo del poder como por arte de magia; el camino presenta muchos escollos y todos tenemos que contribuir para que nuestro país vuelva a florecer. Sin una justicia real, apolítica y oportuna nunca habrá paz.