La majestad de la justicia

El problema fundamental es que aquí no hay justicia. Hay demasiados abogados, estorbándose los unos a los otros, para que pueda haberla. Interponiéndose, decididos a dilatar indefinidamente los procesos e impidiendo de ese modo que se imparta la “pronta y cumplida justicia” que promete la Constitución. Hay 52 mil abogados (y 30 mil estudiantes de Derecho) para 47 millones de habitantes, cuando el Japón, por ejemplo, para 120 millones solo tiene 15 mil: diez veces menos. Por eso se enreda todo, y todos los culpables quedan impunes. O,  por el contrario, son castigados los inocentes. Un tercio de los detenidos en las cárceles colombianas está a la espera de un juicio.

Eso es así cualquiera que sea el delito o la falta: leve o grave. Y cualquiera que sea su índole: penal, civil, administrativa, disciplinaria. Están a punto de salir en libertad paramilitares responsables de masacres horrendas;  o que tal vez no lo sean: no han sido juzgados al cabo de ocho años de su desmovilización. Los hermanos Moreno Rojas llevan dos años presos, y su proceso va ya por los cien mil folios, y tienen demandada a la Fiscalía por el costo de las fotocopias. El caso del caño de la calle 87 está empantanado desde hace tres años, y los abogados de la parte y de la contraparte han ido presos y han  vuelto a salir libres sin que eso haya acelerado ni un ápice la marcha del asunto: y sigue sin saberse si aquello fue suicidio o asesinato o accidente. Y esto se refiere solo a lo que sale en los periódicos. Porque, como dije más arriba, un tercio de los presos de las superpobladas cárceles del país no ha sido llevado a juicio –por hurto, por parricidio en flagrancia, por lo que sea–. Pero en cambio todo delincuente con dinero puede comprar su excarcelación o lograr que un juez le dé su casa por cárcel, o lo instale en un club de la Policía o en una clínica.

Los jueces se venden. Pero también se venden los más encopetados magistrados de las altas cortes. Está todavía fresco –aunque sin juzgar, naturalmente– el caso del magistrado Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura. Los cargos allá arriba se venden, se compran, se permutan. La muchas veces anunciada reforma de la justicia acabó siendo un festín de jueces y de políticos corruptos. Saltan de rama en rama, como Tarzán de los Monos: del Consejo de Estado a la Procuraduría, de la Fiscalía a la Corte Suprema. Y la Procuraduría inhabilita a un alcalde y el Consejo de Estado lo rehabilita revocando el fallo, con lo cual la Procuraduría radica una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, mientras el inhabilitado, o rehabilitado, o ya no se sabe qué, eleva un recurso de súplica o interpone una acción de tutela ante la Corte Suprema cuya sentencia en firme es a continuación tumbada por la Corte Constitucional, hasta que el paquete entero llega al Tribunal Internacional de La Haya. Y leo que “los ponentes presentan una solicitud de reconsideración que es rechazada por radicación extemporánea, lo cual es insubsanable”. Y se archiva el asunto. 

Buena parte de las noticias de la prensa y la radio y la televisión está conformada por asuntos judiciales. Y todos los periódicos tienen entre sus columnistas cuatro o cinco que solo tratan temas jurídicos, sean constitucionales o penales o contenciosos administrativos. Y los demás también metemos la cucharada en ellos cada dos por tres, como estoy haciendo yo en este momento. Porque creemos que hemos aprendido mucho, de tanto leer al respecto: y hablamos con soltura, aunque no sé si con propiedad, de inexequibilidad  y de presunción de inocencia, de bloque de constitucionalidad y de debido proceso y de tránsito a cosa juzgada. 

Pero la suma de todo eso no hace de Colombia un país en el que impere la justicia. Y no hablo de justicia en el sentido amplio y hondo que tiene la palabra, sino en el más práctico e inmediato de la administración de justicia. 

Aquí de eso no hay.

Pero eso sí, ¡cuántos jueces!

Debiera darles vergüenza.