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Luis Carlos Vélez Columna Semana
Luis Carlos Vélez. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Asalto a la clase media

La clase media colombiana, literalmente, no puede más. Es ella la que lleva la mayor parte de la carga tributaria nacional.


Por: Luis Carlos Vélez

¿Qué tienen en común la reforma tributaria que presenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la que tumbaron del exministro Carrasquilla? Que las dos representan un duro golpe a la clase media de Colombia. Esa por la que nadie pelea, nadie representa y a nadie le importa.

Aunque las dos se presentan como propuestas de impuestos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los menos favorecidos por medio de contribuciones de los que tienen más, ambas pierden de vista que el grupo objetivo al que más exprimen es uno comprendido por cerca de 14 millones de personas que viven quincena a quincena, ya pagan impuestos y ven cómo día tras día su deseo de progresar se ve interrumpido por un Estado que les quita cada vez más y menos les da.

Una familia de clase media en Colombia tiene, según el Dane, ingresos per cápita de entre 690.000 pesos y 3.718.000 pesos. En términos porcentuales, esto representa cerca del 28 por ciento de la población, que vive principalmente en centros urbanos. Como grupo familiar, los ingresos pueden llegar a sumar máximo 14 millones de pesos al mes. Poco o nada se puede ahorrar.

La clase media colombiana literalmente no puede más. Es ella la que lleva la mayor parte de la carga tributaria nacional si se tiene en cuenta que en su mayoría está conformada por asalariados, en gran proporción formalizados, que forman parte de empresas que reportan empleados y que, por lo tanto, ya pagan impuestos. Una familia tipo de este grupo poblacional está conformada por dos padres y dos niños que van al colegio y que, actualmente, de cada 10 pesos que gana, contribuye en promedio en impuestos de renta 1, y entre predial, vehículos, pago de IVA y otros impuestos, un peso. Es decir, si se tiene en cuenta que la nueva reforma tributaria que se presentó podría generar un incremento adicional de 1 peso por cada 10, los llevaría a una tasa impositiva cercana al 30 por ciento.

El problema no termina ahí. Si esta familia resulta tener algún tipo de propiedad, acción, participación bursátil o empresarial, también se enfrentaría a pagar una porción de impuestos basados en el valor intrínseco de su activo.

Estas familias de clase media no la tienen fácil. Con una inflación global encareciendo la canasta familiar todos los días y un dólar que no baja de los 4.200 pesos, ya tiene el agua en el cuello y está esperando a que termine el año para que su empleador le haga un ajuste que le permita sacar la cabeza. De lo contrario, tendrá que enfrentar transformaciones en su modo de vida, como cambiar a los hijos del colegio, modificar su dieta, reformar sus hábitos de consumo o, incluso, vender un activo para poder sobrevivir. ¿A esos les vamos a cobrar impuestos?

Nadie se opone a las iniciativas que busquen sacar de la pobreza a los menos favorecidos, pero no se puede perder de vista que los asalariados enfrentan prácticamente cada dos años un cambio en las reglas del juego tributario, que les quita más y más recursos. ¿La razón? El Estado ya los tiene identificados porque forman parte de la formalidad y no quieren hacer un mayor esfuerzo ni político ni legal para ampliar la base tributaria, incluir informales, grupos de interés que representan un potencial capital político como universidades, Iglesias u ONG.

De la misma manera en que lo dijimos en su momento al Gobierno del presidente Iván Duque cuando presentó su primera reforma tributaria, es necesario que se detenga este asalto sostenido a los bolsillos de la clase media. Tiene que llegar el momento en que se deje de castigar a las familias que cumplen con la norma, pagan impuestos, observan la ley y contribuyen constantemente al país. Es necesario que, finalmente, los Gobiernos se den el lapo y adopten sistemas tributarios mucho más eficaces, como la implementación de un IVA progresivo a todos los bienes y servicios, hagan brigadas de identificación de la legalidad tributaria de comercios y enfrenten en serio la corrupción.

La mejor reforma tributaria para Colombia no es una que exprima más a los exprimidos. Es una que encuentre recursos en los que no pagan un peso en impuestos, ya que están escondidos en excepciones o la informalidad, que recorte los gastos innecesarios del Estado, recupere los dineros que se roban los políticos y les exija a los que ha premiado con acuerdos de paz que compensen a sus víctimas por sus actos.

Nunca se puede perder de vista que el Gobierno vive de lo que las familias ya pagan de impuestos. El Estado solo no produce nada. Con la excepción de Ecopetrol, no hay muchas entidades que generen riqueza o sean autosostenibles. Si no se dan cuenta de que la clase media no da más, esta en algún momento despertará y dejará de soportar en silencio el asalto sistemático del que es blanco. 

El Gobierno Petro ha dado señales de que escucha. Guardo la esperanza de que en este caso recapacite por el bien de todos sus gobernados.