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Asalto al Palacio de Justicia: la izquierda quiere reescribir la historia

Los procesos de paz son un doblegamiento del Estado ante el narcoterrorismo. Es el sometimiento del Estado ante la barbarie que da vía libre a participación en política de delincuentes impunes.

Sofy Casas
9 de noviembre de 2023

Como colombiana es desgarrador el retrocederme 38 años en la historia de nuestro país y el tener que revivir los tenebrosos hechos ocurridos en el asalto al Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por parte de los terroristas del M-19, donde fusilaron a los magistrados, asesinaron también funcionarios, civiles inocentes, hombres de la Fuerza Pública, secuestraron a 300 personas dentro del recinto y causaron graves heridas a otro medio centenar de personas. Incendiaron la edificación para quemar los expedientes de los narcos para evitar la extradición, destruyendo así la edificación, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Aquí queda claro la unión del narcotráfico de la época con los grupos terroristas, aunque esta figura continúa.

Pareciera que nuestro país no aprendió a través de su historia violenta, que el indultar criminales hoy los está llevando a pagar un precio muy alto a consecuencias de nefastas prácticas. El expresidente Belisario Betancur pensó que al sentarse a negociar con estos bandidos lograría el objetivo de frenar un poco la violencia que vivía el país, pero no fue así, en pleno proceso de paz los guerrilleros del M-19 abusaron de su buena fe y asaltaron el Palacio de Justicia, pero la intención también era el llegar a la Casa de Nariño para tomarse el poder. El premio al M-19 por cometer crímenes de lesa humanidad fue la amnistía e indulto y todo tipo de beneficios.

A través de la impunidad, sin pagar un solo día de cárcel y sin reparar a sus víctimas, lograron construir un poderoso partido político hoy llamado Partido Verde, iniciando así una persecución obsesiva en contra de la Fuerza Pública que defendió a la nación y rescató de las garras de estos terroristas a más de 260 personas. A estos héroes de la patria, en vez de darles un ejemplar reconocimiento a su gran labor y sacrificio, les consiguieron la cárcel, el exilio y la destrucción de sus vidas y sus familias. Ante esta injusticia no les bastó con la persecución infame e iniciaron con la aplicación de los principios de la propaganda Nazi de Joseph Goebbels de que una mentira repetida mil veces la vuelven verdad, con falsos testigos e infamias a través de los medios de comunicación, han logrado convencer a los colombianos, principalmente a nuestra juventud, que los criminales del Palacio de Justicia fueron los militares y no los terroristas del M-19.

A esto se le llama el reescribir la historia. Las denuncias hechas por varios militares señalan que el colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, integrada por exmiembros del M-19 y simpatizantes de este grupo, son una pieza fundamental en esta tarea, escondiendo las atrocidades cometidas en contra de los magistrados y funcionarios mediante la pantomima de unos supuestos desaparecidos, que han venido apareciendo en su casi totalidad. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega y el general Arias Cabrales son la imagen viva y el monumento a la injusticia. Estas familias han vivido el infierno en la tierra, llevando a cuestas esta persecución durante más de 30 años.

Hay unas piezas fundamentales, quienes son las figuras más importantes en este asalto y del proceso en contra de los militares, y quienes hoy están en el poder:

  • Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, de quien se dice fue uno de los supuestos planeadores del asalto en coordinación con Pablo Escobar, hoy es el presidente de Colombia y gobierna el país sin sonrojarse y ante la mirada inerme de la comunidad internacional.
  • Ángela María Buitrago, hoy ternada por Gustavo Petro para ser Fiscal General de la Nación, de quien de acuerdo a las denuncias de los militares perseguidos, condujo la investigación, siendo fiscal de los casos del coronel Plazas Vega y general Arias Cabrales, con supuestos falsos testigos y engaños.
  • René Guarín Cortés, exguerrillero del M-19 y quien declaró con de videos dentro del proceso de la entonces fiscal Buitrago, el reconocer saliendo con vida por lo menos a seis de los supuestos desaparecidos, quienes de ahora se sabe que nunca lo estuvieron y que nunca salieron con vida del Palacio de Justicia. Esos falsos reconocimientos fueron la pieza clave para las atrocidades judiciales montadas contra los defensores de la nación. Cabe recordar que hoy este exguerrillero hace parte del gobierno de Gustavo Petro, quien lo premió con el cargo de jefe de Tecnologías de la Presidencia.
  • Marta Lucía Zamora, quien actuó como fiscal del proceso contra los militares en temas de los cuales está comprobado su falsedad, hoy es la directora de la Agencia para la Defensa del Estado.
  • Ovidio Claros, de quien se dice que desde el Consejo de la Judicatura también actuó en contra de los miliares en forma injusta, hoy es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, apoyado por Petro. Su esposa, Olga Lucía Velásquez, es Representante a la Cámara e integrante de la Comisión de Acusaciones y es quien debe investigar junto Alirio Uribe Muñoz, exguerrillero del M-19 y expresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la supuesta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. ¿Coincidencia?

Es de mayor importancia también el recordar el testimonio olvidado del magistrado Samuel Buitrago, quien denunció que los magistrados de la Comisión de la Verdad fueron utilizados para cambiar la realidad de los hechos, echándole la culpa al Ejército de los crímenes atroces cometidos por el M-19, dejando muy en claro que ninguno de estos magistrados de esa Comisión estuvo en los hechos del Palacio de Justicia. El magistrado Buitrago también en sus denuncias mencionó que dicha Comisión no llamó a declarar a la mayoría de los magistrados sobrevivientes, en cambio, llamó a un buen número de miembros del M-19, cambiando así, la verdadera investigación que fue la del Tribunal Especial de Instrucción Criminal creada por la Corte Suprema de Justicia. Esta investigación fue oculta a los colombianos, dejando solo la de la Comisión de la Verdad.

Conversando con varios colombianos mayores de 40 años y radicados en el exterior como Gloria prieto, Mauricio Peña, Iovana Victoria y Juan Pablo Jimenez, todos sus opiniones coinciden en el mismo punto: los procesos de paz son un doblegamiento del Estado ante el narcoterrorismo. Es el sometimiento del Estado ante la barbarie que da vía libre a participación en política de delincuentes impunes.

Estas opiniones también coinciden en algo en común, y es el que tienen claro que el asalto al Palacio de Justicia es un crimen de lesa humanidad perpetrado por los terroristas del M-19 y no por los militares, quienes llegaron al rescate de las víctimas. Si lo comparo con las opiniones de varios jóvenes es completamente opuesto. Para los jóvenes fueron los militares quienes cometieron los crímenes y los terroristas del m-19 son unos pobres arcángeles víctimas de la Fuerza Pública. ¿Ahora entienden por qué si nos están reescribiendo la historia?

Cierro, no sin antes brindarle mi solidaridad a todas las familias que perdieron a sus seres queridos en este sangriento asalto y a los familiares de los once militares que entregaron su vida para que las instituciones y la democracia en nuestro país prevalezcan. A mi coronel Plazas Vega, a su amada esposa, la senadora Thania Vega- a quienes considero mis grandes amigos-, y a sus tres hijos víctimas de esta persecución infame, mi total cariño, amistad incondicional y acompañamiento siempre en los momentos difíciles. La justica tarda, pero llega. ¡Dios y patria siempre!

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