Opinión
Así se aplica la Ley 2453 de 2025 sobre violencia política de género
Una resolución del Consejo Nacional Electoral establece un precedente en la protección de los derechos políticos de las mujeres en Colombia.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicó por primera vez la Ley 2453 de 2025, norma que busca prevenir, atender y sancionar la violencia política basada en género. Mediante la Resolución 10266 del 20 de octubre de 2025, se impuso una medida de protección a favor de una congresista víctima de actos de violencia política, a raíz de expresiones difundidas en redes sociales por otro miembro del Congreso.
La decisión marca un precedente histórico en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, pues constituye la primera aplicación integral de esta ley por parte de la autoridad electoral colombiana. Con ello, el CNE reafirmó su papel como garante de la igualdad, la dignidad y la participación libre de violencia en la vida pública.
Esta se fundamentó en los artículos 11, 28 y 29 de la Ley 2453 de 2025, que facultan al CNE para actuar de manera inmediata frente a casos de violencia política, adoptando medidas preventivas y restaurativas como la rectificación pública y la protección de las víctimas. En virtud de lo anterior, el análisis de las expresiones cuestionadas no se limitó a su contenido literal, sino que valoró su contexto, reiteración y carga discriminatoria, conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional en su reciente Sentencia T-149 de 2025.
Con esto, el organismo identificó patrones de violencia simbólica y psicológica, entre ellos la descalificación por motivos de maternidad, la negación del mérito profesional y el uso de estereotipos de debilidad. Estas conductas, consideradas contrarias a los principios constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos, fueron calificadas como violencia política de género. En consecuencia, el CNE ordenó medidas correctivas como la eliminación de publicaciones discriminatorias y la adopción de garantías de no repetición.
Además, el CNE enfatizó que la violencia política contra las mujeres vulnera los derechos humanos y amenaza el principio democrático. Por ello, aclaró que las medidas adoptadas no buscan restringir la libertad de expresión, sino armonizarla con la protección de la dignidad y la igualdad, de acuerdo con compromisos internacionales asumidos por Colombia, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
En Latinoamérica, países como México, Bolivia, Brasil, Ecuador y Chile cuentan con marcos legales similares para enfrentar la violencia política de género. Sin embargo, son pocos los que aplican medidas efectivas de reparación simbólica, como la eliminación de contenidos ofensivos o la exigencia de disculpas públicas, lo que evidencia la brecha entre la existencia de leyes y su implementación real.
La resolución del CNE, desde una perspectiva preventiva y restaurativa, busca equilibrar la libertad de expresión con el derecho a la igualdad y la participación política libre de violencia. Con este precedente, Colombia se suma a las mejores prácticas internacionales y reafirma su compromiso con una democracia paritaria y libre de discriminación de género.
