¿Buscando la violencia?

El pacifista promueve el debilitamiento de la capacidad de respuesta de su país en el convencimiento, errado y utópico, de que el desarme es la ruta de la concordia. En general, el desarme termina estimulando al agresor y al abusador.

En lo interno, como en nuestra larguísima maldición subversiva marxista, el espejismo de los acuerdos de paz ha generado resultados disímiles. Dependiendo del contexto se ha logrado la integración a la vida democrática con el costo de extensas e ilimitadas amnistías, sometimientos parciales y faltos de sinceridad a cambio de la implementación de sistemas de justicia restaurativa burlescos como la JEP o la eterna manipulación salpicada de horrendo terrorismo de grupos subversivos irredentos como el ELN.

Respecto de la criminalidad organizada, han sido varios los intentos a lo largo de la historia mafiosa de Colombia de realizar acuerdos. El país recuerda el triste sometimiento de Escobar, la compra de la elección de Samper por los carteles, las ambigüedades de justicia y paz con los narcoparamilitares y los acercamientos con los clanes emergentes y las asociaciones y sindicatos de cultivadores de coca.

Ahora vivimos la ruta de los acuerdos secretos de la Picota, respecto de los cuales seguimos sin conocer las implicaciones, y el renacer de las negociaciones con los terroristas del ELN.

Ambas iniciativas pacifistas se desarrollarán con el telón de fondo de las iniciativas de legalización de los cultivos de coca, la suspensión de la cooperación judicial con la extradición, la aparente conformación de un sindicato de países productores de coca para cacarear en instancias multilaterales y el avance en la legalización interna del consumo. Todo esto sin abordar, como debiera ser prioritario y esencial, el desmonte de la prohibición del tráfico y consumo en los países consumidores, principalmente Estados Unidos, creador e impositor histórico de la guerra contra las drogas.

Si al frenesí negociador se le suma el utopismo penalista del ministro de Justicia Osuna, el país se apresta para un escenario dramático y masivo de recrudecimiento de todas las violencias y criminalidades organizadas.

Frente a esta clara perspectiva de recrudecimiento violento, del cual las casas de pique en Bogotá o las masacres en el sur del país son solo una pequeña muestra, Petro, en paralelo sistemático, ha iniciado una purga extensa en la oficialidad de insignia de las fuerzas militares y de policía sin precedente en nuestra historia.

Es claro que el objetivo de la renovación del mando militar y policial bajo banderas ideológicas y premisas de garantismo humanitario y la formulación de nuevos y más restrictivos protocolos de operación buscan desmoralizar y desorientar a la fuerza, pero a la vez son enfáticos en borrar la superioridad militar necesaria y legítima de la fuerza pública frente a todas las graves manifestaciones de violencia y perturbación de la ley en nuestro país.

El efecto acumulado, rápido y degradado de estas iniciativas de la administración Petro será, sin lugar a duda, el aumento de la violencia en los campos y ciudades del país.

Pareciera que Petro y su séquito están dispuestos a encajar el aumento de la violencia, que siempre afecta a los más vulnerables, como un costo necesario de la “transformación” del país. Están convencidos de que su legitimidad moral les permitirá pacificar de verdad al país mediante la entrega de la justicia, parte del territorio, el control político para narcos y guerrillas en muchos municipios y la legalización de la producción de coca.

Los pronósticos son contrarios: el aumento de la oferta de coca sin abordar la prohibición de tráfico y consumo en los países consumidores generará terribles batallas por surtir las rutas de los carteles y los territorios de microtráfico en las ciudades; las guerrillas ven cada vez más cerca la posibilidad de una toma efectiva del poder y usarán las negociaciones para fortalecerse militarmente y extender su control territorial, y las mafias tendrán una oportunidad de oro para profundizar su control de la cadena de valor de la coca y expandir sus actividades de lavado.

La falta de justicia solo alimenta la violencia como mecanismo de interacción social, la falta de justicia y penas contundentes necesariamente aumentará la criminalidad y el debilitamiento operacional de la fuerza pública envalentonará a todos los violentos.

Petro es consciente de estos riesgos. ¿Cree que son inevitables? ¿Está dispuesto a aceptarlos en la carne de los colombianos como el precio de alcanzar su utopía pacifista?

¿O acaso una población acorralada por la violencia será más propicia a la sumisión de su nuevo régimen socialista?