La censura como arma política

Dilma Rousseff aseguró en una oportunidad que prefería ver una prensa libre, con excesos, que censurada. Más tarde, esa misma prensa que defendió como mandataria presionó con fuerza, alentada por los grandes grupos económicos, su salida del Palácio do Planalto. Fue tanta la tinta derramada sobre el tema, con las infaltables encuestas incluidas, que un poco más del 70 por ciento de los brasileños llegó al convencimiento de que la presidenta del país más grande del Cono Sur era en realidad culpable de los delitos de corrupción de los que se le señalaba. Al final, un Congreso de mayoría conservadora, firmó su retiro con la patraña de que había alterado algunos documentos de Petrobras para tapar los huecos fiscales sin la autorización del legislativo.

Lo único que quedó claro de este juicio político contra la entonces mandataria fue solo una demostración del enorme poder del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el partido más grande del gigante suramericano y dueño de la mayoría de los escaños del Congreso. A Rousseff la sacaron de su cargo no porque haya cometido fraude alguno (como lo demostró su defensa) sino porque la mayoría de los miembros del legislativo hacían parte de la banca opositora, la misma que no permitió que Michel Temer (miembro del partido) fuera juzgado y separado de su cargo de presidente por hechos que, a la luz de la normativa jurídica brasileña, resultaron mucho más graves que los que motivaron la salida Rousseff.

Pero aquí el asunto no es solo político, sino también periodístico. No es la función de un medio de comunicación serio defender los intereses (cualquiera que estos sean) de los partidos, sin importar que hagan parte de la alianza de gobierno o no. No es la función de un medio maquillar los hechos políticos para congraciarse con el mandatario de turno y luego recibir los beneficios, políticos o económicos, que esta acción represente. Es un lugar común afirmar que la función del periodismo es informar, y al hacerlo debe anteponer la responsabilidad ética que el oficio le exige a los intereses particulares de los accionistas. Que un medio busque limpiar la cara sucia de un gobierno cuya popularidad se hunde en el fondo de la tabla de las encuestas, no tiene nada de periodístico. Que un gobierno intente silenciar a un medio a través de leguleyadas jurídicas porque sus investigaciones afectan la imagen del primer mandatario, no solo es un atentado contra la Carta Magna, sino también una muestra de desespero ante las críticas y la debacle de sus medidas.

Sacar de la parrilla de la televisión pública a Los puros criollos después de que su presentador hiciera una crítica a ese proyecto de ley que busca beneficiar a los canales privados, eximiéndoles del pago de más de 22.800 millones de pesos, pero sin extender los mismos beneficios a las productoras de los canales públicos, donde se transmiten los noticieros más críticos al gobierno, como Noticias Uno y CM&, tiene un fuerte olor a censura, pero, sobre todo, a venganza por la publicación, entre otras denuncias  hechas, de unos audios que dejan ver el enorme manto de corrupción con el que se arropa el Fiscal General de la Nación, cuya función es, precisamente, perseguir y encarcelar a bandidos y corruptos y cuyo actuar debería ser impecable ante los ojos de los colombianos.

Bajo la premisa de equilibrar la brecha digital existente y que los ciudadanos menos favorecidos pueden tener acceso a las llamadas plataforma digitales, el ministerio de las TIC entraría a regular los contenidos (no el de las plataformas como Netflix, Facebook o You Tube) sino el de los programas de la televisión nacional. “Esa regulación que busca implementarse tiene mucho de la realizada por el Frente Nacional”, ha expresado el periodista y crítico de televisión Omar Rincón. Pero el asunto va más allá. Para el director del Canal Uno, Ramiro Avendaño, las consecuencias de la implementación del proyecto de ley que busca “entre líneas” modernizar la televisión puede resultar fatal para el canal que dirige, pues lo desfinanciaría y llevaría a sus productoras a la quiebra. Rincón se ha aventura a afirmar que detrás de todo esto hay un mensaje explícito del gobierno que busca acallar a los noticieros críticos a su gestión y que en los últimos meses han presentado informes que afectan a algunos miembros del gabinete del presidente Duque. “El canal Uno, el más afectado con esta propuesta, buscan desaparecerlo, ya que le mantienen las mismas condiciones como pagar una licencia que cuesta cientos de millones, al contrario de los beneficios que el gobierno Duque les ha extendido a los canales como Caracol o RCN”, ha expresado Rincón.

Aunque para el gobierno este proyecto de ley busca fortalecer la televisión, las dudas al respeto surgen cuando se conoce que los miembros que conformarían la comisión reguladora de los contenidos serán nombrados directamente por el presidente de la República. Hecha la ley, hecha la trampa, suelen decir los abuelos, pues una ley no puede poner a dormir a unos en la cama (los canales privados) y a los productores y programas de la televisión pública en el suelo. Ahí está el detalle.

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