Cero y van cuatro

Cero en gestión y cuatro gerentes impuestos por el Gobierno nacional, entre ellos, tres interventores de ínfima duración, es el patético balance que entrega el Gobierno actual en su paso por la Nueva EPS. Suena como algo risible, pero no lo es, para los 11 millones de afiliados del mayor asegurador del sistema de salud colombiano.

El entonces Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, ―hoy ocupa ese cargo Giovanni Rubiano― justificó su intervención en el cumplimiento de requisitos mínimos de capital y la persistencia en violación de inversión de las reservas técnicas, deudas con la red e incremento de las quejas de los afiliados. La intervención sucedió el mismo día que en el Congreso de la República se hundió la reforma a la salud que impulsó el gobierno Petro. A todos nos quedó suficientemente claro que los objetivos de dicha intervención eran políticos y muestra de una retaliación siniestra.

Hoy, los resultados de la intervención muestran la dimensión del desastre cometido por este Gobierno. Ya la Nueva EPS completó dos años sin cierre contable: la última cifra conocida data de febrero de 2024, cuando el interventor presentó a la junta un estado financiero preliminar que reflejaba una pérdida de $ 411,383 millones de pesos y dando un drástico giro de la utilidad de $ 10.4 mil millones de pesos, previo al año anterior a la intervención.

Sin embargo, lo más revelador fue que la junta de la entidad ―así como la firma que hacía la revisoría fiscal― se negaron a aprobar los estados financieros. Esto evidenció la absoluta desconfianza existente sobre la información contable presentada por la administración porque, por citar tan solo un ejemplo de esta magnitud, existen 12 millones de facturas de 2023 que no habían sido procesadas y tampoco contabilizadas.

Mientras tanto, el panorama para los pacientes es más que aterrador. Entre enero y noviembre de 2024 se presentaron 1,584,430 quejas ante la SuperSalud, reflejando un incremento del 22 % sobre el año inmediatamente anterior. Hay una insatisfacción generalizada con los servicios que presenta la entidad observada en la negación de fórmulas médicas, la falta de oportunidad en la autorización de citas médicas, demoras en la programación de cirugías y procedimientos médicos. Es muestra fehaciente del fallo generalizado de la entidad y que está sustentado por la propia encuesta del Ministerio de Salud, donde determinó un alto índice de insatisfacción mayor frente a otras EPS de tamaño comparable.

Por otro lado, la red de prestación de servicios muestra un deterioro evidente. Importantes IPS prestadoras de servicios especializados han suspendido sus servicios a los afiliados de la Nueva EPS por falta de pago, como consecuencia directa de la crisis de liquidez de esta institución. Discretamente, varias IPS han venido cerrando su portafolio de servicios, tratando desesperadamente de reducir su exposición de cartera.

La Nueva EPS entró entonces en lo que se podría denominar un círculo vicioso de deterioro progresivo y, posiblemente, irremediable. No puede pagar a su red por causa de su insolvencia; empezó a racionar servicios a sus afiliados con el propósito de protegerse y, ante esa desatención, aumentó la carga de enfermedad acumulada, que se traduce en cuantiosos incrementos en los costos futuros de la atención.

Todo lo anterior erosionó la reputación y confianza pública de la entidad. Ante esta situación, el propio Gobierno nacional no colabora por los continuos bandazos en el cambio de interventores y otros hechos tozudos, como la selección de la actual interventora, que no aprobó los exámenes de conocimiento técnico a los cuales se había sometido para aspirar al cargo. Esta es otra herida inducida por la falta de confianza en los gerentes que no comulguen con las ideas de crisis inducida a la salud del Gobierno.

Más allá de la situación de esta empresa, lo que demuestra este ejemplo de la Nueva EPS es lo que los colombianos pueden esperar del nuevo modelo de salud propuesto por el gobierno Petro. El Gobierno asumió el control total de la entidad tratando de mostrar una gestión pública del sistema de salud ―a través de las intervenciones de EPS que cubren cerca de 30 millones de afiliados― que, claramente, han sido ineficientes.

Los resultados son desastrosos. Evidentemente, una gestión pública descentralizada, como la que pretendió hacer la Superintendencia, tiene problemas estructurales mayores que una gestión mixta público-privada que la reforma a la salud pretende suplir. Esa gestión es profundamente ineficiente, carece de instrumentos de control administrativo con la consecuente imposibilidad de asegurar la gestión adecuada en la prestación de servicios, en el manejo de los recursos y con la consiguiente vulnerabilidad de perder las capacidades en la transparencia y gestión de la información médica y contable.

La Nueva EPS y el FOMAG (el sistema de salud de los maestros) son perfectos ejemplos de la incapacidad de este Estado para la gestión empresarial, su vulnerabilidad a la politiquería y las inmensas pérdidas de bienestar de la población que se generan cuando las ideologías se imponen sobre los sanos criterios técnicos y financieros.