El gobierno electo de Colombia tiene ante sí una inmensa oportunidad de ocupar un espacio de liderazgo regional en la lucha contra el crimen transnacional. No solo porque el gobierno de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo tiene como prioridades fortalecer la seguridad, disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos -que alcanzaron durante el gobierno de Gustavo Petro sus cifras más alarmantes- y aumentar la presencia del Estado en los territorios que hoy están bajo el control de grupos criminales, sino también por la alineación política que se presenta en la región, donde, salvo un par de países, los gobiernos han dado un giro hacia la derecha. Por primera vez en dos décadas hay convergencia política regional en torno a la seguridad como prioridad, y Colombia puede pasar de ser objeto de la agenda hemisférica a ser su arquitecto.
Si bien hay países como México y Brasil, cuyas distancias políticas son evidentes, la realidad del crimen organizado, que los afecta notablemente, debería llevarlos a tomar decisiones prácticas y eficaces, acordes con la gravedad de los hechos que vive la región. Los datos sobre la materia son dicientes: el Índice Global de Crimen Organizado 2025 sitúa a Colombia, México, Paraguay y Ecuador entre los países más desafiados del mundo por el crimen organizado. Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado ha provocado desde el año 2000 tantas muertes como los conflictos armados en el mundo. El crimen transnacional no es, además, solo un asunto de seguridad, sino también de economía: tal como lo han sostenido el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que en América Latina y el Caribe el costo del crimen representa el 3,4 % del PIB de los países de la región. En definitiva, este es un tema que debe ser absolutamente prioritario, no solo para Colombia, sino para todos los países afectados.
Además de la alineación política que favorece la armonización de estos esfuerzos, es necesario llevar lo político a lo institucional con una nueva visión de cómo hacer las cosas. Lo primero sería actualizar las fórmulas diseñadas en el pasado para responder al crimen transnacional, pues muchos de los mecanismos nacionales, binacionales y hemisféricos de seguridad y cooperación internacional han demostrado ser insuficientes frente a las nuevas formas de criminalidad transnacional. Uno de los desafíos más notables es pasar de entender al adversario como grupos a comprender las dinámicas del crimen transnacional como mercados. Existen por lo menos quince mercados criminales a nivel global y en América Latina se concentran doce de ellos, liderados por organizaciones que se asemejan más a corporaciones criminales -que desarrollan un sinnúmero de actividades ilícitas en diferentes países- que a los grupos que históricamente se han combatido en estos escenarios.
En ese propósito, la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas será estratégica, pues este se convertirá en el espacio de mayor articulación para el fortalecimiento de la seguridad en la región, con el apoyo -que es y ha sido fundamental- de Estados Unidos. Entre otros elementos, la incorporación de Colombia a este escenario le dará acceso a inteligencia estratégica en tiempo real, toda vez que el núcleo operativo de esta coalición consiste en que los países compartan inteligencia militar, coordinen operaciones para desmantelar las redes de los cárteles y puedan solicitar asistencia a los países socios, como Estados Unidos, para combatir sus infraestructuras y rutas de tráfico. Y uno de los mayores beneficios es que esta coalición le permitirá a Colombia combatir el crimen donde no llega: fuera de sus fronteras. El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias operan con presencia en Venezuela y corredores en Ecuador, Perú y Centroamérica. Colombia sola no puede tocar esos eslabones, pero una coalición que incluye a Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y los países del Caribe cubre precisamente la cadena logística de exportación de cocaína, del Pacífico ecuatoriano al corredor caribeño. Para ello, también será necesario un trabajo juicioso con los países cercanos, con el fin de evitar el efecto spillover en el vecindario.
Además del Escudo de las Américas, Colombia deberá ocupar un espacio relevante en otros escenarios regionales en los que el gobierno del Pacto Histórico no mostró interés ni ejerció papel alguno de liderazgo. Entre estos, la adhesión al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, iniciativa liderada por el gobierno de José Antonio Kast en Chile y en la que participaron aliados fundamentales para Colombia: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En estos espacios, Colombia no solo debe pensar en adherirse, sino en ser un país líder que impulse el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de seguridad.
Ahora bien, hay una coyuntura especial que puede impulsar el liderazgo regional e internacional de Colombia en la lucha contra el crimen organizado: la presencia del país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta participación es esencial para que Colombia impulse la agenda del crimen organizado transnacional como un asunto que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales, y para darle legitimidad multilateral a la acción hemisférica. Un asunto determinante a incluir en la agenda es el principio de corresponsabilidad, el cual, ante los nuevos escenarios de criminalidad, debe ir más allá del narcotráfico. En esto, el gobierno deberá hacer un trabajo muy riguroso de la mano de expertos en la materia, pues el mandato de Colombia en el Consejo de Seguridad inició durante el gobierno de Petro; el cambio hacia la nueva visión que trae este gobierno deberá ir acompañado de grandes esfuerzos políticos y diplomáticos.
En esta nueva etapa de la política exterior de Colombia, que deberá estar centrada en la seguridad y el desarrollo, la clave del éxito del nuevo gobierno estará en la institucionalización y en la consolidación de una política de Estado que responda a los retos actuales con mayor precisión, compromiso y visión regional.
Sobre estas mismas reflexiones se detiene Colombia global: una política exterior para la seguridad y el desarrollo, publicación reciente que ofrece luces para pensar este nuevo capítulo.