El Gobierno de Gustavo Petro hizo del juego de los congelados una forma de gobernar. Primero, congeló las operaciones militares mientras los grupos narcoterroristas se fortalecían. Ahora parece que la fiscal general, Luz Adriana Camargo —ternada por el propio mandatario—, también entró en la partida y mantiene congelado el proceso judicial más explosivo del país: el de Nicolás Petro.
El expediente contra el hijo del presidente cumple ya casi tres años sin llegar a juicio oral. Hagamos memoria, porque la amnesia colectiva es el mejor aliado de la impunidad. En julio de 2023, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron capturados. En ese entonces, acorralado por las evidencias, el hijo del presidente confesó ante la Fiscalía haber recibido dineros de Santander Lopesierra y del hijo del “Turco” Hilsaca. Una confesión respaldada por chats, audios y pruebas financieras.
Pero el libreto cambió de un plumazo. El 21 de agosto de ese año, el presidente Petro visitó a su hijo en Barranquilla. Después de esa visita, Nicolás cambió de abogados, rompió el acuerdo de colaboración con la justicia y pasó de la confesión a decir que lo habían presionado para autoincriminarse. Desde ese instante, la defensa emprendió una ofensiva de recusaciones, nulidades y pataleos procesales con un único objetivo: dilatar, dilatar y dilatar.
La respuesta de la Fiscalía ante esta estrategia ha sido, por decir lo menos, sospechosa. Tras apartar al fiscal Mario Burgos por la filtración de unos videos, la entidad decidió dejar el caso penal más importante de la historia reciente en manos de Lucy Marcela Laborde, una fiscal provisional. ¿Acaso la Fiscalía no contaba con un fiscal de planta, con la experiencia y la autonomía necesarias para asumir semejante responsabilidad? Asignarle el caso a una fiscal provisional era la receta perfecta para el desastre.
El desastre llegó. Bajo la gestión de Laborde se cometió un error garrafal: exhibir el registro civil y datos de la intimidad del hijo menor de edad de Nicolás Petro en plena audiencia, vulnerando la protección constitucional del niño, lo que le valió una compulsa de copias inmediata por parte del juez. Un error de principiante que le sirvió en bandeja de plata a la defensa la excusa perfecta para frenar el juicio.
Pese a ello, la propia fiscal Laborde solicitó que se impusiera una medida correccional de arresto contra Nicolás Petro y su abogado, al considerar injustificadas sus inasistencias a las audiencias. En esa actuación quedó en evidencia que Nicolás Petro había alegado dificultades económicas para desplazarse a Barranquilla debido a las restricciones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton. Sin embargo, se conocieron imágenes suyas disfrutando de distintos destinos turísticos del Caribe colombiano. Días después de que el juez rechazara esa solicitud, se formalizó su salida de la entidad. La versión oficial dice que no pasó el concurso de méritos; ella asegura que la persiguen y que tiene retén prepensional. Llámelo coincidencia o conveniencia, pero en política las casualidades no existen.
Hoy, cada retraso, cada error y cada decisión que ha terminado favoreciendo al hijo del presidente alimentan la misma tesis: que la lealtad de la fiscal general parece estar más con quien la ternó que con la Constitución. Una demora que no es exclusiva de Nicolás. Es la misma falta de avance que se observa en las investigaciones contra los funcionarios de este Gobierno.
El cierre de la etapa preparatoria dejó el expediente empantanado en el Tribunal Superior de Barranquilla, a la espera de que se resuelvan las apelaciones sobre el abundante material probatorio de la Fiscalía. Una parálisis que alimenta el fantasma del vencimiento de términos, el viejo truco que la defensa conoce de memoria.
Señora fiscal Camargo, la justicia no puede ser un juego de conveniencias políticas ni un traje a la medida del gobernante de turno. Los colombianos no podemos seguir de brazos cruzados mientras las instituciones se arrodillan ante el poder, permitiendo que se burlen de todo un país. Si el apellido Petro es sinónimo de inmunidad, entonces lo que se ha congelado en Colombia no es un proceso, sino la justicia.