Colombia, entre Washington y Caracas: ¿alianza estratégica o complicidad peligrosa?

El presidente Gustavo Petro asume una postura riesgosa al respaldar al régimen de Nicolás Maduro, justo cuando este enfrenta crecientes señalamientos como plataforma del narcotráfico internacional y es objeto de un cerco político y judicial liderado por Estados Unidos. En lugar de fortalecer la histórica alianza con Washington y proteger los intereses estratégicos de la nación, Colombia corre el riesgo de alinearse con un régimen en crisis y con alta deslegitimación internacional.

La relación triangular entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos atraviesa un momento de enorme tensión. En el centro del debate está la percepción de Venezuela como corredor del narcotráfico y la posición del presidente Petro frente al régimen de Maduro. Para Colombia, este no es un asunto externo: compromete de manera directa su seguridad, soberanía y futuro geopolítico.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023, Colombia alcanzó un récord de 253.000 hectáreas de coca cultivadas y un potencial de producción de 2.664 toneladas, equivalente al 67 % de la oferta mundial, lo que la mantiene como país fuente del narcotráfico global. Si bien las rutas de salida son múltiples, la vía marítima concentra entre el 70 % y el 80 % del tráfico, con cargamentos que parten del Pacífico, el Caribe y el Atlántico hacia Estados Unidos, Europa, África e incluso Medio Oriente.

Por su parte, distintos reportes de agencias estadounidenses describen a Venezuela como un corredor estratégico del narcotráfico regional. Se estima que entre 100 y 150 toneladas de cocaína colombiana cruzan cada año la frontera terrestre y fluvial hacia su territorio, donde son acopiadas antes de salir al exterior. Parte de estos cargamentos se movilizan mediante vuelos ilegales hacia el Caribe, Centroamérica y México —con destino final en Estados Unidos—, mientras que otros se embarcan en rutas marítimas hacia Europa, África y Medio Oriente.

A diferencia de Colombia —cuyos esfuerzos contra el narcotráfico han recibido reconocimiento internacional, especialmente por parte de Washington—, Venezuela aparece señalada en informes de seguridad como espacio de convergencia de múltiples estructuras criminales. Según estos reportes, en su territorio operan carteles mexicanos y grupos armados colombianos como el ELN y las disidencias de las Farc, además de sospechas sobre posibles vínculos con organizaciones extremistas como Hezbolá. Este entramado, facilitado por redes asociadas al denominado Cartel de los Soles, combina narcotráfico, crimen organizado y actores de carácter autoritario, con implicaciones que trascienden lo regional para impactar la seguridad internacional.

En este contexto, resulta preocupante que el presidente Petro minimice o desconozca las denuncias sobre el Cartel de los Soles, a pesar de los señalamientos judiciales y del consenso internacional que vincula a Venezuela con el narcotráfico y el crimen transnacional. Más allá de afinidades ideológicas, esa postura representa un riesgo directo para la seguridad nacional y amenaza con debilitar una alianza estratégica con Estados Unidos que ha sido decisiva para Colombia durante más de cuatro décadas.

La decisión de desplegar 25.000 efectivos colombianos en la frontera binacional, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, envía un mensaje ambiguo. Más que una estrategia clara de seguridad, parece alinearse con la necesidad del régimen de Maduro de proyectar legitimidad y ganar oxígeno político con respaldo colombiano, justo cuando crece su aislamiento internacional y Estados Unidos intensifica la presión diplomática, naval y aérea.

Colombia, por su ubicación y condición de país fuente del narcotráfico, ocupa un lugar central en esta coyuntura. Sin embargo, el presidente Petro parece apostar por una jugada arriesgada: respaldar a un régimen cuestionado por su rol en el narcotráfico global, debilitado y en franca decadencia. Con ello, compromete la relación estratégica con Washington, alianza que ha representado un valor incalculable en materia de cooperación militar, diplomática y de seguridad.

En este momento crítico, Colombia necesita actuar con visión estratégica y responsabilidad histórica, evitando comprometer sus intereses nacionales en defensa de un régimen sin futuro. Lo que conviene al país no es sostener un refugio para grupos armados ilegales y redes del crimen transnacional, sino fortalecer la cooperación internacional y la defensa de la democracia como ejes centrales de su política exterior y de seguridad.