Comisión Internacional contra la Impunidad

En días pasados, el director de la Justicia Penal Militar propuso la creación de una ‘comisión internacional contra la impunidad’, en razón a la “disfunción social” que tiene como base el narcotráfico, la minería ilegal y un cúmulo de “anexidades criminales”, que generan un efecto devastador en todas las instituciones sociales, las captura y las somete. En síntesis, los poderes fácticos de las organizaciones criminales que se sitúan por encima del Estado y transcienden las fronteras.

En su opinión, se debe pedir apoyo a organismos multilaterales como la ONU o la OEA, para la creación de una comisión enfocada en combatir el narcotráfico, la minería ilegal y delitos conexos, de suerte que potencie el ejercicio de la acción penal y la investigación criminal, pues, hasta la fecha, no se ha podido hacer frente a este grave problema. Sería un refuerzo estructural al sistema de investigación.

Además, considera que la existencia de varios tratados internacionales contra la corrupción y el narcotráfico, que implican adoptar métodos eficientes de investigación criminal, justificarían la creación de la comisión, es más, desvirtuarían sus incumplimientos.

De otra parte, señala la incapacidad de la Fiscalía y del Estado colombiano en la investigación y juzgamiento de los grandes casos de narcotráfico y minería ilegal.

Finalmente, evoca el antecedente de una comisión similar en Guatemala y recalca que se trataría de un asesoramiento y coadyuvancia técnica, de manera que no afectaría las funciones constitucionales del ente investigador, como tampoco del ejercicio de la acción penal, que se mantendría incólume.

Los efectos del narcotráfico en la historia reciente han sido aterradores. Magnicidios de funcionarios públicos, candidatos y periodistas; explosión de bombas contra la población; planes “pistola” contra policías; escándalos de financiación ilícita de campañas presidenciales; en fin, corrupción y otras clases de delitos. Menos evidente, pero con otros efectos nocivos, ha sido la minería ilegal.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, de la Universidad de las Américas, en Puebla, Colombia está en el puesto 49. En 2017, estuvo en el puesto 61, de 67 países evaluados. La seguridad y la administración de justicia son los dos aspectos con mayores problemas, atribuibles a la debilidad del Estado y de los partidos políticos, agravada por el narcotráfico y la violencia continuada.

Según un informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023, de 57.582 denuncias por corrupción administrativa, el 93,99 % no tiene condena; el 89,7 % no presenta capturas; y el 77,15 % está en indagación.

La impunidad en Colombia ha sido permanente a lo largo de los años. En el orden constitucional anterior se previó que el Ministerio Público persiguiera los delitos y, posteriormente, se crearon jueces de instrucción. Con la Constitución vigente se creó la Fiscalía como órgano de investigación y acusación, a la postre reformado solamente para acusar. No obstante lo anterior, los índices de impunidad se mantienen alrededor del 90 %. Es decir, de 10 delitos, se condena 1.

El antecedente de Guatemala, con una comisión como la propuesta, donde el actual ministro de Defensa Iván Velásquez fue su último comisionado, terminó con la disolución del órgano y una investigación penal contra aquel, a pesar de gozar de inmunidad y de haber intervenido en casos de especial complejidad, que generaron opiniones divididas.

Es cierto que tenemos altísimos índices de impunidad, delincuencia organizada de narcotráfico y minería ilegal, corrupción administrativa y defectos históricos estructurales en la investigación criminal, pero estos no se resolverán con un órgano asesor internacional con posible inmunidad de sus miembros. Lo que se requiere es voluntad política para el fortalecimiento de la Policía, de la entidad acusadora y de la justicia penal, recursos técnicos de investigación, personal especializado, todos alejados de la política y con alta credibilidad institucional.

Cita de la semana: “Cada 60 minutos, se cometieron 44 hurtos a personas, para un promedio de 1.052 casos diarios, y cada 49 minutos se ejecutó una extorsión en Colombia, para una media de 29 actos cada día”. - Reloj de la criminalidad (primer semestre de 2023), Corporación Excelencia en la Justicia.