Con Venezuela: el mundo al revés

El laudo español de 1891 estableció que la frontera en los Llanos Orientales iría por el río Sarare, paralelo al Arauca y actualmente en territorio venezolano, hasta cerca de la población de La Victoria, teatro de los acontecimientos actuales en la región.

Posteriormente, el tratado de 1941 estableció que la frontera corría por el río Arauca desde su nacimiento, de tal manera que la faja entre el Sarare y el Arauca quedó reconocida como territorio venezolano. Se creyó que, así, todas las diferencias habían quedado zanjadas.

Sin embargo, otro tipo de conflictos se presentarían en la región, cuando grupos de las FARC y del ELN comenzaron a ser acogidos en Venezuela huyendo de la acción de las autoridades colombianas.

Además, encontraron las facilidades para la comercialización y el tráfico de cocaína que era transportada desde numerosas pistas clandestinas ubicadas en el estado Apure. En muchas localidades estos grupos actúan como árbitros y verdaderos dueños, sin que las denuncias del Gobierno colombiano hayan merecido la menor acción.

Sorpresivamente, esta semana, el canciller de Maduro envió una comunicación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunciando “la incursión de grupos armados colombianos” en el estado Apure con el fin de desestabilizar a Venezuela.

El régimen pretende colocarse no solamente como víctima de una perversa acción dirigida por el presidente Duque, sino que solicita que en el marco del artículo 34 de la Carta de la ONU, en la próxima reunión en la que el Consejo de Seguridad reciba los reportes periódicos sobre el avance del Proceso de Paz en Colombia, se disponga de una investigación sobre los grupos armados que desde Colombia actúan “contra Venezuela”. Es decir, el mundo al revés.

Curiosamente, la comunicación venezolana se refiere a la investigación en territorio colombiano, pero discretamente omite referirse a lo que sucede en Venezuela. Entre otras cosas con la violación a los derechos humanos, la corrupción y la presencia activa de grupos armados colombianos que cumplen tareas en varios estados venezolanos.

Podría ser la oportunidad para que la ONU finalmente envíe una comisión de investigación a Venezuela, desde donde se apoya y se sostiene a los grupos armados y se violan sistemáticamente los derechos humanos y se comercializa la droga.

Independientemente de eso, la presencia de grupos armados colombianos en Venezuela constituye una amenaza real para Colombia, pero también afectan a la misma Venezuela. Los hechos lo están demostrando.

Es evidente que al gobierno de Maduro no le conviene ser un puntal en el tráfico y la comercialización de las drogas. Para completar, el problema migratorio es uno de los más graves del mundo y aunque no se diga y se den todo tipo de argumentos para minimizarlo, afecta seriamente a Colombia. Pero tampoco Venezuela puede olvidarse de sus migrantes: eso no lo hace ningún país del mundo. Debe hacer un seguimiento.

Es posible que haya llegado el momento en el que, las autoridades militares, policiales, judiciales y migratorias de ambos países actúen coordinadamente para enfrentar esos retos.

Ni las declaraciones amenazantes y acusaciones absurdas de autoridades venezolanas, ni la actitud de aislarse del gobierno de Maduro como si tuviera covid-19, van a solucionar los problemas. Tarde o temprano habrá que enfrentarlos conjuntamente.