Congreso inútil

El Congreso de Colombia como lo conocemos fue creado en 1821. La idea de constituir esta rama del poder público surge a partir del modelo de los estados liberales. Su objetivo, pese a ser variado, es comprender la esencia y personificación del principio de democracia representativa, institución a través de la cual los colombianos tenemos voz y voto en las decisiones más importantes que atañen a los ciudadanos, en especial, en lo referente a sus derechos, valores, libertades, garantías y deberes.

En la perspectiva moderna, el Congreso cumple un número importante de funciones derivadas, precisamente, del atributo de la democracia representativa. Principalmente, al Congreso se le atribuye la facultad legislativa, función que tiene a su vez distintas aristas o formas en que se desarrolla. Comprende la atribución de reformar la constitución a través de acto legislativo, crea las leyes en sus distintas clasificaciones, aprueba tratados internacionales, asimismo faculta al presidente para que pueda dictar decretos con fuerza de ley, entre otras. De la mano de la función legislativa, se encuentra la muy reclamada potestad de control político, pocas veces fructuosa, que se materializa cuando se hace una moción de censura en contra de un funcionario gubernamental o cuando se presentan proposiciones de control, denuncias públicas o solicitudes de información a las distintas entidades.

En otro grupo de funciones se encuentra la facultad electoral, que se materializa cuando el Congreso en pleno elige al contralor general de la República, magistrados del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Asimismo, a través del Senado, elige al procurador general de la República y magistrados de la Corte Constitucional; por intermedio de la Cámara de Representantes, al defensor del Pueblo.

Finalmente, están las funciones a cargo de la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, completando así unas funciones judiciales de especial importancia, que aunadas a la función del Senado de aprobar o no las acusaciones que hace la Cámara, comprenden el sistema de investigación y juzgamiento de altos dignatarios del Estado, donde se encuentra incluido el presidente de la República.

Sobre esta última función pareciera que las presiones y acusaciones del Gobierno sobre el inexistente “golpe blando”, y ahora la “ruptura institucional”, no solo generó una narrativa victimizante en titularidad del ejecutivo y opinadores adeptos a la causa Petro, sino que hicieron menoscabo en las funciones constitucionalmente encargadas al Congreso de la República, quien, cargado de ilegitimidad popular, no responde al llamado superior de cumplir fielmente sus funciones y, por el contrario, observamos un silencio cómplice auspiciado y sazonado con altas dosis de mermelada. Interesante que frente a los 500 millones de pesos que donó Fecode a la campaña Petro, por fin mostraran “los dientes”, y que lo más seguro es que no pase nada. Lo anterior y como toda regla, con algunas notables excepciones de parlamentarios que nos regalan dignidad, independencia y compromiso con la labor encomendada.

Nuestro parlamento carece de controles efectivos en su gestión, la execrable corrupción que corroe y corrompe todo, ha hecho un festín con el legislativo por cuenta de las decisiones que se han tomado a nivel de aprobación de iniciativas del Gobierno. Basta observar la forma tan descarada como el Congreso aprueba la nefasta iniciativa de reforma al sistema de salud, la cual anuncia su segundo debate ante el Senado. Son más que notables los rastros y huellas que deja a su paso la corrupción y el clientelismo que han adornado este trámite de deliberación. Nuestros congresistas no han siquiera revisado o calculado el gran daño e impacto que esta propuesta le causa al país. ¿Hasta dónde y hasta cuándo los ciudadanos debemos asumir y pagar el precio por tan aberrante iniciativa?

Lo anterior demuestra que la corrupción es el principal enemigo de la democracia y, para infortunio de la ciudadanía, esta ha hecho metástasis precisamente en el lugar donde reside con mayor preeminencia el principio democrático. La gente está hastiada de la corrupción y de la clase política, a tal punto que hoy hablar de un político es tener una referencia absolutamente desfavorable. A octubre de 2023, Invamer reporta que la imagen desfavorable del congreso alcanza el 70 %.

A manera de propuesta, podría revisarse la idea de que el Congreso de la República, que hoy cuenta con 108 senadores y 187 representantes a la cámara, en total 295 congresistas, pueda reducir significativamente su número a 100, cincuenta representantes y cincuenta senadores. Resulta inexplicable cómo la tercera parte del país, representada en 11 departamentos, no cuentan con representantes en el Senado, siendo estas zonas hoy en día las más afectadas e históricamente olvidadas. O peor aún, ¿qué explicación existe cuando departamentos como Atlántico y Córdoba tienen mayor presencia en el Senado por encima del Valle del Cauca, que cuenta con mayor número de habitantes?

Lo anterior resulta más llamativo si se calcula el hecho de que los parlamentarios trabajan en promedio 15 horas a la semana en el recinto del capitolio nacional y gozan de tres meses de periodo vacacional, aunado a los pagos exagerados que les permite alcanzar un sueldo de hasta 43 millones, más los 50 millones para designar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Cuentan además con la asignación de mínimo dos camionetas blindadas independiente de su nivel de riesgo, cada una por un valor mensual de 15 millones, sin contar los seguros de vida por 650 millones o los gastos funerarios por 150 millones.

Piénsese que, de la mano de la iniciativa de reducción del congreso, está la de cualificar la función legislativa. No podemos seguir admitiendo que quien no tiene una formación siquiera básica, en asuntos económicos, salud, derecho, políticas públicas, etc., emita votos en favor o en contra de iniciativas que ameritan un estudio en profundidad y no un simple voto a cambio “de”.

Precisamente sobre este tema indica el Observatorio de la Universidad Colombiana que actualmente el Congreso cuenta 44 servidores que no reportan ningún estudio universitario a nivel de pregrado (bien sea técnico, profesional, tecnológico o profesional universitario), 108 registran algún pregrado como máximo nivel de estudios, y solo 6 reportan algún nivel de estudio a nivel de doctorado (aunque no todos se hayan graduado). Otros 44 registran una o más especializaciones como máximo nivel de estudios y 73 tienen maestría como máximo nivel. Estos indicadores no solo deben mejorar, sino lograr el máximo posible de idoneidad.

Conforme a lo anterior, la política y la labor legislativa no puede quedar circunscrita a una labor notarial y paga al mejor postor con favores clientelistas, burocracia y contratos. Ha de recordarse que en dicho recinto se toman las decisiones más importantes en la vida de los colombianos. Por ello, desde ya, debe acabarse con la mala praxis de los “cupos indicativos”, que no son otra cosa que una rampante corrupción a cambio de votos favorables a iniciativas gubernamentales en el Congreso.

Es cierto que la política se ha convertido en una empresa, donde elegirse cuesta muchísimo dinero y luego quien llega de una u otra manera debe “recuperar” su inversión, a costa incluso de la dignidad con la que lo ha investido el proceso democrático. Es hora de proponernos un verdadero cambio de costumbres políticas, no más de lo mismo, el “negocio” con los recursos públicos debe acabar, la política debe depurarse. Servir al ciudadano debe ser su principio y su finalidad, instituirse como el arte de gobernar y resolver los problemas de nuestra cotidianidad.