¿Cuánto nos va a costar?

El pasado 13 de febrero se cumplió un año desde que el Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 339 de 2023 para la reforma a la salud. Han pasado las dos aprobaciones de la Cámara, la última en la plenaria el 15 de diciembre del año pasado. Hasta ahora la reforma social más importante que puede abordar el país, la única que afecta a los 50 millones de colombianos, no ha merecido el más elemental análisis: ¿cuánto va a costar?

Ha transcurrido un año tras un aval para la más importante de las reformas sociales. Han pasado dos ministros de Hacienda y la única actuación realmente efectiva sobre el proyecto de ley ha sido la inclusión de un artículo, el 120. A manera de una trágica ironía, especifica que “las normas de la presente ley que afecten los recursos del Presupuesto General de la Nación deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al marco de gasto de mediano plazo, y al marco fiscal de mediano plazo”.

¡Qué tremenda irresponsabilidad! Un proyecto que pasó dos de cuatro debates, e iniciará el tercero en la Comisión Séptima del Senado de la República. Aún no se vislumbran las cuentas más elementales que permitan a los senadores saber si lo que están aprobando es viable. Si los colombianos podemos tener la mínima garantía que lo que será aprobado en el Congreso será financieramente viable, mientras se erosiona el sistema vigente y se trata de montar uno nuevo que hoy nadie sabe cuánto va a costar. Mucho más en la coyuntura actual de muy bajo crecimiento y perspectivas de estrechez presupuestal que cada vez son más claras.

Los ministros de Salud y otros funcionarios del presente gobierno han salido a decir que la reforma es posible con la reorientación de los recursos existentes. Esa es una tremenda falacia, cuando dicha afirmación no se acompaña de las respectivas estimaciones de los nuevos rubros de gasto y la explicitación de los supuestos en que se basan dichas afirmaciones. Un dato a tener en cuenta: el funcionario encargado de la unidad analítica de datos de salud en MinHacienda renunció por reparos al aval fiscal que se ciernen precisamente sobre la reforma. Muy evidentes las razones explícitas de su decisión.

Al revisar concienzudamente el texto aprobado por la Cámara de Representantes se evidencian 87 (¡sí, 87!) nuevos rubros de gasto en la reforma a la salud. Estos incluyen nuevas inversiones en infraestructura de servicios, como los Centros de Atención Primaria en Salud, de los cuales se estima necesario construir o adaptar más de 2.000 en todo el país; la financiación de las redes y centros de referencia para la atención de enfermedades huérfanas/raras; las instituciones de salud itinerantes para atender las zonas apartadas del país; el plan nacional de equipamiento en salud y el programa de créditos blandos para IPS públicas, privadas y mixtas. ¿Cuánto nos va a costar todo eso?

El proyecto de ley prevé el desarrollo de 21 nuevos sistemas, entre los cuales se incluyen: uno intrarregional de referencia y contrarreferencia de pacientes; uno de inscripción y verificación de servicios farmacéuticos que puede llegar a cubrir 30.000 farmacias del país; el sistema de monitoreo de redes integradas e integrales de servicios de salud; el sistema de reconocimiento y pagos a la atención primaria; otro sistema de reconocimiento y pagos de prestaciones para la Adres y muchos más. Todo ese andamiaje debe construirse de cero para reemplazar todas las funciones del aseguramiento financiero y de salud que hoy hacen las EPS y se ha construido, con gran esfuerzo, a lo largo de los pasados 30 años. Esa plata se botará a la basura.

Mención especial es que para reemplazar todas las funciones de autorización de servicios, información y pagos que hoy ejecutan las EPS, será necesario diseñar y montar un “sistema público unificado e interoperable de información en salud”, sobre el cual no existe hoy ni siquiera un anteproyecto, ni un estudio básico de factibilidad. El nuevo sistema no será viable sin la centralización de la información, pero hoy el Ministerio de Salud no puede dar razón de cuáles son las variables que se incluirán; cómo se logrará interconectar con los lugares remotos; cuánto costará ni cuánto tiempo llevará su implementación.

Hasta ahora, en las Américas no existe un sistema de tales características. Algunos países desarrollados, con sistemas públicos que se han metido en esa epopeya, han tenido fracasos rotundos. Pero parece que en este proyecto de ley el papel aguanta todo y muchos congresistas no comprenden o no les interesa entender.

Desde el punto de vista del gasto, el análisis no es el mejor. El sistema propuesto aumentará la fragmentación de los servicios y romperá todo el esquema de incentivos y modelos de contención del gasto que el sistema actual ha desarrollado. Generará una nueva plataforma de servicios con los famosos Caps; creará una intermediación más costosa al transformar a las EPS de aseguradoras en gestoras -sin responsabilidad en la contención del gasto-; aislará los componentes del sistema rompiendo la integralidad con nuevas estructuras, como las redes para la atención de enfermedades huérfanas/raras, las instancias para la atención en las zonas dispersas y el plan de salud rural. Mucho traslape de funciones que desembocará en una mayor ineficiencia e insuficiencia de recursos para la operación.

El ministro de Hacienda tiene la responsabilidad histórica de contarle al país cuánto va a costar esta reforma, con base en estudios serios y verificables. Los senadores -antes de votar- deben saber qué implicaciones tendrá para los colombianos lo que estarán aprobando y, si lo hacen a conciencia, evaluar las repercusiones en cuanto a una reforma que -a vuelo de pájaro- parece financieramente inviable.