Debates farisaicos

En las últimas semanas la opinión pública anda escandalizada con la recepción tardía por parte del gobierno de Juan Carlos Sierra, un narcotraficante pedido en extradición, al proceso de Ralito, y con la acusación de la Fiscalía a Vicente Castaño de haber sido autor intelectual del asesinato de su hermano Carlos.

En el primer caso la gente sintió que alguien mentía. Hace dos años, Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz dijo en radio que “históricamente el señor Juan Carlos Sierra nunca ha pertenecido alas autodefensas”, y que nunca se lo presentaron formalmente como miembro de las autodefensas y “además el gobierno tiene en sus servicios de inteligencia un análisis muy detallado y no lo ubica como parte de ninguna organización de autodefensas”. Hoy resulta que leyeron por fin la acusación de la justicia estadounidense con cuidado –les tomó dos años hacerlo, quizá porque los servicios de inteligencia no hablan inglés– y descubrieron que el angelito cambiaba cocaína por armas para las AUC, y por tanto es digno de estar entre los escogidos.

En el segundo, la Fiscalía le da piso a un secreto a voces y acusa a Vicente Castaño de haber estado detrás del asesinato de su hermano Carlos, cuando se suponía que las AUC ya estaban en ánimo negociador, y se habían comprometido a cesar los fuegos y metérsele en serio a la paz.

¡Fratricidas, narcos, por favor! ¿Con quién se está negociando?, se preguntan hoy muchos aterrados.

Pero la escandola tiene mucho de farisaica. Desconoce el tema de fondo. Desde el principio todos sabemos que estos jefes no eran almas puramente políticas, sino que había auténticas autodefensas financiadas por el narcotráfico, narcos que se volvieron paras para cuidar su negocio, narcos que compraron franquicias que ofrecía las AUC por todo el país. Y el gobierno tuvo que negociar con esta amalgama disímil de grupos ilegales armados, por la misma razón que Pastrana intentó hacerlo con las Farc, y antes de eso Gaviria llegó a un trato (luego fallido) con Escobar. Porque no tenía capacidad para doblegarlos por la vía militar o policial.

A Uribe lo eligieron los colombianos en 2002 con la prioridad absoluta de que frenara la despiadada arremetida de las Farc contra la sociedad. Pero éste se encontró con que los paramilitares estaban cometiendo más de 120 masacres por año desde 1999. No habría triunfos antisubversivos que valieran en medio de ese baño de sangre de las AUC. Pero combatir Farc, ELN, paras y narcos, todo a la vez, era un imposible estratégico. Por eso se sentó a negociar con las AUC, para que frenaran el terror y se desmovilizaran. Y mucho de eso se ha logrado.

Por eso, en lugar de desgarrarnos las vestiduras porque un narco más entró a Ralito o porque constatamos que de la crueldad de unos de ellos no se salva ni su propia familia, lo que sí debería escandalizarnos es que el gobierno no esté haciendo más para atacar las dos grandes fallas del proceso. Ni parece estar en serio dedicado a desmontar la transformación paramilitar en una mafia urbana tenebrosa y soterrada que ya está en curso. Ni tampoco empeñado en acelerar la voluntad de los jefes para que empiecen realmente a entregar bienes y dinero para reparar las víctimas. Esta última es una pieza crucial para que el proceso adquiera credibilidad.

Es mejor tener a los jefes paras en La Ceja jugando naipe, que armando masacres. Es preferible que Sierra –y los demás– le entregue sus millones mal habidos a un Fondo de Reparación de Víctimas y que no siga comprando fusiles con coca. Es mejor que las fuerzas sociales y políticas –incluido Estados Unidos– se concentren en presionar para que los paramilitares desarmen sus negocios ilegales y reparen cuanto antes el enorme dolor que causaron, a que se desgasten apagando incendios, cada vez que se descubre cómo han sido de malos los jefes de las AUC.