La semana pasada hablé sobre cómo frenar la compra de inmuebles con efectivo. Hoy toca decir algo bastante incómodo. Cuando frenas de verdad a las bandas que crecieron bajo la llamada paz total, cortas de golpe al dinero que movía a pueblos enteros. Ese mismo dinero sirvió para impulsar a su candidato en las elecciones y buscar la continuidad del proyecto político en las regiones donde operan con libertad. Eso jamás fue desarrollo, era liquidez ilegal moviendo el comercio local, los arriendos y el transporte.
Algo similar pasó en El Salvador. A Bukele le advirtieron que si terminaba con las pandillas arruinaría la economía local, porque ese dinero inflaba el consumo en los barrios. Le pronosticaban desplomes gigantescos en el producto interno bruto. No les prestó atención, actuó de frente, sostuvo el impacto inicial y el país no se cayó. Todo lo contrario, volvió a crecer y demostró que quitarse a los criminales de encima terminó eliminando el freno que llevaba décadas estancándolos.
Aquí la paz total hizo exactamente lo opuesto. En medio de negociaciones y treguas, la coca y el robo de combustible terminaron disparados. La producción alcanzó máximos históricos y el dinero del narco, sumando miles de millones de dólares al año, pasó a mover los hilos de la economía.
Con ese dinero compraron armamento en regiones enteras y financiaron campañas para mantener vivo el proyecto político oficialista mediante votos presionados y dinero sucio. Hoy, tras la ofensiva de las Fuerzas Militares al mando del presidente De La Espriella, esa maquinaria electoral ya no tiene cómo repetir el libreto. Y lo tienen muy claro.
Este proceso de desarticulación trae un impacto en dos etapas que hay que afrontar sin rodeos.
A corto plazo se siente con fuerza donde el narcotráfico era el único sustento. Menos dinero circulando significa bajón en ventas, restaurantes vacíos y transporte frenado. La liquidez de los pueblos que vivían de este negocio se viene abajo. La incautación masiva de droga y la destrucción de laboratorios en las últimas semanas ya reflejan ese golpe económico. Es el mismo precio inicial que asumió Bukele y que acá se evitó por años con la excusa de que no se podía actuar de manera radical.
A mediano y largo plazo la historia cambia por completo. El dinero de la mafia cobra un peaje permanente de extorsión, inseguridad y violencia. Cuando cortas esa red y retomas el control del territorio, ese costo desaparece, el riesgo baja y se abren las puertas para la inversión, el turismo y el empleo formal. El Salvador dejó esa lección clara. Aquí la escala es mucho mayor, pero la lógica es idéntica. Quien pretenda negar esto es porque saca provecho de ese dinero sucio.
El peligro real no está en golpear a estas estructuras. El peligro es actuar sin una estrategia clara para después. Si las autoridades pegan el golpe pero no entregan títulos de tierra, no impulsan proyectos productivos ni masifican pagos con trazabilidad digital, la rabia social se convierte en insumo político. Y si ocurre lo opuesto, es decir, desarrollo sin fuerza pública, volvemos al dominio de los grupos que se fortalecieron con las treguas. No existen los paños de agua tibia.
La lucha contra las organizaciones narcoterroristas por el negocio ilícito exige consistencia. Cortarles el flujo de caja genera un impacto inmediato en las zonas que dependían de ese efectivo y golpea a quienes necesitaban de esos recursos para perpetuarse en el poder. Nada de esto debe ser excusa para frenar. Todo lo contrario, es la razón principal para mantener la presión militar, desmantelar sus finanzas y, en paralelo, llevar oferta institucional y alternativas legales.
El Gobierno tiene que actuar en ambos frentes y la ciudadanía también. Resulta incoherente exigir orden desde la capital y al mismo tiempo tolerar en las regiones la extorsión, las economías turbias o los negocios que alimentan a estas bandas. Apoyar a la Fuerza Pública cuando finalmente hace el trabajo que se postergó por años no es fanatismo, es entender una regla básica: sin seguridad en las regiones no existe economía legal posible.
El Salvador enseñó que el temor a cortar ese dinero sucio suele ser mayor que el impacto real. Aquí la huella de las treguas anteriores fue bastante más profunda e involucró recursos que terminaron empujando causas políticas. El principio sigue intacto: esa liquidez jamás trajo progreso, solo representaba un peaje de la violencia y un recurso para mantener el control.
Desmantelar ese entramado genera un remezón donde la mafia era el sostén, pero no hacerlo nos condena a depender de ella para siempre. Esta vez toca sostener la postura y apretar el paso hasta que la economía y la política se liberen del narcotráfico y de las presiones armadas. No hay otra alternativa.