En la reforma tributaria del gobierno Petro se incluyeron los impuestos saludables con el aval del ministerio de Salud, sin que se hiciera el más mínimo esfuerzo por hacer el seguimiento y evaluación de los efectos reales sobre la población. Su ‘justificación’ tomó la forma de evidencia sobre importantes efectos de los alimentos ultraprocesados en incremento de riesgos sobre la salud de las personas en condiciones como hipertensión, diabetes y obesidad, con menor afectación en los impactos esperados sobre las carnes ultraprocesadas.
Cuando se toman decisiones que alinean la evidencia de salud pública con los objetivos fiscales de los gobiernos, es mandatorio considerar todos los aspectos que afectan dichas políticas, no solamente los efectos directos sobre la salud humana. En ocasiones los daños indirectos pueden superar los efectos positivos. Es inadmisible que se implementen políticas “saludables” per se, sin que estas sean acompañadas por evaluaciones rigurosas sobre su costo beneficio.
Pocas organizaciones pueden ser mas entrañables que las tiendas de barrio. En cada pueblo y ciudad el tendero es parte esencial de la comunidad. Existen alrededor de 110,000 establecimientos dedicados a la venta minorista de alimentos que, según Fenalco, hacen parte de casi medio millón de empresas cuando se incluyen panaderías, cigarrerías y misceláneas. Constituyen cerca del 40% de todos los comercios del país y el 90% de los colombianos las utilizan como canal comercial.
Según lo han denunciado los gremios, las tiendas de barrio actualmente están enfrentando la caída de ventas y la reducción del tamaño de las compras de sus clientes producto de diferentes fenómenos que amenazan su existencia. Es el caso del crecimiento acelerado de cadenas de descuento que ofrecen precios más bajos, a partir de marcas propias que generan economías de escala, gracias a grandes volúmenes e integración y eficiencias en las cadenas de suministro.
A lo anterior se sumó el incremento de los costos operativos, especialmente, por el aumento en el costo de la mano de obra y la afectación generada por los incrementos del salario mínimo y las horas extras. También se afectan estructuras económicas muy vulnerables con variables de inseguridad, informalidad y la reducción de la capacidad de crédito informal (denominado ‘fiado’) que completan un panorama preocupante para su futuro. Las tiendas de barrio son, por encima de todo, negocios familiares y su principal objetivo son los estratos 1, 2 y 3. Millones de personas se relacionan cada día con ellas para su alimentación, subsistencia, productividad y generación de bienestar.
Pero la estocada final a las tiendas de barrio la están proporcionando los llamados “impuestos saludables”. De acuerdo con Fenalco, el gravamen generó un efecto de encarecimiento de los productos, que han llevado a una caída de más del 25% en las ventas. Esto incluye más del 32% de los productos que expenden por un impuesto del 20% sobre el precio de venta al consumidor, lo cual redujo la utilidad en cerca al 50% en estos establecimientos.
Deberíamos conocer cuáles fueron los beneficios del sacrificio de los colombianos gravados con el impuesto y cuántos miles de comerciantes fueron afectados de esa reforma petrista. Alguien debería responder la pregunta del millón: Transcurridos cuatro años ¿cuál ha sido la reducción del consumo en alimentos ultraprocesados en el país?
También existe una serie de inquietudes fuertes desde la salud pública: ¿Cuál ha sido el efecto de sustitución de ultraprocesados por alimentos saludables?, ¿Cuánto se ha recaudado por el impuesto y qué valor del recaudo ha sido destinado a la prevención de la enfermedad?
Un “impuesto saludable” podría tener sentido si su destinación fuera específica. No obstante, no existe justificación para el sector que se diluya en el déficit fiscal del gobierno, mientras el sistema de salud se encuentra en un desfinanciamiento crítico.
Es hora de que el gobierno asuma la tarea. Desde 2015 no se realiza una encuesta nutricional en Colombia. La que estaba prevista para 2020 se aplazó por la pandemia y la de 2025 los recursos fueron dirigidos para el fallido esperpento macondiano de lo que denominaron el modelo preventivo-predictivo, no a la salud pública. Pero no se puede esperar hasta 2030.
Quizás el tema amerite un estudio particular que le responda a los colombianos sobre los verdaderos efectos de los denominados impuestos saludables.