Hecha la ley, hecha la trampa. Parece la conducta de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien, según el periódico El Tiempo (16/10/26, pág. 23), anunció que la concesión Autopistas del Café “iría hasta septiembre”. Además, que “el 14 de octubre la ANI revocó la resolución que rechazó la IP Conexión Centro presentada por Odinsa Vías SAS”, del Grupo Argos como socio mayoritario.
Vale referirse, en primera instancia, a la prórroga hasta septiembre de 2027 de la actual concesión Autopistas del Café, que debería revertir al Estado en febrero del próximo año. La decisión de Noguera la prolonga por seis meses, en contra del laudo de un tribunal de arbitramento de 2016, citado a petición del entonces vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien consideraba que la retribución financiera de la concesión se había satisfecho y que se manipulaba el modelo económico; opinión que caía como balde de agua fría a Argos, que por vía de la compra de Odinsa se quedó con el 59,67 por ciento en 2015, solo un año antes.
Para cometer el atropello, Elsa Noguera se ampara en el artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1420 del 17/9/2026, que adoptó “medidas en materia de contratación estatal en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública”, declarada por el Decreto 1261 del 19/8/2026, a raíz del terremoto que afectó a más de 400 municipios de Colombia, pero en especial a los del Valle, Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda.
En efecto, prorroga la concesión, cuya finalización estaba definida entre el Estado de Colombia y el grupo privado (Odinsa-Argos) para febrero de 2027 –tal como se dijo–, con base en que se podía “ampliar con celeridad el alcance de los contratos en ejecución que guarden conexidad directa con la emergencia”. Interpreta esa prescripción a su antojo para darle cabida a la concesión, bajo el pretexto de que sus obras, bienes y servicios contribuyen a prevenir el agravamiento de la situación derivada del sismo o “impedir la agravación de sus efectos” (art. 3.2).
Noguera, en contravía del acuerdo jurídico entre las partes, de un plumazo le otorga seis meses más de ingresos y utilidades a Odinsa-Argos en la explotación aberrante de un tramo que, con siete peajes, cobra 8 dólares por kilómetro recorrido, el más caro del mundo. Lo peor es que los sustrae de una entidad estatal, Invías, a la que revertiría la concesión una vez terminada. Le quita al erario una cuantiosa suma para ofrendarla a un conglomerado financiero.
¿Cuánta plata es? Los ingresos totales de la concesión Autopistas del Café, entre 2022 y 2025, para apenas tomar los últimos cuatro años, fueron 980.340 millones de pesos. Al dividir por 48, recaudó 20.423,7 millones mensuales por todo concepto. Elsa Noguera, con la prolongación por seis meses, le da a Odinsa-Argos 122.542 millones, de los que despojará a Invías (IA, informes de gestión, Vega, M.).
En cuanto a las utilidades netas, también entre 2022 y 2025, la concesión Autopistas del Café sumó 206.829 millones de pesos; al dividir también por 48 meses, las ganancias libres mensuales fueron 4.308 millones de pesos, que, por seis meses más de operación, sumarían 25.853 millones para los réditos de Odinsa-Argos. Esta cifra, fuera de denotar una renta anual agiotista del 21 por ciento sobre ingresos, importa porque, si se tiene en cuenta que Argos anunció aportes al Chocó por el terremoto por 13.000 millones (¿obras por impuestos?), el ucase de Noguera le salva la “limosna” y la duplica, el milagro de los panes y los peces.
No solo lesiona a Invías, sino a los departamentos y municipios del Eje Cafetero, como Manizales, Chinchiná, Pereira y varios del Quindío, quienes, de existir voluntad política del Gobierno, podrían de 2027 en adelante, mediante mecanismos ciertos y transparentes, percibir de Invías algunos de esos dineros para paliar la tragedia que viven luego del 10 de agosto de 2026 y reconstruir infraestructura social, colegios y puestos de salud.
No puede omitirse que, con corte al 12 de octubre de 2026, los aportes para la reconstrucción de alcaldías, gobernaciones y resguardos son el 58 por ciento del total de 201.837 millones aplicados, mientras que los del Gobierno nacional no son ni el 10 por ciento, sumados los del SGP y los del Presupuesto General (El Tiempo, 18/10/26, según Secop).
Dado que la conducta de la doctora Elsa Noguera presume faltas gravísimas como peculado en beneficio de terceros, detrimento patrimonial y extralimitación de funciones, trasladaré esta columna a la Procuraduría General de la Nación.
Nota. La queja la respaldan los ciudadanos Juan Guillermo Ángel Mejía, Guillermo Botero Mejía, Juan Carlos Grillo Posada, Diego López Echeverri y Lina Arango Dávila, quienes solicitamos al abogado Manuel José Sarmiento Argüello seguir el proceso.