El sector salud puede quedar al filo de la navaja si se persiste en mantener el régimen de intervenciones de EPS que abrió de manera arbitraria el gobierno Petro. Se debe ser consciente del riesgo que se está asumiendo. Un riesgo que se origina en la incongruencia de la estructura legal y operativa del modelo de intervención desde el Estado, y cuya continuidad puede terminar ahondando la crisis del sistema y las penurias de los usuarios del sistema de salud.
La intervención de un agente privado por parte del gobierno tiene todo el sentido cuando ya se ha tomado la decisión de liquidar —por insolvencia irreparable o pérdida— su objeto social. En esos casos, el agente interventor asume una misión clara y un preciso marco legal: Su obligación es apropiar todos los bienes del agente intervenido y proceder a saldar las cuentas que lo condujeron a la insolvencia, antes de su cierre, cierto y definitivo. Existe un orden legal de preeminencias en el acceso a los recursos recaudados que el interventor debe respetar. Su gestión es predecible, evaluable y litigiosa en caso de que contravenga esas normas.
Muy diferentes fueron las intervenciones que utilizó el gobierno Petro para administrar y manipular el sistema y conducirlo a la hecatombe. En este caso, las causales son mucho más imprecisas y cuestionables: Definir que una gestión es inadecuada es nebuloso y sujeto a la discrecionalidad de quien interviene. Como el desenlace esperado es recuperar la empresa, se pierde la trazabilidad de la gestión y se genera un poder desproporcionado de quien toma las decisiones. Son procesos muy vulnerables a la manipulación política, como fue ampliamente demostrado en los pasados cuatro años.
Pero los mayores riesgos están en el mismo diseño de intervención para administrar. Se entregan activos muy cuantiosos a interventores cuya idoneidad suele ser muy cuestionable. Petro pasó por encima de los protocolos para la selección de interventores y la experiencia fue desastrosa. Interventores que duraban cuatro meses en promedio y que tuvieron que ser retirados ante los profundos cuestionamientos sobre sus capacidades y el tremendo fantasma de la corrupción. Los resultados de los órganos de control del Estado han mostrado el desastroso legado de ese modelo.
La intervención para gestionar tiene otro pecado original insoslayable: El interventor no atiende a ningún gobierno corporativo. Este deja de existir desde el momento de la intervención. No hay juntas directivas, no hay sistema de pesos y contrapesos, no hay controles ni controladores. Es un dictadorzuelo que puede hacer lo que quiera. Como su delegación emana de la propia Superintendencia de Salud, esta queda inmersa en un tremendo conflicto de interés y vulnerable a la manipulación. Adicionalmente, los continuos cambios de interventores posibilitan la evasión de responsabilidades individuales.
Hay algo claro: Si el gobierno de De La Espriella mantiene por largo plazo esas intervenciones, con seguridad se va a enredar. En un sistema con un problema de desfinanciamiento, proveedores desesperados por recursos, desabastecimiento de servicios y medicamentos, las intervenciones se transformarán en un poderoso bumerán. Y algo que no necesita el sistema de salud son nuevos escándalos de corrupción.
Hoy las EPS intervenidas están en situación crítica. No hay demasiado tiempo para diagnósticos, ni tampoco parecen tan necesarios. Hay EPS que claramente no tienen viabilidad; hay que liquidarlas. Aquellas que sean viables o inviables su liquidación por el impacto sistémico, habrá que reflotarlas y necesitarán la inyección de capital que les permita responder por sus afiliados.
Pero esto no será exitoso sin la respectiva definición de cómo piensa el gobierno ajustar al sistema, cuál será el modelo de aseguramiento y el esquema de territorialización. Es ineludible acompasar el plan de choque propuesto con la visión de mediano plazo del sistema. El gobierno cuenta con un capital político y el respaldo del sector, pero ninguno de los dos será eterno y se deberá aprovechar el cuarto de hora para efectuar las redefiniciones que sean necesarias.