Hay palabras que, por su naturaleza, invocan derechos constitucionales. Una de esas es “autonomía universitaria”: una trampa semántica que, por años, ha sido aliada de quienes convirtieron los campus universitarios en zona franca del delito. El artículo 69 de la Constitución garantiza esa autonomía: las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La Corte Constitucional, en particular en la sentencia C-829 de 2002, dejó sentado que esa autonomía no es absoluta y encuentra límite en el orden público, el interés general y el bien común. El límite existe, pero no se aplica. El problema de fondo es que esa autonomía se volvió la excusa para que redes criminales se infiltren en las aulas de clase.
En julio de 2026, en la Universidad Nacional, tres estudiantes fueron atacados con armas blancas dentro del propio campus. Uno de ellos, el representante estudiantil Kevin Arrigui, recibió múltiples heridas a pocos pasos del salón de clase. En diciembre de 2025, la Fiscalía y la Policía capturaron a once personas acusadas de integrar la llamada “Brigada Clandestina PPP”; ninguno era estudiante, entraban con carnés falsos, se cambiaban de ropa adentro y desde ahí coordinaban la operación para fabricar bombas, atacar a la fuerza pública, destruir e incendiar buses; uno de ellos perdió tres dedos cuando le explotó una papa bomba que manipulaba dentro de la universidad, que convirtieron en su centro de operaciones.
Nadie que defienda la institucionalidad y los derechos fundamentales puede estar en contra de la protesta pacífica. El artículo 37 de la Constitución la garantiza. Un estudiante tiene todo el derecho a disentir, a marchar, a contradecir al rector, al Gobierno o al que piense distinto. Pero no se puede seguir normalizando el vandalismo, la destrucción y los ataques contra la fuerza pública y la población civil. Por eso, el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, de un protocolo para distinguir la protesta legítima del terrorismo y de la alteración del orden público, es un ultimátum para imponer, con determinación, orden y autoridad en los campus universitarios, que no tienen un fuero especial que los vuelva invisibles para la ley. En Bogotá nos tienen acostumbrados a paralizar la ciudad, a quemar buses e infundir miedo. Por eso celebro esa mano dura que tenga cero tolerancia contra el crimen. No hay autonomía que justifique un campus convertido en taller de explosivos, ni una ciudad que se cruce de brazos cuando apuñalan estudiantes o dejan un bus en llamas. El que delinque, adentro o afuera de la universidad, tiene que pagar.
Curiosamente, son los del Pacto Histórico los más preocupados por la autonomía universitaria. Se les olvidó muy rápido que fue en el gobierno de Gustavo Petro, con la política de “paz total”, donde se fortalecieron estas redes criminales. Como lo reveló SEMANA en una investigación reciente, un informe de inteligencia identificó células clandestinas del ELN y de disidencias de las Farc en diez universidades públicas, infiltradas por colectivos estudiantiles para promover objetivos terroristas y desestabilizar ciudades. Guardaron silencio frente a esas estructuras. Son los mismos que callaron cuando ese gobierno desconoció, en 2024, la elección del rector de la Universidad Nacional, y cuando persiguió con inspección, vigilancia y control a más de seis instituciones. Eso sí iba contra la autonomía. ¿Autonomía para seguir delinquiendo? No se puede seguir usando como patente de impunidad.
Hacen falta rectores con autoridad real, reglamentos que se apliquen e investigación penal cuando hay delitos. Los colombianos tenemos que dejar de romantizar el crimen, a la primera línea y a los encapuchados. Las universidades sirven para formar profesionales, para investigar y para discutir el país sin miedo. Las universidades tienen que ser libres y, también, seguras. Las aulas son de los estudiantes, de los profesores y del Estado que las financia y no de unos pocos bandidos. No son santuario de la violencia y quien confunda esas dos cosas está normalizando el crimen.