Por años, el Estado colombiano ha sido indiferente con las personas con autismo u otra condición del neurodesarrollo, y esa indiferencia se ve reflejada en varios frentes. En el sistema de salud, que tiene muchas dificultades para hacer un diagnóstico temprano, brindar las terapias oportunas y acceder a un especialista. En educación, la mayor barrera es la falta de espacios adaptados y de formación docente para atender y potenciar las habilidades de la población autista y neurodivergente, a quienes les siguen negando el cupo en un colegio. La población adulta enfrenta dificultades para acceder a la educación superior, encontrar trabajo y recibir una atención médica adecuada. Las familias cuidadoras, en su mayoría mujeres, se sienten invisibles, agotadas de tanto lidiar con los prejuicios y estereotipos que generan rechazo y aislamiento social, a lo que se suma esa sobrecarga económica, emocional y física. De su salud mental poco se habla. Hasta el momento no había una norma que estableciera una ruta de atención integral para esta población y sus familias. Solo contaban con unos lineamientos generales de discapacidad, protocolos de control y el decreto del PIAR, que no funcionan de manera óptima porque las entidades no trabajan de manera articulada. Quienes los atienden, como los neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y docentes de apoyo, tampoco tienen el soporte que necesitan.
Esas fueron, entre otras, las razones para que, con cuidadores y diferentes organizaciones que se movilizaron, emprendiéramos un camino difícil, que terminó con la sanción de la Ley 2628 de 2026 por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en cabeza de la ministra de Salud Ana María Vesga. Fue el 20 de agosto de 2024 cuando radicamos una iniciativa en el Congreso de la República, que unificamos con el texto del proyecto de ley TEA del exsenador Germán Blanco. Los dos buscábamos lo mismo: una ruta de atención integral en salud, educación y empleo. El trámite duró dos años y se aprobó el último día de la legislatura pasada; estuvo a pocas horas de hundirse. Fue gracias a la ponencia del exrepresentante del Casanare Hugo Archila y de la exrepresentante del Atlántico Betsy Pérez, y al esfuerzo de varias organizaciones que hicieron presencia en el recinto, como Un Mundo para Todos, que lidera la psicóloga Daniela Moncayo, que logramos aprobarla.
Debo confesar que la aprobación de esta ley, de la cual me siento orgullosa de ser autora, me cambió la forma de ver la vida, me puso a estudiar con rigurosidad el tema y entendí que solo faltó un poquito de empatía de los congresistas para lograr una ley inclusiva con las personas diagnosticadas con TEA, TDAH, trastornos del aprendizaje y otras condiciones similares, a lo largo de sus vidas. Un gran paso que solo se materializa con la verdadera aplicación de la ley.
Con este instrumento esperamos un diagnóstico oportuno, terapias, medicamentos, capacitación docente, espacios adaptados, una ruta de inserción laboral, red de apoyo y acompañamiento psicosocial a los cuidadores, y un certificado único, voluntario, que facilite la atención, pero que, si no se tiene, no pueda usarse para negarla. También crea un Comité Nacional de Inclusión que cada año debe informar al Congreso el avance de la implementación con las entidades territoriales.
El Gobierno tiene un año para reglamentar la ley. El problema es que no tenemos las cifras unificadas. El Ministerio de Salud reporta que, entre 2019 y 2023, el índice de TEA pasó de 30,3 a 71,9 casos por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia hasta cuatro veces mayor en hombres que en mujeres. El SIMAT de 2023 registró 16.045 estudiantes con TEA y 96.035 con discapacidad intelectual. En Bogotá, el Distrito habla de más de 10.000 personas referidas en el espectro y de 5.678 atendidas en 2024. Por eso el DANE, con esta ley, deberá incluir a esta población en los censos, para dejar de diseñar política pública a ciegas.
Detrás de esas cifras están esas familias, personas que han tenido que asumir costos altos para pagar un colegio, un médico o una terapia privada; gastos que para muchos son imposibles de cubrir. El paso siguiente será la instalación, en los próximos días, de una mesa con la Comisión Séptima del Senado. Agradezco al senador Andrés Forero su iniciativa de control político, para hacer el seguimiento a la reglamentación, con las entidades responsables, las organizaciones, los profesionales, los cuidadores y las personas con trastornos del neurodesarrollo, que por supuesto acompañaré como autora de esta ley. Porque la verdadera inclusión es aceptar otras formas de aprender, de hablar y de trabajar, creando las condiciones para que todos podamos vivir plenamente. Porque la empatía puede ser contagiosa. El autismo, no.