Si se escogiera el peor momento para un terremoto en Colombia, la respuesta sería el 10 de agosto de 2026. No solo porque es una fecha inmediata de la transición del gobierno de Petro al de Abelardo De La Espriella, sino porque la situación fiscal del país es de las peores en las últimas décadas, con una deuda pública en niveles del 60 por ciento del PIB, contratada a costosas tasas de interés. La asfixia es tanta que, por cada peso que se abona al principal, se piden prestados tres.
La experiencia histórica es que la fórmula para reconstruir una región luego de un terremoto se reduce a dos palabras: Estado y plata. Sin estos dos elementos a tope, el sufrimiento de las personas es mayor, el periodo para recomponer es más largo y la recuperación económica puede quedar a mitad de camino.
Dos reglas universales de los terremotos indican que el costo de arreglar es igual a 2 o a 2,5 veces el de lo derruido (Banco Mundial), y el tiempo de la operación de rescate se aproxima a 1.000 días por grado de intensidad del siniestro, lo que para uno de escala 7 será entre seis y diez años (ONU). Esos importes y el periodo aumentarían si los centros económicos fueron golpeados como ahora, en primer lugar, en el caso de Pereira.
Hay ejemplos recientes que ratifican lo anterior. El peor es Haití en 2010, con una intensidad de 7 en la escala de Richter. La mortandad fue descomunal, con centenares de miles de muertos, la reconstrucción lleva 14 años y no ha terminado, porque hubo otro en la zona sur del país en 2021. De otro lado, están los de Chile de 2010, con 8,8 de intensidad, que repuso las viviendas en cuatro años a un valor de 30.000 millones de dólares y ocho años para corregir el deterioro.
El más reciente en Turquía, de 7,8 en 2023, se estima en 200.000 millones de dólares y ocho años de trabajo restaurador. En Japón han sido menos costosos para el Estado, porque un 40 por ciento de los bienes estaban protegidos por seguros. El de Armenia en 1999 demoró casi cuatro años y alcanzó el equivalente a 6,8 billones de pesos a precios de 2026. En todos, el protagonista es el Estado, por su presencia o por su ausencia, como en Haití.
Esos antecedentes traídos a Colombia en 2026, con sus realidades fiscales, dejan ver un panorama sombrío, y más luego de la presentación del presupuesto “sincero” del ministro abelardista, Miguel Gómez. En tanto destapa que a los gastos deben agregarse 27 billones de pesos de “cuentas ocultas” en pensiones, subsidios eléctricos, la salud, contribuciones parafiscales para la nómina oficial y el subsidio a combustibles, tapa que el mayor roto está en la financiación del déficit de las cuentas externas del país. Colombia, que en el libre comercio y en el libre flujo de capitales no genera los dólares suficientes, hace la inserción global al debe, y con los tigrillos seguirá igual.
Gómez, como los ministros petristas, esconde que el déficit externo es la hemorragia sin torniquete. En una presentación en la Academia de Economía se demostró que, de los 410 billones en que se incrementó la deuda en el gobierno de Petro, 199 fueron para cubrir el faltante externo, 91 para el desbordado gasto de funcionamiento y 121 para amortizar créditos anteriores (Acce, A. Suárez, 6/7/26).
La prueba reina del perjuicio que causa el modelo aperturista, con sus TLC, es que el endeudamiento propuesto por Gómez para 2027 es de 238,6 billones de pesos, mientras se abonarán a capital solo 58, con lo que la deuda neta crecerá 180 billones; seis veces el valor de las “cuentas engavetadas”. ¿Para dónde irá el resto? A pagar deuda con más deuda.
La plata pública, para que las regiones afectadas por el terremoto puedan resarcirse del garrotazo de la naturaleza, se subordina a los saldos que nos dejen los agujeros negros estructurales que el neoliberalismo, en 36 años seguidos, creó en las cuentas públicas.
La disponibilidad de recursos para la reconstrucción depende de esas erogaciones y, a la vez, del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación, los cuales, según un modelo de 2015 de Jorge Espitia (q. e. p. d.), se fundan en el precio del petróleo, el crecimiento del PIB industrial y el del PIB por habitante. El primero estuvo en promedio, entre 2022 y 2025, en 80 dólares el barril, con tendencia a bajar; la industria solo alzó el 2,5 por ciento y el ingreso per cápita el 2,25 por ciento, en tanto la deuda por habitante subió 5,95 por ciento. Una retrospectiva desalentadora que no va a cambiar de la noche a la mañana.
Las donaciones y la solidaridad, por largas que sean, son un monto muy inferior al necesario para la reconstrucción. Por tanto, la absorción del terremoto se supedita a los “sobrados” fiscales luego de cubrir las secuelas de la orientación económica, igual con Abelardo De La Espriella que con Petro. ¡Es el neoliberalismo, idiota!