Si la libertad significa algo, es el derecho a decirles a los demás lo que no quieren oír”, escribió George Orwell.
Esa frase resume una de las grandes tensiones de la democracia. La libertad de expresión adquiere todo su valor cuando protege las ideas que incomodan, contradice el relato dominante y obliga a revisar aquello que algunos quisieran convertir en verdad definitiva.
Eso ocurrió durante una entrevista con Daniel Pacheco para La Silla Vacía. Él afirmó que el Estado había exterminado a la Unión Patriótica. Yo rechacé que la compleja historia de violencia contra la UP pudiera reducirse a una explicación única. Reconocí la tragedia sufrida por sus militantes y señalé que existen investigaciones sobre hechos atribuidos a distintos actores armados.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó con una carta asegurando que mis palabras reproducían el discurso estigmatizante utilizado como instrumento en el exterminio de la Unión Patriótica.
La acusación es enorme. Marín puso en una misma categoría a quienes promovieron o ejecutaron crímenes contra la UP y a quienes creemos que ese periodo debe examinarse en toda su complejidad. Bajo esa lógica, una interpretación distinta se convierte en agresión. La funcionaria que decía combatir la estigmatización utilizó su cargo para estigmatizarme.
La Defensoría debe proteger a las víctimas de la Unión Patriótica. El problema comienza cuando una institución creada para defender los derechos de todos decide cuáles víctimas merecen memoria, cuáles interpretaciones pueden expresarse y quiénes deben ser judicializados por apartarse de ellas.
Iris Marín invocó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. Sin embargo, el mismo tribunal reconoció expresamente que “esa violencia fue ejercida por diferentes actores estatales y no estatales” y advirtió que los hechos permanecían rodeados de altos índices de impunidad.
Por esa razón ordenó al Estado “iniciar, impulsar, reabrir, dirigir y continuar”, en un plazo máximo de dos años, las investigaciones necesarias para establecer la verdad y determinar las responsabilidades penales. Precisamente eso sostuve en la entrevista: la historia conserva actores y responsabilidades que la justicia todavía debe esclarecer.
Ahí radica la discusión. Una sentencia establece responsabilidades jurídicas y obliga al Estado, pero no puede clausurar el debate histórico sobre los hechos y sus actores. Parlamentarios, historiadores, periodistas, investigadores y ciudadanos conservan el derecho a examinar ese periodo y expresar sus conclusiones.
La Corte Interamericana reconoce la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Pretender que una decisión judicial impida cualquier debate posterior sobre la historia contradice ese mismo principio.
Después vino la tutela promovida por la Defensoría. Una jueza municipal acogió el argumento según el cual mis palabras revictimizaban a integrantes de la Unión Patriótica y me ordenó rectificar. Impugné ante el juez de circuito y aporté la información de la Fiscalía, que daba cuenta de 96 imputaciones por asesinatos de militantes de la UP y el EPL en las que aparecían como presuntos responsables integrantes de las AUC y las Farc.
Aun así, la segunda instancia agravó la decisión y restringió cualquier pronunciamiento futuro en el mismo sentido.
Las consecuencias van mucho más allá de mi caso. Si una autoridad determina cuál interpretación histórica es admisible y un juez prohíbe volver a expresar determinada tesis, mañana el destinatario podrá ser un periodista, un historiador, un profesor, un investigador o cualquier ciudadano.
Por eso, el pasado martes solicité a la Corte Constitucional seleccionar mi caso y definir hasta dónde puede un juez ordenar qué decir, prohibir futuros pronunciamientos y evaluar cómo se cumple una sentencia. Aunque cumplí el fallo, enfrento un incidente de desacato con riesgo de arresto o multa.
Podría parecer un exceso aislado. Pero otros episodios permiten preguntarse si estamos frente a una conducta reiterada. El caso de David Toledo resulta ilustrativo.
Toledo, excandidato a la Cámara, participó en el borrado de los murales conocidos como “Las cuchas tienen razón”. Varias organizaciones promovieron acciones judiciales en su contra y la Defensoría intervino activamente dentro de esos procesos. La Corte Constitucional terminó ordenándole ofrecer disculpas y abstenerse de repetir algunas de sus actuaciones.
Tiempo después, la Defensoría reprodujo esos murales en sus propias sedes. Toledo propuso entonces destinar también un espacio a los niños reclutados y a otras víctimas de las Farc. Conversó con un funcionario, preparó un diseño con una organización de víctimas y lo envió para consideración de la entidad. La respuesta fue una denuncia por hostigamiento.
El contraste es difícil de explicar desde la imparcialidad de la Defensoría. Para unas víctimas hubo paredes, recursos institucionales y actos de reivindicación. Pero Toledo terminó denunciado cuando propuso incorporar a las víctimas de las Farc.
La memoria es como un álbum familiar: al arrancarle páginas deja de contar la historia completa. Colombia ha sufrido demasiado para permitir que una autoridad decida quién merece memoria pública y quién permanece en el olvido.
Cuando termine su periodo, el balance de Iris Marín se medirá también por las causas que decidió defender, las víctimas que dejó esperando y la manera como utilizó el poder de la Defensoría frente a quienes pensaban distinto.
La pregunta seguirá allí: ¿y las otras víctimas?