En el relato bíblico, Sodoma y Gomorra simbolizan sociedades que terminaron enfrentadas a las consecuencias de sus propios actos. La historia quedó como advertencia sobre la decadencia moral y la distancia entre los principios proclamados y las conductas de quienes ejercen el poder.
En Colombia, las denuncias sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos durante el gobierno de Gustavo Petro plantean una pregunta que no puede despacharse con trinos ni discursos de persecución política: ¿se utilizaron recursos públicos para comprar favores sexuales?
Una mujer hizo señalamientos en ese sentido. Posteriormente, el director del Dapre habló de 48 mujeres vinculadas a la Presidencia mediante contratos de prestación de servicios, quienes presuntamente habrían sido instrumentalizadas. Petro ha negado las acusaciones y sostiene que existe una persecución en su contra. La Fiscalía abrió una noticia criminal. Ahora corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió.
La semejanza con Sodoma y Gomorra no está en la vida íntima del expresidente, sino en la contradicción entre la virtud que proclamó y las conductas que hoy deben esclarecerse.
Petro llegó al poder prometiendo un cambio ético, combatiendo los privilegios y presentándose como abanderado de las mujeres y la igualdad. Por eso, las denuncias que comprometen a su entorno político e institucional exigen explicaciones a la altura de esas promesas. Si alguien utilizó su cercanía al poder para ofrecer contratos a cambio de sexo, no estaríamos ante un asunto privado, sino ante un posible abuso de la función pública.
Y el expresidente no puede pretender que su condición de antiguo jefe de Estado convierta estas preguntas en una persecución. Tiene derecho a defenderse y a que se respete la presunción de inocencia, pero los ciudadanos también tienen derecho a conocer la verdad. La responsabilidad política de explicar el funcionamiento de su administración no desaparece porque haya dejado el cargo.
Los contratos tienen valores, objetos, supervisores e informes de actividades. La Procuraduría debe examinar las posibles faltas disciplinarias; la Contraloría, el uso de los recursos públicos; y la Fiscalía, si hubo conductas delictivas. Los documentos deben revisarse sin prejuicios, pero también sin blindajes partidistas.
Porque el feminismo no puede servir de escudo frente a denuncias de posible instrumentalización de mujeres, y la lucha contra la corrupción no puede depender de quién sea el señalado. Si las acusaciones son falsas, las pruebas deben demostrarlo. Si se comprueban irregularidades, los responsables deben responder.
Sodoma y Gomorra quedaron en la memoria como advertencia sobre sociedades que olvidaron sus límites. La Casa de Nariño no es una ciudad bíblica, pero ningún gobierno está por encima del escrutinio público. Menos uno que hizo de la superioridad moral una de sus principales banderas.
La pregunta no es con quién se acostaba Gustavo Petro. La pregunta es si durante su gobierno alguien convirtió los contratos del Estado en moneda de cambio sexual, y qué responsabilidad les corresponde a quienes lo permitieron o lo encubrieron.
Entonces, expresidente Petro: ¿hubo sexo por contratos en la Casa de Nariño? La respuesta no la dará la propaganda, ni la oposición, ni una metáfora bíblica. La deben dar los documentos, las investigaciones y la justicia.