Desequilibrio de poderes

El gobierno Santos lanza una propuesta de reforma constitucional que supuestamente busca “restablecer” el equilibrio de poderes “roto con la reelección presidencial”, pero no toca un ápice el sistema de pesos y contrapesos entre el Legislativo y el Ejecutivo. En Colombia es viejo el desequilibrio y no precisamente por la reelección, sino por razones estructurales que demarcan el ejercicio de la política en Colombia y la hacen dependiente del acceso al botín del Estado. 

Mantener el poder y garantizar la reproducción electoral, en un sistema político basado en el clientelismo y la corrupción, se deriva de una relación que somete a los cuerpos colegiados a la administración. El control político se ejerce solo cuando hay una fuerza política claramente en la oposición; en el resto de casos, casi siempre, los debates son un chantaje disfrazado del parlamentario con la ambición de sacar más puestos, más contratos o que se le permita aprobar una ley que meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos. ¡Les funciona! 

Con la adopción de la Constitución de 1991 el único campo en el que realmente se fortaleció el control es el judicial. Específicamente, la Corte Constitucional es la única capaz de imponer límites a las pretensiones desbocadas de las otras ramas del poder público. ¡Es la excepción! Lograrlo implicó superar embestidas que buscaban poner límites a sus sentencias.

Mientras no se revisen los términos de la relación institucional entre el Congreso y el Gobierno, no se avanzará seriamente en fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. 

El propio Congreso debería aprovechar la iniciativa de Santos y proponer, por ejemplo, que se cree la figura de Comisiones de Investigación, con dientes, con muchos dientes. 

Se trata de comisiones temporales, integradas en una coyuntura, con competencia sobre un asunto concreto de relevancia nacional. Instancias que existen en Estados Unidos o en Europa, a las que comparecen los funcionarios, no para demostrar suficiencia apoyados en mayorías compradas, sino a rendir en serio cuentas, a sabiendas de que dicho control podría desembocar en consecuencias penales, administrativas o disciplinarias.

En el derecho parlamentario alemán las Comisiones de Investigación la doctrina las califica de instrumentos de control político y en Francia se consideran medios de control a las “comissions parlamentaires d´enquete”.  

Tales comisiones deberían tener poderes similares a los de las autoridades judiciales al adelantar su función de investigación, deben poder decretar y practicar pruebas, realizar interrogatorios, recoger testimonios, inspeccionar documentos, hacer inspecciones y elaborar informes al país sobre cuestiones tan delicadas como, por ejemplo, la Operación Andrómeda, los llamados ‘falsos positivos’ o las responsabilidades en estas dos últimas décadas respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua y en contra de nuestra integridad territorial.

Son muchos los asuntos críticos que no son debatidos en el Congreso y frente a los cuales el aparato judicial no actúa, tampoco la Contraloría, ni la Procuraduría, constituyendo espacios de impunidad y corrupción que no deberían existir en un estado de derecho. Robustecer el Congreso con el fin de que que ejerza control sobre el gobierno contribuye a la trasparencia, la eficacia de la administración y a que se respete la Constitución y la ley. 

Los senadores y representantes deberían también buscar que la reforma incluya mecanismos que led otorgue capacidad técnica. Da grima ver la debilidad argumentativa de la mayoría de quienes ostentan una curul. No basta que estén muy capacitados si carecen de información para interpelar al Ejecutivo. 

La figura de los letrados de las Cortes Generales en España podría ser útil, también sería un buen referente el “Servicio de Investigación del Congreso” y la “Oficina de Presupuesto” del Congreso estadounidense. El control político requiere contar con información propia, cotejarla y con ella controvertir o confirmar la que presentan los ministros.

Eso sí es equilibrio de poderes, el resto, maquillaje institucional y ¡pura paja! El ejercicio de la oposición  no requiere tanto un estatuto, sino una reingeniería que fortalezca el Congreso.  Ni esto, ni lo anteriormente mencionado va a pasar. La seducción de la mermelada no deja, menos con  una reforma tributaria en ciernes que promete más cupos indicativos, versión diferente pero espiritualmente similar a los viejos auxilios parlamentarios. ¡Ese es el país que nos tocó vivir!