Doble agenda

El accidentado proceso electoral, surtido el domingo 28 de julio de 2024 en la hermana república venezolana, ha despertado un sin número de reacciones tanto a nivel regional como a escala mundial. Aún pasadas un par de semanas, se siguen cuestionando los dos boletines informativos del CNE de Venezuela, quien, a órdenes de Maduro y su séquito de absolutistas, informa la espuria victoria del tirano que además ha declarado la guerra contra todo aquel que le cuestione su ilegitima reelección.

Contra todo pronóstico, algunas naciones cuyos líderes se han mostrado afectos a los ideales de izquierda radical y antidemocrática, han mostrado entereza y neutralidad ante el histórico atraco a la democracia, tal es el caso del gobierno chileno quien junto a otros países le han solicitado respetuosamente a la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA que emita una resolución cuya finalidad es que se publique las actas del CNE venezolano y puedan ser escrutadas de forma independiente y objetiva a fin de determinar quién fue el ganador de la contienda electoral por la presidencia de Venezuela.

Contrario a lo propuesto por la mayoría de los países de la OEA, el desarrollo de la asamblea extraordinaria estuvo caracterizada por el saboteo o boicot que países como Colombia a través de su embajador, emitía una abstención a fin de impedir que el organismo regional de defensa de los derechos humanos solicitara la transparencia en la publicidad de las actas al CNE venezolano. Ahora bien, la discusión de fondo no es de menor importancia, se trata del futuro de una sociedad caída por el empeño y esfuerzo de la izquierda empobrecedora de acabar con Venezuela; por fortuna la estrategia no ha sido del todo exitosa y aun existen espíritus valientes que le permiten al pueblo soñar con un presente y futuro distintos.

Lo paradójico del escenario es precisamente que Colombia hoy cuenta con un presidente que gobierna gracias al sistema democrático y al voto mayoritario de los colombianos en una segunda vuelta presidencial y un mandatario que inclusive, dio en su momento una batalla jurídica ante el mismo sistema interamericano de derechos humanos por la defensa de sus derechos políticos a través de la figura del control de convencionalidad, hoy se muestre indiferente ante el monumental y descarado robo del pequeño hálito de democracia que alcanza a vislumbrarse en la nación hermana.

La abstención es sinónimo de tibieza y de falsa neutralidad. El comportamiento y posición de Colombia ante la crisis democrática de Venezuela permite distinguir el manejo de una doble agenda.

Por un lado, el discurso del gobierno de Colombia ha sido orientado, supuestamente a la defensa a ultranza de los derechos humanos, del control de convencionalidad; incluso ha trascendido que el gobierno Petro tiene como uno de sus objetivos eliminar, de una vez por todas, las facultades de sanción disciplinaria con destitución e inhabilidad a los servidores públicos elegidos popularmente, lo anterior, a partir de la postura férrea y radical de la supremacía de un control de convencionalidad frente a un control de constitucionalidad interno y de la validación de superioridad jerárquica del tribunal internacional frente al tribunal o tribunales de justicia internos.

Por el otro lado, se observa que para el caso específico de las elecciones venezolanas el discurso varía. Colombia sugiere para este caso que la oposición y maduro deben llegar a un “acuerdo político”, desconociendo la manifiesta voluntad del pueblo y arrasando con la institución democrática del voto popular y, peor aún, sometiendo a una transacción o negociación política la entrega del poder.

La postura anterior deja claro que la agenda gubernamental de los gobiernos absolutistas de izquierda no es otra que posar de demócratas ante el mundo y distintos organismos internacionales al tiempo que dejan claro que las reglas democráticas no les aplica aún, cuando el pueblo haya sido notablemente engañado.

El rol de nuestro país es estratégico en la lucha por la democracia y la institucionalidad de Venezuela, no es admisible el hecho que se anuncien éxodos y guerras y no tengamos cómo inamovibles el respeto a la voluntad popular. Nuestro país no puede manejarse bajo dos discursos, dos agendas o navegar en dos aguas, no nos pueden presentar un anticipo de lo que será el 2026.

En Colombia debe primar la seguridad jurídica y la confianza legítima y no debemos sucumbir a propuestas reeleccionistas que nos roban la paz, serenidad y tranquilidad que nuestro país requiere para enderezar su rumbo de forma adecuada. La experiencia vecina ya lo ha advertido.