Dos años de lealtad con sus aliados

Si hay algo que debemos reconocerle al presidente Gustavo Petro, es su lealtad y gratitud hacia las personas que lo han acompañado a lo largo de su vida, y especialmente durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República. Una vez en el cargo, invitó a algunos de ellos a ocupar altos puestos en su gobierno, mientras que otros se han convertido en sus aliados estratégicos y económicos en diversas actividades gubernamentales.

Sin embargo, muchos de estos amigos, tras asumir sus cargos, no se han dedicado plenamente a cumplir con sus funciones legales, lo que ha generado entre la mayoría de los ciudadanos una serie de cuestionamientos éticos y de gobernanza. Para el presidente, estas preocupaciones parecen no ser prioritarias, ya que varios de estos funcionarios, que han estado a su lado durante estos dos años de gobierno, fueron designados no por su capacidad y competencia para garantizar una administración eficaz y justa, sino por sus relaciones personales con su proyecto político y personal.

Esta situación ha resultado en grandes escándalos de corrupción e ineficiencia, lo que ha llevado a la mayoría de los ciudadanos a desconfiar de la manera en que se están administrando las instituciones del Estado.

No obstante, estos cuestionamientos no se limitan únicamente a los funcionarios de manera individual, sino que también abarcan a diversas organizaciones que fueron aliadas fundamentales durante la campaña. Entre estas, se encuentran grupos delictivos y guerrilleros que, bajo la condición de establecer la política de “paz total”, brindaron su apoyo. Esta política ha resultado en el debilitamiento de las fuerzas militares para beneficiar a estos aliados, lo cual, hasta ahora, ha sido un fracaso para el gobierno y un gran beneficio para dichos grupos, que han incrementado su poder en los territorios.

Además, no se puede ignorar el papel de los grandes contribuyentes a la campaña, quienes han sido favorecidos con cuantiosas contrataciones, beneficiándose ellos mismos en lugar de los ciudadanos colombianos, que deberían ser el principal enfoque de las políticas de gobierno.

Considero necesario hacer un recuento de las actuaciones de estos aliados de campaña y su papel en la actual administración, para demostrar que no se trata simplemente de denuncias de la oposición con el fin de perjudicar al gobierno. Al contrario, se trata de actividades comprobadas que han generado serias consecuencias y perjuicios para todos los colombianos.

De manera sorprendente, el gobierno, como parte de su informe de gestión sobre la “paz total”, anunció el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo, un grupo delincuencial que ha sido perseguido y combatido por el Estado durante los últimos dos años debido a su influencia en varios territorios. Cabe destacar que esta organización no solo opera en la región del Urabá antioqueño y chocoano, sino en más de 394 municipios en toda Colombia.

Es importante recordar que, según pruebas obtenidas, esta organización dio la orden de apoyar al entonces candidato Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Esto se evidenció en comunicaciones interceptadas por los organismos de inteligencia, donde se captaron audios que mostraban cómo familiares de los líderes del Clan del Golfo, alias Siopas y Chiquito Malo, quienes sucedieron a Otoniel, coaccionaron a sus familias y a los habitantes de las regiones bajo su control para que votaran por el candidato del Pacto Histórico.

Ahora, el gobierno parece estar pagando ese apoyo con la creación de una figura denominada “espacio de conversación socio-jurídico como tránsito a un Estado de derecho”. Sin embargo, ni siquiera los miembros de esta organización parecen comprender plenamente el significado de esta figura, según lo indicado por su abogado, quien dejó claro que no habrá sometimiento, entrega de armas, ni tampoco disposición para cumplir penas de cárcel por sus crímenes.

Asimismo, otras organizaciones criminales también brindaron apoyo a la campaña del presidente Petro. Un ejemplo de ello son las declaraciones de Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, quien afirmó haber respaldado la campaña electoral de Gustavo Petro. De manera similar, el ELN y Marquetalia también ofrecieron su apoyo. Esto deja en claro que el gobierno ha retribuido generosamente a estos grupos por su apoyo durante la campaña.

El gobierno también ha recompensado a aliados económicos clave, como grandes contratistas que financiaron la campaña. Un ejemplo es el “clan Torres”, un grupo de contratistas del Estado que, según La Silla Vacía, ha recibido contratos por 180.000 millones de pesos. Esta compensación se considera un pago por sus aportes a la campaña, muchos de los cuales no fueron registrados oficialmente y ahora son parte de investigaciones relacionadas con el hijo del presidente.

Otros empresarios cercanos a la familia presidencial, como los españoles nacionalizados colombianos Vendrell y Manuel ‘Manel’ Graul Pujadas, también han sido beneficiados con contratos gubernamentales. Además, personas políticamente cercanas al presidente enfrentan graves acusaciones de corrupción. Un ejemplo es Laura Sarabia, involucrada en un escándalo por un dinero extraviado en su apartamento, lo que llevó a una investigación estatal que incluyó la muerte de un coronel de la policía.

También están los audios de Benedetti, donde se menciona la entrada ilegal de 15.000 millones de pesos a la campaña, supuestamente con apoyo del presidente Maduro y el clan Torres. Pese a estos escándalos, muchos de estos implicados siguen en altos cargos. Además, amigos del presidente desde su militancia en el M-19, como Carlos Ramón González, Olmedo López, y otros, están relacionados con el escándalo de la UNGRD.

La lealtad que probablemente cause el mayor escándalo está relacionada con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En los próximos meses, podría salir a la luz la verdad detrás de las acusaciones de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana. Según estas denuncias, el apoyo clave para la campaña de Petro provino de fondos y del respaldo de guerrillas colombianas radicadas en Venezuela. Esta sospecha se fortalece considerando el silencio de Petro ante el fraude electoral cometido por Maduro, su aliado y amigo, en las últimas elecciones en Venezuela.

En vista de todo lo anterior, es innegable que uno de los rasgos más destacados del presidente Petro es su lealtad hacia sus amigos y aliados de siempre, incluso cuando esto implica mantener una actitud pasiva y cómplice ante sus acciones corruptas. A pesar de sus intentos de justificar esta situación al declarar que “a este gobierno también lo ha permeado la corrupción”, se observa cómo gobiernos progresistas, tanto en la historia como en la actualidad, terminan siendo afectados por el cáncer de la corrupción, lo que les impide cumplir con sus objetivos.