La estrategia política del Pacto Histórico antes de la segunda vuelta es transparente. Las acusaciones desmedidas contra el candidato De la Espriella, lanzadas en medio de intervenciones presidenciales que desconocen abiertamente la obligación de no participar en política, se han combinado con una campaña en redes sociales sin mayor recato ni rigor.
Estas líneas están dirigidas a personas que entienden la planeación del Estado y que no se quedan en el argumento simplista de la lucha de clases, según el cual todo aquel que, gracias a su trabajo, ha construido un patrimonio —así sea modesto— es culpable de la pobreza de los demás. Mi propósito es debatir con altura y sensatez las acusaciones que, desde el poder y desde las redes, se formulan contra el candidato De la Espriella. Mi intención no es cambiar su voto, sino contribuir a que su decisión se base en algo más que la superficie y la indignación inmediata frente a acusaciones casi nunca analizadas en profundidad.
El primer ataque recurrente en redes sociales contra la campaña de Abelardo de la Espriella sostiene que su programa de gobierno consiste en cancelar subsidios, bajar el salario mínimo, despedir masivamente funcionarios públicos y deshacer los llamados “logros sociales” del Gobierno Petro. Algunas de estas afirmaciones son abiertamente falsas; otras, malinterpretadas.
En materia de subsidios, por ejemplo, el programa de De la Espriella no solo mantiene los apoyos monetarios a los adultos mayores, sino que los incrementa: de 240.000 pesos a 400.000 pesos mensuales. En cuanto a otros subsidios, muchos ya fueron desmontados o recortados por el propio Gobierno Petro, en especial los dirigidos a la vivienda de interés social y a la educación. Atribuirle a Abelardo la intención de eliminar lo que ya se desmontó desde el actual gobierno es, como mínimo, engañoso.
La supuesta intención de bajar el salario mínimo es otra falacia. Ni en su programa de gobierno ni en sus declaraciones públicas ha propuesto reducirlo. Se trata de una mentira diseñada para apelar al miedo de los trabajadores, una estrategia políticamente rentable, pero intelectualmente deshonesta.
Donde sí hay una diferencia clara es en la visión de Estado. De la Espriella propone un Estado eficiente, en contraste con un aparato que, en estos años, ha incorporado decenas de miles de cargos que poco o nada aportan a la gestión pública y que, en muchos casos, responden más al clientelismo que al mérito. Es razonable prever que, bajo un enfoque de eficiencia, desaparezcan aquellas chambas donde se devenga un salario sin una contraprestación real al país. Eso no es ‘atacar al Estado’, es dignificarlo.
Respecto a los llamados ‘logros sociales’ del actual gobierno, también es claro que habría cambios. Un gobierno de Abelardo buscaría reactivar la economía frente al discurso del ‘decrecimiento’ impulsado por Petro, y privilegiar las soluciones prácticas sobre las proclamas grandilocuentes sin ejecución. De la Espriella propone que los propietarios de tierra puedan seguir dando a sus predios el uso legal que consideren conveniente, y no el que les imponga un burócrata de turno. Defender la seguridad jurídica y el derecho de propiedad no es un capricho ideológico: es una condición necesaria para que haya inversión, empleo formal y oportunidades reales.
Otra línea de ataque contra el candidato se basa en que ha defendido criminales. Se olvida algo elemental: todos tienen derecho a la defensa, y esa es precisamente la función de un abogado. Cuestionar a un penalista porque ha defendido a personas polémicas equivale a culpar a un árbitro por pitar penales y sacar tarjetas rojas, o a un policía por imponer comparendos. Es la naturaleza de su oficio. Que De la Espriella haya sido defensor de personas como Álex Saab, David Murcia Guzmán, Jorge Pretelt o Eleonora Pineda no implica que comparta sus actuaciones ni sus conductas; significa que cumplió con su rol dentro del Estado de derecho. Pretender que el abogado se convierte en coautor de los actos de su defendido es, simplemente, desconocer cómo funciona la justicia.
También se ha llegado al extremo de acusarlo de matar gatos por diversión, pese a que tiene una fundación de protección animal; o de ser misógino, a pesar de haber representado de manera ad honorem a Rosa Elvira Cely y a mujeres víctimas de violencia. Este tipo de acusaciones, lanzadas sin contraste ni ponderación, dicen más de quienes las propagan que del propio candidato.
Por todo lo anterior, la invitación es a que, más que votar desde la indignación —y nótese que en estas líneas no he lanzado una sola acusación personal contra el candidato Cepeda—, usted decida con base en los programas y en la evidencia. Pregúntese qué quiere para el país:
- ¿Una asamblea constituyente o un impulso decidido al desarrollo económico?
- ¿Quitarles a unos para repartir migajas a otros, o hacer crecer la economía apoyando a empresarios y emprendedores para que el bienestar se expanda y llegue a más colombianos?
Los datos no son un detalle menor: con políticas procrecimiento, Colombia logró un promedio cercano al 4,1 % anual de expansión del PIB en el periodo 2002–2019; bajo el Gobierno Petro, el crecimiento ronda apenas el 2 % y, según diversos analistas, con tendencia a la baja. No se trata de “defender a los ricos”; se trata de reconocer que, sin inversión, sin confianza y sin reglas claras, no hay empleo formal ni la movilidad social que tanto reclama el pueblo colombiano.
Si, con argumentos sólidos, usted prefiere el camino del decrecimiento y sus consecuencias, está en todo su derecho de hacerlo. Pero si cree en un país que puede crecer, generar riqueza y ampliar derechos a partir de un Estado eficiente, de la seguridad jurídica y del respaldo a quienes emprenden y trabajan, entonces vale la pena considerar con serenidad la propuesta de un gobierno pragmático y enfocado en el desarrollo humano.
Mi única expectativa es que, cualquiera que sea su elección, no decepcione a la razón. Que su voto no sea un grito de rabia, sino una decisión informada sobre el tipo de país que quiere ayudar a construir.